La onda expansiva del escándalo en la justicia de San Isidro, donde el suspendido fiscal general Julio Novo está acusado del presunto encubrimiento del narcotráfico transnacional que estuvo detrás del asesinato de dos colombianos en el shopping Unicenter, golpeó a la jefa de todos los fiscales bonaerenses.

Un testigo declaró que la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo archivó todas las denuncias presentadas contra Novo. Según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, el testigo, un funcionario judicial que declaró la semana pasada ante el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que la procuradora bonaerense habría protegido a Novo, al no dar curso a las denuncias que los subordinados del fiscal general de San Isidro presentaron en su contra. En otras palabras, al “cajonearlas”.

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Esas denuncias por supuestas arbitrariedades y maltratos a los que los habría sometido fueron presentadas en 2009 por 13 fiscales que trabajaban bajo el mando del máximo representante del Ministerio Público de San Isidro. A esa situación se refirió, como antecedente de las trabas que supuestamente le puso su jefe a la hora de investigar el doble crimen de Unicenter, el fiscal Luis Angelini, que lo denunció por “encubrimiento agravado, narcotráfico, corrupción estructural y gravedad institucional”.

Novo y cuatro de sus colaboradores están siendo investigados por el presunto encubrimiento de una red de narcotráfico internacional eventualmente vinculada con el doble homicidio de dos ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter, ocurrido en 2008, y con el tráfico de una tonelada de cocaína a España por el que fueron detenidos en Barcelona los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, en el denominado “escándalo del narcojet”.

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En su declaración ante el fiscal federal de San Isidro, el testigo -su nombre fue preservado por cuestiones de seguridad- afirmó que nunca recibió orden alguna de la procuradora Falbo sobre cómo debía proceder en la investigación de los asesinatos de los dos ciudadanos colombianos.

La denuncia que provocó la suspensión de Novo fue presentada por Angelini, quien tuvo a su cargo la investigación por los asesinatos de los ciudadanos colombianos Jorge Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, ocurridos en Martínez en junio de 2008, y el de otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, quien fue ejecutado ocho meses después frente a un negocio de venta de jet ski de San Fernando. El primer caso pasó a ser investigado por la jueza federal Arroyo Salgado, la misma que tiene a su cargo el caso contra Novo.

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En su acusación contra su jefe, Angelini consideró que los tres homicidios habían sido pergeñados por los integrantes de un cartel de narcotraficantes que operaba en Colombia y que estaría vinculado con los Juliá. En su presentación, Angelini sostuvo que no había podido avanzar en la investigación debido a las trabas que le puso Novo.

En su defensa, el fiscal general argumentó que, en realidad, si había elementos para sospechar de la mano del narcotráfico internacional detrás del doble crimen, el caso debía investigarlo la justicia federal de San Isidro y no Angelini.

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Novo fue licenciado en noviembre pasado por 120 días. La decisión de decretar la licencia forzosa de Novo, de sus adjuntos y de dos secretarias letradas fue decretada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Además del expediente que se instruye en la justicia federal de San Isidro, el fiscal general afronta un sumario que instruye el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.

Esta investigación había sido solicitada por el diputado provincial Marcelo Saín, ex interventor en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por el eventual entorpecimiento de la investigación de los asesinatos en el shopping.

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Durante al menos tres años ninguna de las denuncias presentadas contra Novo ante la Procuración General y ante la Suprema Corte bonaerense había prosperado. En los últimos días, un testigo explicó ante el fiscal federal de San Isidro cómo la jefa de todos los fiscales de provincia no daba curso a las denuncias contra el fiscal cuestionado.

La Nación