Política

La «truchada» de Falbo para falsear estadísticas sobre homicidios

María-del-Carmen-FalvoUn nuevo sistema informático genera muchas sospechas ya que serviría para dibujar estadísticas. Otro escándalo que salpica a Falbo.

Si te pusiste contento hace unos días cuando se anunció que los homicidios en ocasión de robo habían disminuido en un 40 por ciento en seis meses, tras el decreto por la emergencia en inseguridad, es tiempo de la desilusión. Todo habría sido un artilugio de medición de los datos, al mejor estilo del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec).

Hay una herramienta informática incorporada hace poco a los órganos de la justicia bonaerense que agiliza trámites pero también «ayuda» a la estadística. La clave estaría en una sigla, el SIMP, Sistema Informático del Ministerio Público, una herramienta para registrar la gestión de los diferentes órganos que están a cargo de la polémica procuradora de la Provincia, María del Carmen Falbo.

Según una investigación del portal Infobae, las sospechas radican en que el SIMP permitiría elaborar estadísticas con mucha mayor facilidad, al concentrar la información. Siempre que los datos estén bien cargados, claro.

Al respecto, el fiscal platense Marcelo Romero describió: «la mayor parte de las causas penales tienen origen en sede policial, por denuncia o de oficio; el oficial designado confecciona las actuaciones prevencionales, es decir, el acta de denuncia, la de procedimiento, la declaración del detenido, y hace una primera ‘calificación’ del delito a investigar».

Pero las cosas no siempre son claras de entrada. Una persona aparece ahorcada. Hasta que se esclarezca, se apela a la fórmula; «averiguación de causales de muerte»,  hasta luego saber si se trató de homicidio doloso, culposo, preterintencional o suicidio.

Lo que pasa es que la estadística surge con la calificación inicial de la causa judicial. «La causa penal continúa registrada en el SIMP como un determinado delito mientras que en el expediente físico se puede estar investigando otro», agregó Romero.

Hay expedientes que incluso están «caratulados» como «denuncia», y «no está de más aclarar que la denuncia no es un delito, sino una de las formas bajo la cual puede iniciarse una investigación penal», dijo el fiscal.

En ese sentido, una escena que cada vez más recurrente, que relatan actores del poder judicial, es la siguiente: “un fiscal llega a la escena de un crimen. El muerto yace boca abajo, con tres heridas de bala en la espalda. El arma ha desaparecido. El comisario, que ya se encontraba en el lugar del hecho, y debe llenar una planilla, le pregunta: «¿Averiguación de causales de muerte, Doctor?»

Con tono de fastidio, el fiscal lo corrige: «Homicidio». Situaciones como esta se repetirían con gran frecuencia en distintos lugares de la provincia. Y si no hay un fiscal presente en el lugar, lo que con toda claridad es un asesinato puede ingresar al sistema con una calificación ambigua.

Otra variable para zanjar este tipo de «lagunas» es calificar como «averiguación de ilícito» o «posible comisión de delito de acción pública», explica Romero. O la ya mencionada «averiguación causales de muerte» que no es ni más ni menos que uno de los objetivos que persigue la investigación ante un deceso violento: homicidio doloso, culposo, preterintencional; o suicidio. Ninguna de estas variables es, por sí misma, un delito. Pero éste puede surgir de la investigación posterior. El detalle es que, para la estadística, el sistema conservará la calificación inicial, aunque ésta se modifique en la realidad.

Es por todo esto que los «números oficiales de la inseguridad» no conforman una estadística seria. «Esto explica también que la gran bandera del Gobierno sea que bajaron los homicidios. No pueden decir lo mismo de los robos porque éstos no tienen un eufemismo equivalente al de ´averiguación causales de muerte´», señaló Romero.

Se hace evidente que para hacer estos dibujos juega un rol clave la Procuradora Falbo, que desde hace años está en la mira por sus permanentes favores al poder político. De hecho, en la última década, no se recuerda que algún funcionario o ex funcionario de primera o segunda haya sido condenado por un caso de corrupción.

Infobae – Hoy

 

 

 

Los comentarios están cerrados.