Hay un menú de infracciones con multas establecidas, que muy bien podría aplicarse a las diversas modalidades de ocupación del espacio público en las que incurre CIAGESER, sobre sendas peatonales, dársenas de estacionamiento, obstaculizando el ingreso a los garajes y sobretodo la ocupación en el ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos.
Por ejemplo dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF ($14.505 a $29.010) es un valor módico para ese tipo de contravenciones, salvo que a criterio de las autoridades esa empresa contratista de la MGP, no observe que los contenedores vuelven más caótico el tránsito, no merezcan sanción alguna, por no estar contemplado el rubro de su prestación.
Pero no sólo la comprende la impunidad sino que se le asignan beneficios para ir directamente sobre el patrimonio público. Se la alienta, se la protege, se la encubre y se la direcciona a ser adjudicataria de un multimillonario servicio, para operar en el predio de disposición final de residuos.
Según consigna la información oficial las ofertas pertenecen a las firmas Mar del Plata Transervice, Pasalto Materiales y Transporte 9 de Julio, mientras que también lo hizo una unión transitoria de empresas, Polo Ambiental.
Las ofertas abiertas corresponden al sobre 1 que contiene la propuesta técnica, para afrontar las inversiones requeridas y la ejecución del servicio en cuestión, como así también la “capacidad jurídica, económica- financiera”, las que ahora serán evaluadas por el Emsur, que tiene a su cargo el proceso licitatorio.
A partir de ahora es un trámite de rutina proceder a la adjudicación, apartada de la rigurosidad que se requiere en estos casos.
CIAGESER es una empresa subsidiaria de Transporte 9 de Julio, que tienen a su cargo la recolección pública de residuos. Ambas se encuentran operando con contratos precarios, que se afianzarán luego de la licitación pública que espera la precalificación de las empresas, para proceder a la apertura del sobre nº 2 con la oferta económica.
El criterio de ampliar el número de oferentes no se materializó, ya que todo induce a pensar que el valor superará largamente el presupuesto oficial, como indica el proceso inflacionario. Ya que se duda de la competencia real, es decir de la puja económica que mejore el precio como se estipula en la administración pública.
Es un secreto a voces que el direccionamiento proviene en muchos casos, como ha sido denunciado, a partir de la intervención de la misma oferente, con lo cual se completa un círculo que cierra una oferta de carácter cartelizado, de lo cual se habrá de tomar cuenta con la apertura del sobre nº 2. A la hora del análisis de precios será como comparar quinotos con mandarinas, eso ocurre siempre cuando hay ofertas que acompañan.
Las dimensiones del predio de disposición final y el volumen del volcado en el mismo, no merecen un comparativo serio con Pasalto y Transervice con el tratamiento de los residuos y que de ninguna manera presentarán ofertas más bajas que Transporte 9 de Julio perteneciente al mismo grupo que ESUR y CIAGESER, para que surja la oferta “más económica” y conveniente para el erario público.
Esta verdadera cabriola administrativa, puede afectar sensiblemente la precariedad de la economía pública municipal, que se desenvuelve en un marco actual de precios que desequilibra financieramente el presupuesto en ejercicio y que debe ser remitido en comparativa al presupuesto oficial.
Las objeciones que han merecido este caso mereció el doble voto de la presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero, para aprobar el pliego de la licitación pública en la sesión plenaria de concejales, un fallo judicial adverso, revertido luego en la apelación al contencioso administrativo, donde el tribunal fue convenientemente asesorado desde la política oficial.
NOTAS VINCULADAS
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Hay un menú de infracciones con multas establecidas, que muy bien podría aplicarse a las diversas modalidades de ocupación del espacio público en las que incurre CIAGESER, sobre sendas peatonales, dársenas de estacionamiento, obstaculizando el ingreso a los garajes y sobretodo la ocupación en el ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos.
Por ejemplo dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF ($14.505 a $29.010) es un valor módico para ese tipo de contravenciones, salvo que a criterio de las autoridades esa empresa contratista de la MGP, no observe que los contenedores vuelven más caótico el tránsito, no merezcan sanción alguna, por no estar contemplado el rubro de su prestación.
Pero no sólo la comprende la impunidad sino que se le asignan beneficios para ir directamente sobre el patrimonio público. Se la alienta, se la protege, se la encubre y se la direcciona a ser adjudicataria de un multimillonario servicio, para operar en el predio de disposición final de residuos.
Según consigna la información oficial las ofertas pertenecen a las firmas Mar del Plata Transervice, Pasalto Materiales y Transporte 9 de Julio, mientras que también lo hizo una unión transitoria de empresas, Polo Ambiental.
Las ofertas abiertas corresponden al sobre 1 que contiene la propuesta técnica, para afrontar las inversiones requeridas y la ejecución del servicio en cuestión, como así también la “capacidad jurídica, económica- financiera”, las que ahora serán evaluadas por el Emsur, que tiene a su cargo el proceso licitatorio.
A partir de ahora es un trámite de rutina proceder a la adjudicación, apartada de la rigurosidad que se requiere en estos casos.
CIAGESER es una empresa subsidiaria de Transporte 9 de Julio, que tienen a su cargo la recolección pública de residuos. Ambas se encuentran operando con contratos precarios, que se afianzarán luego de la licitación pública que espera la precalificación de las empresas, para proceder a la apertura del sobre nº 2 con la oferta económica.
El criterio de ampliar el número de oferentes no se materializó, ya que todo induce a pensar que el valor superará largamente el presupuesto oficial, como indica el proceso inflacionario. Ya que se duda de la competencia real, es decir de la puja económica que mejore el precio como se estipula en la administración pública.
Es un secreto a voces que el direccionamiento proviene en muchos casos, como ha sido denunciado, a partir de la intervención de la misma oferente, con lo cual se completa un círculo que cierra una oferta de carácter cartelizado, de lo cual se habrá de tomar cuenta con la apertura del sobre nº 2. A la hora del análisis de precios será como comparar quinotos con mandarinas, eso ocurre siempre cuando hay ofertas que acompañan.
Las dimensiones del predio de disposición final y el volumen del volcado en el mismo, no merecen un comparativo serio con Pasalto y Transervice con el tratamiento de los residuos y que de ninguna manera presentarán ofertas más bajas que Transporte 9 de Julio perteneciente al mismo grupo que ESUR y CIAGESER, para que surja la oferta “más económica” y conveniente para el erario público.
Esta verdadera cabriola administrativa, puede afectar sensiblemente la precariedad de la economía pública municipal, que se desenvuelve en un marco actual de precios que desequilibra financieramente el presupuesto en ejercicio y que debe ser remitido en comparativa al presupuesto oficial.
Las objeciones que han merecido este caso mereció el doble voto de la presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero, para aprobar el pliego de la licitación pública en la sesión plenaria de concejales, un fallo judicial adverso, revertido luego en la apelación al contencioso administrativo, donde el tribunal fue convenientemente asesorado desde la política oficial.
Hay un menú de infracciones con multas establecidas, que muy bien podría aplicarse a las diversas modalidades de ocupación del espacio público en las que incurre CIAGESER, sobre sendas peatonales, dársenas de estacionamiento, obstaculizando el ingreso a los garajes y sobretodo la ocupación en el ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos.
Por ejemplo dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF ($14.505 a $29.010) es un valor módico para ese tipo de contravenciones, salvo que a criterio de las autoridades esa empresa contratista de la MGP, no observe que los contenedores vuelven más caótico el tránsito, no merezcan sanción alguna, por no estar contemplado el rubro de su prestación.
Pero no sólo la comprende la impunidad sino que se le asignan beneficios para ir directamente sobre el patrimonio público. Se la alienta, se la protege, se la encubre y se la direcciona a ser adjudicataria de un multimillonario servicio, para operar en el predio de disposición final de residuos.
Según consigna la información oficial las ofertas pertenecen a las firmas Mar del Plata Transervice, Pasalto Materiales y Transporte 9 de Julio, mientras que también lo hizo una unión transitoria de empresas, Polo Ambiental.
Las ofertas abiertas corresponden al sobre 1 que contiene la propuesta técnica, para afrontar las inversiones requeridas y la ejecución del servicio en cuestión, como así también la “capacidad jurídica, económica- financiera”, las que ahora serán evaluadas por el Emsur, que tiene a su cargo el proceso licitatorio.
A partir de ahora es un trámite de rutina proceder a la adjudicación, apartada de la rigurosidad que se requiere en estos casos.
CIAGESER es una empresa subsidiaria de Transporte 9 de Julio, que tienen a su cargo la recolección pública de residuos. Ambas se encuentran operando con contratos precarios, que se afianzarán luego de la licitación pública que espera la precalificación de las empresas, para proceder a la apertura del sobre nº 2 con la oferta económica.
El criterio de ampliar el número de oferentes no se materializó, ya que todo induce a pensar que el valor superará largamente el presupuesto oficial, como indica el proceso inflacionario. Ya que se duda de la competencia real, es decir de la puja económica que mejore el precio como se estipula en la administración pública.
Es un secreto a voces que el direccionamiento proviene en muchos casos, como ha sido denunciado, a partir de la intervención de la misma oferente, con lo cual se completa un círculo que cierra una oferta de carácter cartelizado, de lo cual se habrá de tomar cuenta con la apertura del sobre nº 2. A la hora del análisis de precios será como comparar quinotos con mandarinas, eso ocurre siempre cuando hay ofertas que acompañan.
Las dimensiones del predio de disposición final y el volumen del volcado en el mismo, no merecen un comparativo serio con Pasalto y Transervice con el tratamiento de los residuos y que de ninguna manera presentarán ofertas más bajas que Transporte 9 de Julio perteneciente al mismo grupo que ESUR y CIAGESER, para que surja la oferta “más económica” y conveniente para el erario público.
Esta verdadera cabriola administrativa, puede afectar sensiblemente la precariedad de la economía pública municipal, que se desenvuelve en un marco actual de precios que desequilibra financieramente el presupuesto en ejercicio y que debe ser remitido en comparativa al presupuesto oficial.
Las objeciones que han merecido este caso mereció el doble voto de la presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero, para aprobar el pliego de la licitación pública en la sesión plenaria de concejales, un fallo judicial adverso, revertido luego en la apelación al contencioso administrativo, donde el tribunal fue convenientemente asesorado desde la política oficial.
Hay un menú de infracciones con multas establecidas, que muy bien podría aplicarse a las diversas modalidades de ocupación del espacio público en las que incurre CIAGESER, sobre sendas peatonales, dársenas de estacionamiento, obstaculizando el ingreso a los garajes y sobretodo la ocupación en el ascenso y descenso de pasajeros en las paradas de colectivos.
Por ejemplo dejar el auto mal estacionado: de 50 a 100 UF ($14.505 a $29.010) es un valor módico para ese tipo de contravenciones, salvo que a criterio de las autoridades esa empresa contratista de la MGP, no observe que los contenedores vuelven más caótico el tránsito, no merezcan sanción alguna, por no estar contemplado el rubro de su prestación.
Pero no sólo la comprende la impunidad sino que se le asignan beneficios para ir directamente sobre el patrimonio público. Se la alienta, se la protege, se la encubre y se la direcciona a ser adjudicataria de un multimillonario servicio, para operar en el predio de disposición final de residuos.
Según consigna la información oficial las ofertas pertenecen a las firmas Mar del Plata Transervice, Pasalto Materiales y Transporte 9 de Julio, mientras que también lo hizo una unión transitoria de empresas, Polo Ambiental.
Las ofertas abiertas corresponden al sobre 1 que contiene la propuesta técnica, para afrontar las inversiones requeridas y la ejecución del servicio en cuestión, como así también la “capacidad jurídica, económica- financiera”, las que ahora serán evaluadas por el Emsur, que tiene a su cargo el proceso licitatorio.
A partir de ahora es un trámite de rutina proceder a la adjudicación, apartada de la rigurosidad que se requiere en estos casos.
CIAGESER es una empresa subsidiaria de Transporte 9 de Julio, que tienen a su cargo la recolección pública de residuos. Ambas se encuentran operando con contratos precarios, que se afianzarán luego de la licitación pública que espera la precalificación de las empresas, para proceder a la apertura del sobre nº 2 con la oferta económica.
El criterio de ampliar el número de oferentes no se materializó, ya que todo induce a pensar que el valor superará largamente el presupuesto oficial, como indica el proceso inflacionario. Ya que se duda de la competencia real, es decir de la puja económica que mejore el precio como se estipula en la administración pública.
Es un secreto a voces que el direccionamiento proviene en muchos casos, como ha sido denunciado, a partir de la intervención de la misma oferente, con lo cual se completa un círculo que cierra una oferta de carácter cartelizado, de lo cual se habrá de tomar cuenta con la apertura del sobre nº 2. A la hora del análisis de precios será como comparar quinotos con mandarinas, eso ocurre siempre cuando hay ofertas que acompañan.
Las dimensiones del predio de disposición final y el volumen del volcado en el mismo, no merecen un comparativo serio con Pasalto y Transervice con el tratamiento de los residuos y que de ninguna manera presentarán ofertas más bajas que Transporte 9 de Julio perteneciente al mismo grupo que ESUR y CIAGESER, para que surja la oferta “más económica” y conveniente para el erario público.
Esta verdadera cabriola administrativa, puede afectar sensiblemente la precariedad de la economía pública municipal, que se desenvuelve en un marco actual de precios que desequilibra financieramente el presupuesto en ejercicio y que debe ser remitido en comparativa al presupuesto oficial.
Las objeciones que han merecido este caso mereció el doble voto de la presidente del HCD, Marina Sánchez Herrero, para aprobar el pliego de la licitación pública en la sesión plenaria de concejales, un fallo judicial adverso, revertido luego en la apelación al contencioso administrativo, donde el tribunal fue convenientemente asesorado desde la política oficial.
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