Hoy es el día anunciado para la puesta en marcha de un sistema de fotomultas, cuya instrumentación está en un banco de pruebas. Desde el intento de estacionamiento medido del gobierno de Mario Roberto Russak (1991/95) no se encuentra otro antecedente de semejante prepotencia del estado municipal. Son afectados los habitantes de la ciudad, que además recibe como turistas aproximadamente al triple de su población en calidad de turistas, o sea en tránsito, a largo del año.
Otros gobiernos de municipios PRO en la provincia de Buenos Aires, fallaron en el intento por la complejidad técnica y legal compatible con una multimillonaria contratación, que tiene varias patas que se insertan caprichosamente sostenidas por un convenio, que ha obviado al Concejo Deliberante como órgano legislativo y compromete a General Pueyrredon con un convenio cuya duración excede 5 veces la duración del mandato de cualquier intendente. Es un sistema reglado de cuánto peor, mejor, una norma que no es inflexible ni prudente ni aconsejable.
Las multas a aplicarse a los infractores están en el orden de los $ 180.000.- indexadas al valor del litro de nafta vigente en el momento de la aplicación. El ámbito que se dispone es una ciudad colapsada con un parque de 600.000 autos, desbordada de motos y bicicletas, con sus calles en precario estado de circulación, sin demarcación vertical ni horizontal.
Con decks instalados que vuelven una tortura desplazarse en automóvil por la ciudad, que ya carece de las necesarias dársenas de estacionamiento, que han disminuido además por la construcción de un ciclovía de 6 cuadras que la utilizan escasas personas por día, pero que vulnera el derecho de frentistas y vecinos.
Además se ha desviado el recorrido de líneas del transporte urbano de pasajeros, de calles de una sola mano a avenidas de doble mano, afectando lógicamente la agilidad del tránsito sino también del estacionamiento.
Se puede observar, como nunca se ha dado en la ciudad, como reina el estacionamiento no sólo de la doble sino de la triple fila de automóviles, en el medio de lo cual deben producirse las operaciones de carga y descarga. No están señalizadas además las paradas de los micros de pasajeros y los mismos desconocen lugares de ascenso y descenso.
La onda verde de los semáforos es parcialmente efectiva, debido precisamente a los desórdenes que en general inducen a los propios conductores a cometer faltas o infracciones que serán penalizadas por el sistema de fotomultas que rige a partir de hoy por decisión exclusiva del intendente Guillermo Montenegro. Es notorio que aumentó significativamente el número de choques por alcance.
Según se conoce hay vacantes en los juzgados de faltas de 3 o 4 miembros, algunos de los cuales deberán atender esta problemática que ha nacido fruto del desencuentro político del HCD, que no ha participado institucionalmente en la decisión final, lo cual nos introduce en un sistema que se torna peligroso para el funcionamiento de las ciudades que deben regirse en función de los organismos de control y de acuerdos dispuestos por leyes nacionales, provinciales, y obviamente por ordenanzas.
No escapa a especialistas en la materia, que muchos contraventores serán pasibles de multas por infracciones a luces rojas que no se visibilizan, senadas peatonales no demarcadas con sus líneas de frenado que son imposibles de divisar, como también una adecuada demarcación vertical cuya cartelería es casi inexistente para un servicios de esta magnitud, aumentado la cosecha de infractores por ausencia de indicadores precisos. Por ejemplo las paradas de taxis, son el colmo de la desatención.
Volviendo al tema del costo estipulado en $ 180.000.- indexado al precio de la nafta, se presume según la situación social de la ciudad en particular y el país en general, que estamos hablando del dólar Mar del Plata, que estribará en las 1.000 unidades de la moneda norteamericana, para fijarnos un rango internacional y captar la dimensión que adquiere el servicio adoptado por convenio y contratado directamente. Sólo un porcentaje del 25 % para el municipio y el 75 % para los demás integrantes de la sociedad que integran además un prestador privado y la Universidad Nacional de San Martín.
Llevado a la práctica desde hoy, comenzará una peregrinación de infractores de todo tipo, que pasarán a formar parte de una contribución para nada despreciable, que se va a evadir de la ciudad, lo cual no es un tema menor, cuando hablamos permanentemente de los vecinos y de los laburantes marplatenses, que ya pagan todas sus tasas de servicios que ya no se prestan desde un municipio, que está demasiado tiempo cerrado por feriados y “días de” que los marplatenses pagan igual.
En un régimen a medida de un pacto que generan el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Departamento Ejecutivo.
Yendo a otra de la cuestiones de este controvertida implementación, que ha merecido dictámenes adversos hasta del Tribunal de Cuentas de la Provincia, debe abordarse que no demasiados eventuales infractores cuentan con $ 180.000.- para pagar la multa so pena de que su automóvil sea incautado y depositado en alguna playa de secuestro municipal.
Si no se paga la multa que se aplica, el rodado permanece en esos predios, de los cuales se incendiaron tres en 45 días, causando explosiones que afectaron a viviendas linderas en distintos barrios.
Se cree por información fidedigna obtenida, que los incendios fueron intencionales para reducir elementos y materiales que tienen valor en el marcado del automotor. Es decir quien tenga que dejar su auto en una playa de secuestro, tendrá pocas probabilidades de recuperarlo en el mismo estado de conservación, será parcial o totalmente destruido.
También los incendios son provocados para borrar o hacer desaparecer pruebas de la comisión de ilícitos, que consiste en la obtención de repuestos para su venta. Ergo, las playas de secuestros no tienen vigilancia y son de responsabilidad municipal, aunque no se pueda pagar la sanción económica de $ 180.000.- Todo hace suponer que las playas de secuestros estarán superpobladas.
La municipalidad no ha dotado al casco céntrico y semi céntrico de un adecuado sistema de servicio público de transporte de pasajeros, con el combo que implican colectivos, taxis, remises y eventuales aplicaciones de servicios que se prestan por el estilo. Todos están en situaciones precarias y difusas.
Si se estima un parque automotor de 600.000 autos, implica que aproximadamente habrá 400.000 familias que estarán comprendidas en el sistema de fotomultas. No obsta en esta somera descripción que la seguridad en el tránsito debe ser privilegiada en todos los sentidos, pero no sólo hay que tener razón sino además saber usarla. Y no sería por ahí, como viene acostumbrando la administración de Guillermo Tristán Montenegro, sino todo lo contrario.
Debe haber una contextualización de los objetivos políticos y de gobierno, y si todo está bajo sospecha arranca luego del primer partido de Qatar 2023, pero no fueron tampoco las mejores noticias, Arabia Saudita propinó una tristeza colectiva a todos los argentinos. Precesisamente el aire triunfalista que se impregnó puede obedecer a un engaño encabezado por Chiqui Tapia un ladero que encontró Montenegro para reparar la techada del Estadio Mundialista. Todas las piezas encajan y son errores no forzados, sino propios de la incompetencia.
Jorge Elías Gómez
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