Los sueldos de los tres defensores, el letrado y ex edil radical Fernando Rizzi, el ex presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento, Luis Salomón, y el sindicalista Daniel Barragán, más los siete empleados de planta permanente con que cuentan, representan el 81 % del presupuesto asignado para el funcionamiento de la “Defensoría del Pueblo” durante el 2019. En otras palabras – igualmente onerosas – de un monto total presupuestado de $14.677.592, que implica un aumento del 43 % respecto a la partida del 2018, se van en sueldos nada más y nada menos que $11.962.242.
“En el Derecho comparado no hay antecedentes de una Defensoría del Pueblo colegiada. El defensor del Pueblo debe ser un ciudadano o ciudadana que podrá contar con colaboradores (adjuntos o secretarios) que disponga la legislación. No tiene sentido un órgano colegiado toda vez que la defensa y protección de los derechos de la sociedad no puede depender del acuerdo de un órgano sino de la decisión ejecutiva y rápida de quien esté a cargo”, planteó el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Maximiliano Abad después de la escandalosa elección del representante de las ONGs, que incluyó la intervención judicial, trascendiendo los confines del Partido de General Pueyrredón.
El mismo legislador reconoció que “el sistema actual de elección de los Defensores del Pueblo nada tiene que ver con la representación que debe ejercer ese funcionario. Debemos caminar hacia una Institución que represente al pueblo y no sectorialmente a algunos estamentos”. Y en la misma línea, el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, coincidió que se trata de una institución que, aun antes de convertirse en un órgano colegiado, ya arrastraba un mecanismo de elección “de tipo corporativo, que no va de la mano con los principios democráticos y republicanos”
La Ordenanza original que fue presentada en el Concejo Deliberante en el 85’, estuvo 6 años sin poder generar los consensos necesarios para ser aprobada, y una vez sancionada transcurrieron 11 años sin que se pudiera poner en funcionamiento al Defensor. Pero el “tribuno del pueblo” se diluyó desde el mismo momento en que se puso en marcha, a través del sistema de elección representativo de un grupúsculo de electores, provenientes de las corporaciones profesionales, vecinales y paraestatales.
Ante la falta de consenso entre los concejales para dirimir cuál de los tres funcionarios electos sería el Defensor, relegando a los restantes a la condición de Adjuntos, y después de varios intentos fallidos, en la sexta sesión especial del 1 de octubre de 2013, Acción Marplatense, a la sazón partido gobernante, con el voto del Frente para la Victoria y el concejal Hernán Alcolea, finalmente transformó la “Defensoría del Pueblo” en un órgano colegiado. La primera troika quedó conformada por Rizzi en representación de las corporaciones profesionales, el vecinalista de la zona sur Walter Rodríguez, y el ex secretario general de la Asociación Bancaria, Fernando Cuesta. Este último electo como representante de las ONGs.
Las bancadas de la UCR y Agrupación Atlántica adoptaron una postura abstencionista en la votación, en tanto que el por entonces concejal Carlos Fernando Arroyo, arguyó su postura contraria a la mutación de la Defensoría, expresando que “necesitamos un Defensor del Pueblo, no necesitamos tres. Si autorizamos tres lo único que vamos a generar es pasar de un sistema unipersonal a un sistema colegiado; no quiero hacer historia pero si hasta la historia argentina nos demuestra que los Triunviratos fueron un fracaso, por algo se tuvo que recurrir en 1814 al Director Supremo. Es decir, cuando las papas queman, las decisiones es mejor que estén en manos de uno y no de triunviratos, donde siempre dos se van a poner en contra de uno y entonces nada se va a resolver. Por otro lado también, estaríamos cambiando la Ordenanza original. Está bien, como todos los interesados se beneficiarían y nadie podría alegar derechos adquiridos porque no habría perjuicio, no habría críticas, pero realmente estaríamos consagrando una situación demencial porque al otro día cada Defensor del Pueblo haría su política, haría su juego y esto sería un caos. Si ya con un solo Defensor del Pueblo y dos adjuntos, existieron una enorme cantidad de dificultades (algunas de las cuales yo presencié), se imaginan con tres lo que puede llegar a ser”.
Asimismo el actual intendente ya en aquel debate también sostenía sin ambages que “para Agrupación Atlántica la Ordenanza del Defensor del Pueblo tal cual está vigente es un elemento jurídico propio de la Edad Media, fascista por donde se lo mire, porque en vez de consultarle al pueblo consulta a grupos de poder -a lobbies dicho de otra forma- y lleva a un resultado que desde el punto de vista democrático, para mí por lo menos, es bastante dudoso”.
Cuatro años después, la renovación de los componentes del órgano colegiado sin precedentes – heredado del último gobierno de Gustavo Pulti – se instaló en los medios nacionales como un papelón, que se judicializó cuando Leonardo Dorsch, Juan Aiello, Alejandro Fuscaldo, Claudio Jaime y Ricardo Saracino, quienes se habían postulado por las ONGs, denunciaron que el padrón de entidades con la posibilidad a votar fue recortado por el Concejo Deliberante, para favorecer a quien fue secretario general de la CTA durante 12 años.
Por su parte, el defensor saliente Walter Rodríguez, tras haber fracasado en su intento de revalidar la representación del fomentismo, acusó a concejales del FpV y de Acción Marplatense de haber operado en su contra, coronando con otro escandálate el carácter irrepresentativo de una institución atravesada por los intereses en juego que laten en una soterrada lucha política.
Informe: Roberto Latino Rodríguez
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