Finalmente la Comisión de Legislación aprobó en su habitual reunión semanal de los lunes el dictamen de la Comisión Especial Investigadora que recomienda la remoción de la edil Vilma Baragiola de la Presidencia del HCD, con la abstención de Agrupación Atlántica y el voto negativo de la UCR, y habiéndose incorporado al expediente el acta de la reunión de Presidentes de Bloque donde se había acordado la aprobación del dictamen prescindiendo de los tecnicismos que esgrimió Acción Marplatense para darle largas al asunto la semana pasada, los pultistas, cuya designo inconfeso es “matarla lentamente”, no tuvieron más remedio que acompañar al Frente Renovador y al Frente para la Victoria, que urgían el dictamen así como la convocatoria a la sesión especial, que podría realizarse este viernes 26 o el martes 30.
“Nuestra intención es no dilatar más la sesión especial y por eso estamos evaluando estas dos fechas, más aun desde el momento en que la Comisión Especial se expidió, planteamos la necesidad de convocarla a la brevedad pero la dilación de este tema es una maniobra política del Intendente Pulti que ya nos tiene cansados. Es menester resolver la crisis institucional para volver a trabajar con normalidad en las comisiones internas, pues en algunas de ellas, como la Comisión de Promoción y Desarrollo que debe tratar un tema tan conflictivo como el proyecto RePUPA, todavía falta la designación formal de los presidentes”, nos manifestó el Presidente del Bloque Frente Renovador, Cristian Azcona, al concluir la reunión de Legislación.
Asimismo el edil añadió que “nosotros tomamos en su momento la determinación de integrar esta Comisión Investigadora; fue un proceso de muchísimo trabajo, que abordamos con seriedad y respeto, llegando a un dictamen final a pesar de los agravios y descalificaciones que hemos sufrido. Por lo tanto, no puede seguir dilatándose en el tiempo y lo que está haciendo el Intendente, a través del bloque de Acción Marplatense, es dilatarlo en el tiempo, por lo cual nosotros vamos a trabajar, fuertemente, para que no pase del mes de septiembre, ya que urge regularizar ni más ni menos que la vida institucional el Concejo Deliberante. Entonces es un tema que tiene que tener un corte final y ese corte final pretendemos que sea el viernes 26 o el martes 30”.
Otro cuestión enrevesada que tuvo tratamiento en la Comisión de Legislación es el expediente 2014-E-1923 por el cual el Ejecutivo requiere al HCD la aprobación como precio mensual rederteminado del contrato del Servicio de Higiene Urbana que presta la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. , a partir del 1º de julio de 2014, la suma de $ 24.696.959,46, sin que conste “la renuncia explicita de la dicha empresa a formular reclamos – que se encuentra en estado de convocatoria de acreedores – y sin haber solicitado a la Convocatoria de acreedores y todos los intervinientes judicialmente en la misma que homologuen esta renuncia implícita que ha hecho la empresa”, según observo el edil de Agrupación Atlántica José Reynaldo Cano, mocionando que el expediente continuase en comisión hasta que se cumplimentasen estas formalidades .
Estériles serían los intentos de argüir subterfugios por parte del presidente de la Comisión, el oficialista Ariel Ciano para que pasase a la Comisión de Hacienda, presidida por otro oficialista, Héctor Rosso, con la promesa que se resolvería en la misma.
“Esto tiene giro a Legislación y Hacienda, y yo en general voto a favor de las redeterminaciones pero quiero hacer dos o tres observaciones, la primera y más importante es que el propio contador y el propio Procurador hablan claramente que no consta, en el expediente, el cumplimiento de la renuncia por parte de la empresa a cualquier reclamo para atrás de la última redeterminación y , además, la empresa está en convocatoria de acreedores con lo cual esa presentación es muy importante”, sostuvo el concejal Cano.
Fundamentando, asimismo, que “a fojas 266 del expediente hay una presentación de Andrea Valeria Moya, que es abogada y supongo debe ser la Sindico o algún miembro de la Justicia, que le solicita al Juez ordene correr traslado del acuerdo de la solicitud de homologación a todas las partes presentes en el proceso judicial. Quiere decir que, desde diciembre del año pasado, se le ha estado pagando a la empresa esa redeterminación y esa deuda de 43 millones de pesos, que creo se terminó de pagar en el mes de marzo o a fines dicho mes, sin haber tenido esta presentación que no es una nota que debe presentar la empresa como una voluntad unilateral diciendo “no vamos a reclamar nada”, sino que tienen que concurrir todos los que participan en el proceso de convocatoria de acreedores que pueden decir “ ustedes hicieron este arreglo, pero nosotros necesitamos cobrar lo que nos deben y no estamos dispuestos a homologarlo”, con lo cual esta nota no cumple con lo que dice el artículo 3º de la última redeterminación, ni lo que dice el artículo 7º del acuerdo de la redeterminación.
“Esto lo observan tanto el Contador como el Procurador municipal, quien a fojas 267, esto es el 11 de septiembre, dice: “Atento a lo solicitado en mi anterior intervención (fojas 264) si bien corresponderá estar a la espera de la respectiva solución, entiendo que se puede proseguir el trámite”. Se refiere al trámite administrativo, pero ahora el trámite administrativo está concluido, y nosotros no tenemos esa homologación de lo acordado por la empresa en un acta, y que es una obligación que la Municipalidad debe cumplir, según la ordenanza que autorizó la redeterminacion. Quiere decir que tanto los dos funcionarios de ley, el Contador como el Procurador, dicen claramente que no está acreditada esa homologación.
Por otra parte, señaló que “el Contador dice, en cuanto a la situación presupuestaria, que la partida de gastos aprobada para el presupuesto de gastos para el presente ejercicio financiero cuenta con crédito suficiente para financiar la mayor erogación del ejercicio en curso. Y esto es absolutamente mentira porque lo ejecutado por la recolección de residuos, al 21 de agosto, son 121 millones de pesos. La partida tiene una autorización de crédito original de 242 millones de pesos, quiere decir que quedan 51 millones de pesos, falta pagar septiembre, octubre , noviembre y diciembre 20 millones por 4 meses son 80 millones que es el precio que se está pagando ahora, más 4 millones y medio casi 5, desde julio hasta diciembre 5 millones por 6 meses son 30 millones más 80 millones frisan 130 millones y en la partida quedan 50, con lo cual sería importante que nos mandaran la modificación del presupuesto para resolver este tema. Pero, básicamente, el tema más importante que hace a nuestra responsabilidad es que no está homologada esa renuncia implícita de la empresa, por lo cual yo digo que se quede en Comisión a ver si, de alguna manera, se puede adjuntar esa nota. Más allá que mi criterio es votar las redeterminaciones, porque esto es imperio de la inflación que puede haber, también puede ocurrir – que la Municipalidad todavía no lo ha hecho – la responsabilidad de pedirle a la Convocatoria de acreedores y todos los intervinientes judicialmente en esa convocatoria que homologuen esta renuncia implícita que ha hecho la empresa”.
Concluyendo el debate, el edil atlántico advirtió que “las cuestiones formales parecen una tontería pero el intendente ha tenido un cargo por 8 millones de pesos por simplemente la cuestión legal de no ampliarle la garantía sobre los anticipos que se le habían dado y que no se había constituido el seguro de garantía de prestación del servicio, y como, en este caso, requiere el voto del Concejo Deliberante, sí el Ejecutivo nos permite concluir que esa homologación está , que todos los posibles interesados en la convocatoria de acreedores consienten, además recordemos que la empresa reclamaba doscientos millones de pesos y terminaron arreglaron en sesenta y pico, entonces yo creo para no tener ulterioridades, incluso ante el Tribunal de Cuentas, que si esto lo tenían que acreditar y esta es una ordenanza que salió en diciembre, hubo tiempo para que la municipalidad le pusiera empeño antes del 21 de agosto. Entonces, es una formalidad relativa pero yo creo que es una condición legal importante”.
Roberto Latino Rodríguez
