La superpoblación carcelaria en Buenos Aires no es una novedad, en realidad, es moneda corriente de las últimas administraciones de la Provincia. En la actualidad, en las 55 unidades del territorio existe una sobrecarga que supera las 9.000 plazas.
Las últimas reformas procesales, que limitaron las excarcelaciones, sumadas al aumento de detenciones en el proceso de la emergencia en seguridad, profundizaron este problema.
La decisión de abrir más de 200 calabozos, que habían sido cerrados en 2012, buscó atenuar en parte esta situación. Pero el revés judicial, que prohibió la medida, al menos en la departamental de La Plata, provocó una situación que hasta la fecha no parece tener solución.
Desde la cartera de Justicia hablan de la puesta en marcha de nuevas alcaidías, para contener el excedente carcelario. De acuerdo a la información oficial, se encuentran en proceso administrativo, algunas con el llamado a licitación ya en curso, otras con la adjudicación en proceso, una alcaidía de Campana, una en General Rodríguez y las ampliaciones de las alcaidías de San Martín y Lomas.
Además están en obra una alcaidía en La Matanza y las ampliaciones de las plazas en las unidades de Dolores, Azul y Bahía Blanca. Y están en proceso administrativo un anexo en la unidad de Campana, otro en la de Lomas y dos alcaidías: una San Nicolás y otra en Necochea.
Como para que no queden dudas de la situación en La Plata, el fiscal Marcelo Romero cuenta que “en el turno de junio tuvimos muchos aprehendidos que fueron alojados en comisarías, porque Granados las rehabilitó”.
Agregó que “todos fueron derivados a la comisaría 6 de Villa Ponsati, en 122 y 81 (La Plata). Pero resulta que los muchachos escaparon arrancando los barrotes, ni necesitaron limarlos. Cuando fui al lugar vi los calabozos en estado calamitoso, y con apenas dos policías, porque los otros están en las patrullas comunitarias”.
“Entonces recorrí varias comisarías que fueron también habilitadas, pero sin mantenimiento o reformas. Evidentemente no sólo no eran dignas para alojar a detenidos, sino que son inseguras, los detenidos se escapan como si nada”, completó el funcionario judicial.
Al respecto de las otras dos presentaciones, indicó que “eran más antiguas” y que “entonces quedaron reubicadas las tres en el mismo tribunal”.
“En general, el sentido es el mismo; las otras dos hablan de las condiciones de alojamiento, yo le sumé también el tema de la inseguridad”, añadió el fiscal.
“Creo que la política del gobierno es quedar bien con Dios y con el diablo. Por un lado endurecieron las penas, y por el otro se improvisa el lugar donde se ubican a los detenidos, porque inaugurar cárceles es políticamente incorrecto”, señaló a modo de síntesis.
La Tecla
