El asesinato del colectivero Daniel Barrientos generó un efecto dominó. La golpiza a Sergio Berni, los entredichos entre Nación y Provincia por el envío de gendarmes, el excesivo uso de la fuera para detener a los agresores del ministro de seguridad, algunas de las fichas caídas que derivaron de aquel triste episodio que en el día de mañana cumplirá una semana.
A raíz del hecho, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, decidió enviar gendarmes para custodiar colectivos en 40 líneas en las zonas oeste, norte y sur del conurbano, y retornaron los siempre resistidos operativos de cacheo, requisa y control de pasajeros de la Policía bonaerense en el transporte público, medida que siempre indigna al espacio que posee el rol de opositor, más allá del partido político o la ideología.
Las fuerzas realizan acciones de “control documentológico”, una práctica que se emparenta con los procedimientos de “control poblacional” y saturación que alguna vez también impulsó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que, en su tiempo, recibieron fuerte rechazo por parte del Frente de Todos.
Con la vuelta de los operativos de cacheo, en esta ocasión, la indignación llegó desde la Unión Cívica Radical (UCR), quienes lo compararon con prácticas de la dictadura.
En junio de 2017, el gobierno de Vidal también utlizó la medida de control de pasajeros como una manera de “combatir” el delito, y en esa ocasión, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a la Policía Bonaerense por la realización de “razzias” en los colectivos y requisar de manera “ilegal” y “violenta” a los pasajeros, que antes había sido denunciada en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría.
Es que casos que estremecen a la sociedad generan el pedido de mano dura y que la política deba responder con medidas categóricas. En 2014, la policía de Almirante Brown hacía descender a los pasajeros de los ómnibus que pasaban frente al control para requisar sus pertenencias “en busca de armas o estupefacientes”.
En Mar del Plata, de manera sorpresiva, también se realizaban estos controles de seguridad en búsqueda de armas blancas. Misma medida, 9 años atrás.
Ese año, la por entonces presidente de la Comisión de DDHH del Senado bonaerense, Mónica Macha, también había cuestionado las requisas policiales que, en la actualidad, el espacio del que forma parte impulsa, ya que “remiten al accionar de la última dictadura militar y avasallan derechos constitucionales”.
“Las requisas y operativos de este tipo no son medidas de seguridad democrática sino que estigmatizan a los ciudadanos y violan su derecho a la intimidad”, había dicho Macha, hoy diputada nacional por el Frente de Todos.
Claro está que estos operativos no son nuevos. El desencadenante siempre es el asesinato de un chofer. Los propios trabajadores piden seguridad y hacen paro.
Desde los gobiernos, realizan por un tiempo estas prácticas hasta que el tema sale del ojo de la tormenta, y se deja de hacer. Cuando, lamentablemente, sucede de nuevo, al gobierno de turno no le temblará el pulso por utilizar este procedimiento, por más que en el pasado, como espacio opositor, lo haya asemejado con prácticas dictatoriales.
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