La ciudad maravillosa y emblemática de Brasil, famosa mundialmente, es atravesada por una crisis casi terminal, que no logra ser dominada pese a estar bajo la declaración de estado de calamidad financiera. Es difícil escapar a muchos aspectos que guardan similitudes con lo que acontece en Mar del Plata, auxiliada permanentemente por la Nación y la Provincia.
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó la extensión hasta finales de 2018 del estado de calamidad financiera declarado en junio pasado ante la incapacidad de cumplir sus compromisos, que en esa época incluían las obras para los Juegos Olímpicos de 2016.
El órgano legislativo del estado de Río de Janeiro, por 37 votos a favor y 26 en contra, aprobó el proyecto de ley presentado por el gobernador regional, Luiz Fernando Pezao, para prorrogar por otro año el estado de calamidad financiera en las cuentas públicas.
Este estado de excepción financiera permite a los gobiernos regionales de Brasil suspender los pagos mientras ponen en marcha duros programas de ajuste para intentar sanear sus cuentas.
Además de suspender provisionalmente el pago de las deudas, los estados que declaran calamidad financiera pueden incumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal transitoriamente, negociar préstamos de urgencia y contratar servicios sin licitación mientras resuelven sus problemas financieros.
Asimismo, el estado de calamidad también fue justificado por la incapacidad financiera de Río de Janeiro de pagar los salarios de los funcionarios públicos, incluyendo policías, médicos y maestros.
Al solicitar una extensión del plazo de excepción, el gobernador alegó que, “pese a los esfuerzos de la administración para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, aún se mantienen las condiciones que obligaron al Gobierno regional a declarar el estado de calamidad financiera pública”.
En los últimos meses, el Gobierno regional solo pagó a tiempo los salarios de los funcionarios de seguridad y educación, mientras que los trabajadores de otras áreas tuvieron que aceptar el pago por cuotas o llevan algunos meses sin recibir sus sueldos.
“En caso de que la calamidad no sea aprobada, el Ejecutivo no tiene otra alternativa sino despedir a 111.000 funcionarios“, aseguró el diputado regional André Correa, del partido derechista Demócratas, al defender la extensión del estado de calamidad.
La crisis regional ha sido provocada en parte por la actual recesión brasileña, la más grave en varias décadas y que redujo sustancialmente la recaudación de impuestos en las administraciones regionales.
La economía de aquel país se retrajo un 3,8% en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6% en 2016, con lo que encadenó dos años consecutivos de crecimiento negativo por primera vez desde la década de 1930.
La crisis financiera de Río de Janeiro también fue provocada por la pérdida de las regalías petroleras que recibía y por los millonarios desvíos de recursos públicos que tienen en la cárcel desde hace varios meses al anterior gobernador regional, Sergio Cabral.
