La motosierra del ajuste que impone La Libertad Avanza sobre el aparato estatal enciende alarmas en organismos clave en materia de investigación, calidad alimentaria, como también en control y fiscalización pesquera. A todo esto, el Consejo Federal Pesquero sigue sin reunirse y las Comisiones de Seguimiento de pesquerías están paralizadas.
A cien días de asumido el nuevo Gobierno nacional, hay incertidumbre sobre el futuro de diversos organismos estatales ante la decisión política de la Casa Rosada de avanzar en una poda generalizada de toda la estructura pública.
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es un organismo descentralizado, en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, creado por Ley N° 21.673 del 21 de octubre de 1977. Asesora a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), al Consejo Federal Pesquero (CFP) y a la Cancillería Argentina en el uso racional de los recursos pesqueros con el objetivo de preservar el ecosistema marino.
Desde el 10 de diciembre reina la incertidumbre, hasta el momento no se ha designado a un director, y durante meses no se sabía si renovarían los contratos del personal, y los que fueron renovados siguen con salarios pendientes de pago.
Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) también es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía de la Nación. Se encarga de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
La motosierra libertaria igualmente pasaría por el Senasa y pone en alerta a gremios estatales, teniendo en cuenta que la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse ordenó a los diferentes ministerios que deberán aplicar un recorte de la menos el 15 por ciento de sus estructuras de personal, entre ellos, al Ministerio de Economía de la cual dependen el Inidep y el Senasa, y la medida alcanzaría también a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, que conduce el veterinario Juan López Cazorla; hay temor que la poda diezme el cuerpo de inspectores del área de control y fiscalización pesquera, tal como ocurrió entre 2015 y 2019.
La exigencia de la Jefatura de Gabinete es que a fin de marzo se aplique el achicamiento del gasto en personal, no renovando contratos a partir de abril, por lo que esto ya tendría impacto dentro de dos semanas.
Desde la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) advierten que sería ‘peligroso’ desmantelar estas estructuras técnicas. “Vemos con preocupación lo que está ocurriendo. Lo del Inidep no se solucionó, Senasa también esta con problemas. Es muy peligroso que se afecte el funcionamiento de estos organismos”, afirmó Agustín de la Fuente.
