Días atrás, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) intimó a jubilarse a 40 de sus empleados, que rondan los 65 años. Así lo definió una disposición del 12 de marzo, firmada por el gerente de Recursos Humanos, Roberto José Guaresti, en la que se adjunta una lista con personal de todo el país invitado a iniciar sus trámites jubilatorios, en el plazo máximo de un año.

Fuentes gremiales vinculadas a la Confederación General del Trabajo (CGT) advierten que la intimación del PAMI es una “injuria laboral”, dado que la reforma previsional del macrismo extendió la edad de trabajo hasta los 70 años. Consideran la acción como un “atajo” del oficialismo cuyo fin último es renovar la planta de trabajadores.

La iniciativa de Luana Volnovich, la titular del PAMI y militante de La Cámpora, suena como eco de las intimaciones que se dieron recientemente en otras dependencias, como en el Poder Judicial –la Anses indicó a 222 jueces que iniciaron sus procesos jubilatorios, pero siguen trabajando, que deberán renunciar o caerán sus trámites– y en la Cancillería –donde diplomáticos denunciaron a LA NACION haber recibido intimaciones para anticipar sus retiros–.

Sin embargo, en la Anses, el organismo que conduce Fernanda Raverta –también camporista–, niegan que se trate de una estrategia macro. Sostienen, por el contrario, que que las intimaciones son procesos “habituales” de cada área. “Es un asunto interno del PAMI en el que la Anses no tiene nada que ver”, dijeron a LA NACION voceros de Raverta, y aclararon que “lo de los jueces fue parte de un procedimiento habitual para que no pierdan tiempo ni las personas ni el organismo, y no queden trámites en la nada”.

“Tampoco la Anses mandó ninguna intimación a diplomáticos. Cancillería, sí”, agregaron en la administración de Seguridad Social. Y remarcaron: “No hay ninguna otra dependencia en la que se vaya avanzar con esto”.

El PAMI acarrea una largahistoria de intervención estatal y está inmerso en un gris que habilita múltiples interpretaciones de su lógica constitutiva. Con este margen, en el instituto sostienen que el marco normativo permite la intimación de empleados sub 70, pese a que su ley de creación lo cataloga como un ente público no estatal, motivo por el cual sobre el PAMI debería recaer la reforma del gobierno de Cambiemos.

“Las intimaciones no tienen que ver con las de la Anses. Nunca dejamos de intimar porque el marco normativo lo permite e hicimos consultas interministeriales para ver si estábamos en condiciones de hacerlo. La respuesta de la Procuración General y del Ministerio de Trabajo [a cargo de Claudio Moroni] fue que podemos ajustarnos a la ley 24.156”, afirmaron a LA NACION en el entorno de Volnovich. Se referían a la ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, que en su artículo 8 incluye a las “instituciones de Seguridad Social” dentro del “Sector Público Nacional”.

En este sentido, los voceros del PAMI agregaron: “La norma ha incluido al Instituto al ámbito del sector público, por consecuencia lógica, sus trabajadores y trabajadoras se encuentran excluidos por lo establecido en la ley 27.426 [de reforma previsional] y el Instituto debería intimarlos a iniciar el trámite a los 60 años para las mujeres y a los 65 para los hombres”.

“Renovación ideológica”

Para las fuentes gremiales, no obstante, la iniciativa del PAMI va en contra de la ley y se vincula a intereses políticos. “El PAMI sigue esquivando la ley y su naturaleza jurídica. La reforma previsional le permitió a los trabajadores seguir trabajando hasta los 70, y el PAMI quedó dentro de esa ley porque es un ente público no estatal. No tenemos el estatuto del empleado público sino un convenio colectivo propio al que rige la ley de contrato de trabajo”, indicaron, en diálogo con LA NACION.

“Es un atajo. Se basan en todas las chances que tienen para renovar la planta y, en donde sacan, ponen. Está claro que es una renovación ideológica. Salga quien salga, entran militantes”, afirmaron en el sindicato que se desprende de la CGT. Y agregaron: “Esto es burdo y está mal hecho, es una injuria laboral. Les importa tan poco la institución, que no les interesa si esto se judicializa porque no van a estar para pagarlo”. La disposición del PAMI viene detrás de una cadena de más de 400 despidos de empleados incorporados durante la época del macrismo, entre 2015 y 2019.

En una carta documento enviada al PAMI por uno de los empleados intimados a jubilarse, el hombre sostiene: “Teniendo en cuenta que a la fecha tengo 65 años de edad, informo que continuaré prestando servicios hasta la edad prevista por la ley de contrato de trabajo para ser intimado a iniciar mi trámite jubilatorio, debiendo Ud. mantener la relación de trabajo hasta que obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año”. Sobre el final del escrito, advierte: “Intimo para que en el plazo de 48 hs. deje sin efecto la intimación cursada, y proceda a tomar debida nota de lo manifestado por el firmante, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales que por derecho correspondan para el amparo de mis derechos, al considerarme gravemente injuriado y despedido por su exclusiva culpa”.

Las respuestas de la Dra. Cecilia Soiza, subgerente de Asesoramiento Jurídico y Relaciones Laborales, también por carta documento, se limitan a decir: “Niego que la intimación a Ud. cursada resulte improcedente y/o contraria a derecho. Niego que este organismo no se encuentre en condiciones de intimarlo a iniciar un trámite jubilatorio. Niego que resulte aplicable el art. 7 de la ley 27.426. Niego que corresponda intimarlo cuando Ud. cumpla 70 años de edad como así también niego que se encuentre en condiciones de continuar prestando servicios hasta los 70 años de edad”. Los escritos de Soiza concluyen: “Lo insto a abstenerse de continuar con su actitud ilícita y engañosa tendiente a prefabricar una situación inexistente con fines de obtener beneficios ilegítimos”.

El PAMI cuenta con 13.700 empleados. Entre los años 2018 y 2019, se jubilaron 853 integrantes del plantel, y, en 2020, lo hicieron 144 personas, según datos que el organismo facilitó a LA NACION. Con estos números a mano, el oficialismo insiste en ratificar que las recientes intimaciones carecen de sesgo ideológico.