Asusta la impunidad de los autores y la ausencia de actuación de la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Son atentados que exceden los actos vandálicos que provocan serios daños materiales y exponen a víctimas inocentes. Hay denuncias sobre los hechos o la población debe prepararse a convivir en un clima bélico. El único canal parece ser la difusión de la prensa o meros comunicados políticos para despegarse de lo sucedido. Una vez más la gente paga los platos rotos de la política mal entendida. Los autores tienen auspicios hay una organización detrás de estos actos que derivan en intimidación pública, como el ocurrido en el local del PRO en Colón y Tucumán
Las instituciones de la democracia una vez más están jaqueadas por la violencia política. Es el peor de los climas en los meses finales rumbo a las elecciones presidenciales, gobernadores e intendentes.
Chaco y Jujuy no son el producto de hechos sin conexiones políticas, al contrario representan provincias donde la violencia está instaurada. Las condiciones se generan porque se pierde el régimen de la institucionalidad, que se propaga paulatinamente al resto del país.
La disputa en Jujuy nos remonta a la vigencia de Milagro Sala y en el Chaco aparece muy comprometido el futuro político de Coqui Capitanich. Sala intenta restituir un poder que perdió políticamente en recientes elecciones que consolidaron a Gerardo Morales. Capitanich ha perdido capital político y el último domingo también muchos votos por el vínculo de candidatos suyos en las listas del oficialismo, y detenidos por un aberrante caso que se investiga.
Son hechos encadenados no están aislados entre si y tienen relación con adhesiones con gremios alineados con Unión Por la Patria desprendimiento del Frente de Todos. No es una cuestión de sellos hay vasos de comunicación cuya capilaridad es permeable a la aplicación de un metodología violenta y desestabilización.
Los procesos tienen referencia desde 1983, cuando Ítalo Argentino Luder no contempló en su campaña presidencial el tratamiento de los integrantes de las juntas militares que habían claudicado tras la derrota por el intento de recuperación de nuestras Islas Malvinas.
Las Juntas Militares fueron juzgadas por tribunales civiles en un proceso que se considera único en el mundo y ha sido reconocido por organismos internacionales de derechos humanos, que elogiaron la iniciativa política de Raúl Alfonsín quien impulsó los juicios que terminaron en condenas.
El paso a la democracia no fue concebida en su real magnitud por el peronismo en las versiones surgidas durante los gobiernos de Carlos Menem y el matrimonio Kirchner. No los comprende el juego de la pluralidad política que la democracia ofrece a través del voto que provoca el debate de ideas. Muy lejos de la violencia de cualquier tipo.
En fechas muy próximas se celebrarán hitos del año que se recuperó la democracia. Si este proceso que está en marcha se descompone, estarán dadas las condiciones para que marchemos indefectiblemente a un enrarecido clima electoral. Y aún más ya se advierte del mismo sector político que sembrarán las calles con la cara de la adversidad.
Es como un abandono anticipado de las reglas de juego, para pasar a la beligerancia que expresan a través de los sindicatos afines, organizaciones políticas y sociales que no se incorporan al régimen de gobierno existente, avanzando sobre otros poderes independientes como el legislativo y judicial.
En el contexto de avance de la pobreza, la inseguridad y la inflación, debería eximirnos de la gestación de la violencia cuyos daños son irreparables. Existe una pertinaz obsesión por aplicar el desvío de la Argentina a través de mecánicas inconsistentes y reprobadas. Hoy el país vive una expulsión de sus jóvenes que causa un drama social y cultural en las generaciones actuales y venideras.
No es la vida andar cortando calles, invadiendo legislaturas, atacando a la justicia, cuando existen los mecanismos procedentes asistidos por derechos en vigencia y que se ejercen a través del ejercicio del voto. Ese examen es el poder ciudadano, es un atentado vulnerar la voluntad popular con herramientas procaces, entre ellas la violencia política.
Jorge Elías Gómez