Desde la Mesa contra la Violencia Institucional emitieron un comunicado tras la muerte de otro joven privado de su libertad el pasado martes. Peritos de la Suprema Corte bonaerense habían evidenciado el año pasado “el peligro de vida” que corrían los detenidos.
El 10 de marzo murió electrocutado Horacio Flores, de 30 años, cuando salía de bañarse. Cables, conexiones clandestinas, duchas comunes, paredes húmedas. Todo parecía listo como para que alguien en algún momento perdiese la vida. A Horacio le decían “Kiwi”. Era un pibe joven, participaba de los talleres de Literatura, Derecho y Argumentación Jurídica y escribía lo que pensaba. “Queda en uno cambiar. Nosotros tenemos las herramientas, solo tenemos que aprender a saber usarla”, reflexionó en algún encuentro. Pero no fue la primera muerte en la Unidad Penal XV de Batán, y puede no ser la última si desde el Estado no se toman las medidas para revertir las situaciones “crueles, inhumanas y degradantes que padecen diariamente los privados y privadas de libertad”.
Desde la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata se emitió un documento para visibilizar lo que sucede tras los muros de las cárceles ubicadas en el predio del complejo Batán.
“Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y Judicial poseen las herramientas jurídicas y políticas para transformar tan apremiante realidad”, señalaron, y recordaron que es necesario regirnos bajo lo que prescribe la Constitución Nacional, que en su artículo 18 establece que las cárceles deben ser sanas y limpias y no para castigo de los detenidos. “Sin embargo nuestras cárceles matan y lo hacen en forma sistemática”, alertaron
El año pasado el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, junto a integrantes de esta Mesa contra la Violencia Institucional interpuso un Habeas Corpus solicitando entre otras medidas la clausura de un pabellón y de algunas celdas.
El recurso se resolvió favorablemente por el Juez de Garantías Juan Tapia, y en este marco se realizó una pericia –llevada adelante por un ingeniero y un arquitecto pertenecientes al cuerpo de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, que puso de manifiesto “el peligro de vida que corrían los detenidos por riesgo de electrocutación”.
Textualmente esgrimieron: “En los pabellones se observa un entramado de cables y conexiones con deficientes aislaciones (empalmes y conexiones precarias), lo que origina que pueda producirse la transmisión de un potencial eléctrico con el consiguiente riesgo de electrocución“.
Asimismo, repararon desde la Mesa, quedó manifiesta “la peligrosidad de morir incendiados por la falta de posibilidad de salir en forma urgente de las celdas debido al estado en que se encontraban las salidas de emergencia como así también los candados que encierran a los presos, llegando a concluir que la Unidad Penal 15 no se encontraba apta para alojar detenidos, por incumplir con las normas mínimas que prevén los Tratados Internacionales en la materia”.
“No debemos olvidar que es obligación del Estado garantizar la vida de las personas que se encuentran detenidas a su cargo al perder su libertad”, añadieron.
Ante la grave situación, se generó una Mesa de Trabajo integrada por altos funcionarios de la Justicia local y del Poder Ejecutivo provincial, a fin de abordar la “siniestra realidad en que viven nuestros detenidos del Complejo de Batán”.
“Esperamos que esa mesa permanente de trabajo creada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, para el Complejo Batán se expida al respecto”, reclamaron a través del documento.
Solo en el Departamento Judicial de Mar del Plata se han interpuesto más de treinta denuncias penales por incumplimiento de resoluciones judiciales derivadas de Habeas Corpus correctivos. Esas peticiones buscan “modificar aquellas situaciones que configuran un agravamiento en las condiciones de detención, como falta de atención médica, alimentación deficiente, torturas y malos tratos, condiciones de habitabilidad denigrante e indigna”.
Es por ello que se hizo un llamado a los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, como encargados de llevar adelante la instrucción de las causas penales, para “que instruyan las causas en las que se denuncian estas situaciones que atentan contra el estado democrático de derecho”.
MUERTES INTRAMUROS
La muerte de Horacio Flores no fue la única y desde la Mesa contra la Violencia Institucional advirtieron que “los sucesos son cada vez más graves y frecuentes”.
Al mencionar los últimos casos, señalaron: “El 13 de noviembre de 2014, el joven Walter Adrián Cayuman Atairo reclamó todo el día por el cese de una situación injusta que sufría encerrado en el pabellón de castigo de la Unidad Penal 15. Luego apareció quemado en su celda y murió a los días siguientes. El 26 de febrero apareció ‘ahorcado’, Juan Gabriel Jonson, en un pabellón de aislamiento, resultando hasta fecha una muerte dudosa”.
El testimonio que Horacio había dejado escrito – en el marco de los talleres que se realizan en el penal- decía textualmente: “Las ganas de escaparle a la opresión del sistema carcelario me motivan a que concurra a estos espacios que me sacan, por decirlo de alguna forma, del crujir de los candados, de los gritos y de toda esta porquería que significa la cárcel. Ver la realidad de otra manera es un paso muy grande para que una persona se re-socialice. Queda en uno cambiar. Nosotros tenemos las herramientas, solo tenemos que aprender a saber usarlas. Aprovechá”.
¿QUIÉNES PUEBLAN LAS CÁRCELES?
Frente a esta realidad, desde la Mesa interrogaron: “¿Quiénes son los que pueblan las penitenciarías a lo largo y a lo ancho del país y por qué delitos son condenados?”. “Para hallar la respuesta –indicaron- no hay nada más revelador que el instante en que pisamos una institución carcelaria y vemos que los pabellones se encuentran abarrotados, en su mayoría, por jóvenes de entre 18 y 30 años de sectores vulnerables”. No hay organismo oficial alguno que genere datos concretos al respecto.
Sin perjuicio de ello, repararon en un informe elaborado en 2014 por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que reveló: “Uno de cada cinco privados de la libertad no conoció a su madre o padre o ambos; dos de cada cinco abandonaron su hogar antes de los 15 años. Mientras que en hogares sin violencia el 10% se fue de su casa antes de los 15 años, en aquellos en los que la violencia se imponía la cifra se multiplica al 26%. Asimismo el uso de alcohol y drogas desde temprana en edad fue reconocido por el 37% de los encuestados”.
A partir de la recolección de datos, el informe de la Universidad concluye: “El sistema penal termina recluyendo personas que son fácilmente remplazables en las pirámides delictivas: los ladrones callejeros, los pequeños traficantes, las mulas. La cárcel ya es un espacio habitual para una creciente proporción de la población. Es un instrumento social utilizado con asiduidad a lo que va conformando un sector social donde cientos de miles de personas quedan profundamente marcados por la reclusión, teniendo enormes implicancias futuras para la sociedad”.
Por último, desde la Mesa contra la Violencia Institucional remarcaron: “La mayoría de los pibes presos son aquellos que el Estado nunca vio, aquellos que viven en las barriadas, que usan gorra, zapatillas y ropa deportiva y tan solo por su apariencia son discriminados por el grueso de la sociedad. Son los excluidos, los marginados, los vulnerables”.
