Una resolución judicial fijó restricciones a funcionarios municipales y dirigentes gremiales, en una compleja trama de enfrentamientos internos partidarios, sindicales e incluye a integrantes que forman parte de la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Los hechos en muchos casos se han producido en ámbitos de oficinas públicas y de la administración municipal, con lo cual adquieren otro tipo de relevancia y compromiso en las actuaciones, no sólo para esclarecerlas sino además para aplicar las sanciones que pudieran corresponder a los responsables.
Las acciones habían cobrado un volumen absolutamente repudiable, no sólo por los hechos denunciados, sino también por otras actitudes que han tenido el anonimato como vía de expresión que rechaza el ejercicio de la libertad y la democracia.
Ante los hechos denunciados, se dictó una orden de restricción de acercamiento a tres funcionarios municipales y a tres sindicalistas que impide acercarse a menos de 200 metros de los concejales radicales Daniel Nuñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero y al militante de la UCR, Luciano Pagni Salaverry, que los denunciaron por amenazas y violencia física.
La decisión judicial comprende al subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes. Alcanza, también, al titular del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, Cristian Echeverría y los dirigentes del mencionado sindicato, Diego Paredes y Federico Cardozo.
Según informó cazadordenoticias.com La denuncia de los afectados fue presentada ante la fiscal Carolina Castañeda donde expresaban que sufrían “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.
En la presentación, reconstruyeron que el 8 de marzo en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Reyes amenazó al concejal Núñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.
Luego, el 21 de marzo, los denunciantes aseguraron que Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Núñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y que de no ser así “debería atenerse a las consecuencias”.
Por último, el 24 de marzo, Núñez denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física bajo lo amenaza de que la iban a pasar mal”.
Tras esa serie de hechos, este martes, la vivienda de Núñez apareció con pintadas difamatorias y los pasillos del HCD con afiches del mismo tenor. En la causa, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró que”a través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”.
Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Núñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”, dijo Baragiola a Cazador de Noticias