Mauricio Macri y la presidenta del PRO Patricia Bullrich le pidieron a los diputados del PRO no votar una ley de alquileres sin antes derogar la vigente, aun cuando sus pares firmaron un dictamen en la comisión de legislación general que mantiene actual con algunas correcciones.
Fuentes de la bancada que conduce Cristian Ritondo admitieron que no hay acuerdo interno en acompañar el dictamen del interbloque y por lo tanto no apurarán una sesión especial. Unidos, tampoco tendrían garantizados los votos, porque el interbloque federal de Graciela Camaño y los partidos provinciales firmaron su propio dictamen.
La diferencia es clave: mientras el dictamen de Juntos tiene precios libres (coloca opcional la posibilidad de usar índices oficiales) y el de los federales permite aumentar los valores en cualquier momento, pero con el tope de la inflación acumulada.
El martes pasado hubo un intento de alcanzar un acuerdo en conversaciones entre referentes del PRO, Camaño y Emilio Monzó, convertido en un negociador confiable después de haber logrado imponer el debate de boleta única.
Pero las conversaciones no alcanzaron para llegar a un acuerdo. Luciano Laspina, del PRO y cercano a Patricia Bullrich, elaboró un informe sobre una posible ley, pero Macri intervino y volvió a exigir derogar la que está vigente.
Lo había hecho con un tuit desde Zurich, ni bien comenzó el debate. Y lo reiteró en un zoom con el bloque PRO conducido por Cristian Ritondo, molesto porque en la última sesión se habían votado leyes con costos fiscales, como la de HIV y la de cannabis a escala industrial. Reclamó no dejarse llevar por la Coalición y la UCR.
La ley de alquileres no tiene costo fiscal para el Estado pero para Macri es más un problema que una solución y pide eliminarla. El dictamen de Juntos, trabajado por las diputadas Karina Banfi (UCR) y Carla Carrizo (Evolución radical), no lo entiende así.
Además de liberar los precios, retoma los contratos de 3 a 2 años, mantiene la obligación de declarar los contratos en la AFIP pero sin aplicar sanciones como no poder ofertar propiedades. Quedan los beneficios a los inquilinos como múltiples garantías y restricciones en los depósitos de ingreso.
Sin mayoría propia, en el Frente de Todos sostienen los contratos a 3 años y la actualización con el tope de una fórmula, compuesta por la variación de precios y salarios. Agrega beneficios fiscales para ofrecer propiedades y por ese motivo Carlos Heller pidió tratarla en la comisión de presupuesto. Pero todavía no la convocó.