Los gobernadores condicionan la aprobación del presupuesto de 2022 a un reparto equitativo de los subsidios al transporte automotor, que según sus cálculos este año se concentrarán en un 90% en el área metropolitana. Y amenazan con distribuirlos en otra ley si Martín Guzmán repite esa proporción en el proyecto que enviará el 15 de septiembre, sólo tres días después de las elecciones primarias.
La advertencia la escuchó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en una teleconferencia que mantuvo hace un mes con los gobernadores de diferentes colores políticos como el peronista Jorge Capitanich, el radical jujeño Gerardo Morales, el misionero Oscar Herrera Ahuad y el neuquino Omar Gutiérrez, entre otros.
Los senadores peronistas dejaron a Larreta sin subsidios al transporte escolar
Pero desde la semana pasada empezó a repetirse en reuniones de cada gobernador con Guerrera y otros ministros, en las habituales rondas que hacen antes de cada redacción de presupuesto. El miércoles, por caso, fue hasta Transporte el formoseño Gildo Insfrán.
Capitanich ya había iniciado el reclamo como líder de los gobernadores del “Norte Grande”, un grupo que puede juntar en la misma mesa a Morales e Insfrán, el que más arenga por golpear las puertas en la Casa Rosada.
“Si no logramos una unidad de concepción en los planteos y perseveramos en ellos, vamos a seguir reuniéndonos y haciendo catálogos que nunca se cumplen”, llegó a decir el formoseño en un encuentro, antes que la oposición copara las calles de su provincia para cuestionar sus centros de aislamiento a infectados con Covid 19.
Si hacen valer sus votos en el Congreso, los gobernadores pueden llegar a una mayoría con aliados de la oposición o, de mínima, congelar el presupuesto de Guzmán el tiempo que sea. Un conflicto que Alberto Fernández necesita evitar.
Aunque por ahora Guerrera sea el principal receptor de los reclamos, los gobernadores apuntan a Guzmán, encargado de calcular los gastos máximos y distribuirlos en cada área específica, como los subsidios.
El año pasado, el ministro de Hacienda intentó disuadir a sus legisladores en mini reuniones previas a enviar el presupuesto, en la que insistió con la necesidad de una “sostenibilidad fiscal”, que no termina de encontrar.
A Transporte le corresponde aplicar los subsidios asignados y sus funcionarios le reprochan a los gobernadores retacear la incorporación de la tarjeta Sube en los micros que circulan por sus territorios, para evitar un control de la demanda real.
Ante la creciente presión, que se hizo sentir en oficinas semi vacías por el Covid y la campaña electoral, los técnicos de Hacienda y Transporte evalúan la viabilidad de una segmentación en los subsidios al transporte como la que se prepara para los energéticos, pero por ahora no hay una definición certera.
La discusión es política y, sobre todo, hacia adentro de la coalición de gobierno, porque los subsidios al área metropolitana benefician al la Ciudad de Buenos Aires pero también al conurbano, que es la zona más sensible de la provincia que gobierna Axel Kicillof.
Un primer capítulo se dio en el Senado, cuando los oficialistas cajonearon un ley que venía de Diputados para ratificar un fondo de subsidios al transporte escolar en el área metropolitana.
Tuvo dictamen, pero los referentes de la bancada conducida por José Mayans se negaron a tratarlo y anticiparon que mirarán con lupa el reparto de subsidios en el presupuesto. Hasta propusieron una subcomisión para empezar a estudiarlos.
Durante la teleconferencia con Guerrera, Capitanich calculó que este año habrá subsidios al transporte por 175 mil millones de pesos y el 90% irán para las 37 mil unidades de pasajeros del Amba.
El interior percibirá 20 mil millones, 7 más que lo que reservaba el presupuesto de este año y debió ser modificado por la fuerte presión de los gobernadores de todos los colores políticos. Guerrera prometió aumentar un 30% más, pero no alcanzará para evitar la polémica en los números de 2022.
En Transporte creen que esas cifras incluyen los subsidios a los trenes y subtes, que sólo transitan por el AMBA, pero admiten que la asimetría es real y que si el Congreso quiere corregirla no se opondrán. El choque, en tal caso, será con Guzmán y Kicillof. Larreta mucho no puede hacer.
De hecho, en un tuit, Guerrera consideró “correctos” los datos informados por el diario La Nación sobre los subsidios de junio, que alcanzan 737 millones de pesos por cada una de las 18.859 unidades del gran Buenos Aires. Con estos números, el presupuesto mensual no difiere mucho del aplicado por el Ministerio de Salud para combatir la pandemia.
Lo que algunos funcionarios reprochan a los gobernadores en estricto off de récord es que firmaron el pacto fiscal de 2017 impulsado por Mauricio Macri, en el que se comprometieron a eliminar subsidios diferenciales “en materia energética” para el Área Metropolitana de Buenos Aires para 2019 y para el transporte en 202l, en cualquier rincón de país.
En el presupuesto de 2019, el último que debatió Cambiemos, los intendentes radicales de las capitales provinciales crearon un fondo compensador para sus micros, que el fallecido ministro de transporte Mario Meoni amplió el año pasado, pero no alcanzó para conformarlos.
“Mientras un porteño paga $18, en el Chaco nosotros pagamos entre $31 y $37. Si no ponemos un sendero, nunca corregiremos las asimetrías que tenemos en el pasaje entre un porteño y un provinciano” se quejó Capitanich en aquella teleconferencia.
La baja de usuarios por los confinamientos complicó el pago de salarios y multiplicó los paros a lo largo del país. La presión de los gobernadores para sumar subsidios se hizo explícita en cada rincón del país, lejos de las disputas palaciegas en tiempos de Cristina Kirchner presidenta.
El subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rolando D’Avena, le anticipó al diario La Opinión Austral que trabaja en la redacción del prometido proyecto de ley de “emergencia del transporte público de pasajeros”. Su jefa es Alicia Kirchner.
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