Tras las polémicas por el cobro de tarifas de electricidad en fábricas que permanecen cerradas hace dos meses, el ENRE habilitó la suspensión o renuncia de la potencia contratada mientras dure la cuarentena.
Según la resolución, “aquellos usuarios y usuarias de las categorías T2, T3 y peaje que hayan sufrido una caída del 50% o más de su demanda de energía, podrán solicitar la suspensión o renuncia de la potencia contratada sin ser pasibles de penalidades”.
De esta manera, los comercios e industrias afectados por el parate económico ya no tendrán que preocuparse por el gasto en electricidad que los golpeaba gravemente al no contar con ingresos para afrontarlo.
“Los Comercios, Industrias y PyMEs son uno de los sectores más afectados como consecuencia de la Emergencia Sanitaria actual. Ante esta realidad, y ante la necesidad de atenuar el costo energético para estas actividades, el ENRE definió sacar esta resolución como una medida de protección al sector”, indicaron.
En este sentido, sumaron a los usuarios de la industria cultural y también se dispuso que las deudas que se generen durante la suspensión serán abonadas mediante planes de pago en base a pautas establecidas oportunamente.
“Pueden cancelar directamente el contrato de potencia sin punitorios y solicitar recategorización. El servicio no se corta en ningún caso, a menos que el usuario pida la baja”, subrayaron a LPO desde la secretaría de Energía.
Como explicó LPO, las pymes aseguraban recibir facturas de luz como si no hubieran paralizado sus fábricas y denunciaban que las distribuidoras eléctricas “inflan” las estimaciones de consumo.
Como las compañías no están controlando los medidores físicamente a raíz de las restricciones de la pandemia, deben calcular las tarifas de acuerdo a una proyección, que según las pymes, están elevando intencionalmente.
En un primer momento, el gobierno modificó la fórmula para la estimación del consumo y dispuso que las distribuidoras eléctricas ahora deberán calcular las tarifas de acuerdo al menor registro de los últimos 3 años. Pero aún así muchos comercios recibían facturas de hasta $100.000 con las luces completamente apagadas.
LPO
