Debido a las expresiones públicas de la Asociación Judicial Bonaerense sede Mar del Plata, imputando a magistrados de tener conductas “ilegítimas” y “arbitrarias”, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial local, a través de un comunicado dejaron en claro “su rechazo a toda actitud antidemocrática y totalitaria que se expresa por medio de todo tipo de escraches públicos, sin importar hacia quien sean dirigidos”. Agregando que “todos los ciudadanos de una Nación tenemos el derecho de manifestarnos públicamente, pero que ese derecho constitucional no sea utilizado como herramienta para legitimar el uso ilegal de la fuerza, que es lo que significa un escrache, en el que se ataca en turba y se quita la defensa al agredido”.
Acto seguido, aclararon que “ante una acusación, también existe la posibilidad de defensa, pero cuando la defensa prevalece con sus argumentos a los pruebas de la acusación, deben aceptarse las decisiones al respecto. Evidentemente, ante la derrota de los argumentos denunciados, no se puede avanzar sobre el linchamiento público, a modo de `justicia popular´ contra quien tuvo argumentos sólidos para defenderse. Si permitimos que en el Estado de Derecho se pueda linchar a las personas, habremos perdido la esencia de vivir en sociedad. El `escrache´ no conlleva razón”.
Asimismo, adujeron que “la AJB Departamental Mar del Plata, ha elegido la vía del expediente administrativo para denunciar cuando cree que hubo alguna irregularidad, cuestión que es saludable para la convivencia, pero esa decisión impone esperar el resultado y no se puede tomar el camino de la descalificación pública y dar por válidas situaciones que no se pudieron probar”. Añadiendo que “haciendo esto, la AJB incurre en algo peor a lo que denuncia”.
En tal sentido desde el Colegio de Magistrados, destacaron que “la defensa de la legalidad democrática y republicana es un compromiso que comparten empleados, funcionarios y magistrados, dentro del Poder Judicial, así como todos los ciudadanos que no lo integran. Las instituciones existen para defender a los más débiles de los excesos de quienes tienen poder político, económico, jerárquico o simbólico. No es lícito denunciar el abuso de poder y ejercerlo al mismo tiempo. Tampoco es coherente integrar como empleados el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y apelar a la fuerza en turba para ejercer la justicia por mano propia, sobre todo cuando la razón no impera desde el intelecto”.
“Nunca un `escrache´ dignifica al que lo hace, lo convierte en algo peor de lo que denuncia. Dejemos que las pruebas de lo sostenido den fuerza al argumento y no caigamos en vil y descalificante argumento del uso de la fuerza, porque es la razón del que no tiene razón”, concluyeron.