El Estado Nacional reconoció ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones “al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado a la AMIA en 1994, y deberá pagar una indemnización.
Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, fue la encargada de hablar frente a los jueces de la corte. Allí admitió que “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”.
Frente a los familiares de Memoria Activa, admitió haber cometido “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, al pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía.
Los cuatro funcionarios de la cartera que conduce Martín Soria admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuadas para la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada con la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. También reconocieron que ni el patrullero que vigilaba la AMIA ni la radio funcionaban.
“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso. Por la ocupación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, dijo D´alessandro.
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