En la causa abierta gracias a una investigación realizada por Vialidad Nacional se denuncian presuntas licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés. También se investiga si unos pocos empresarios obtuvieron la mayoría de los contratos sospechados. La denuncia recae sobre irregularidades en la obra pública del distrito de Buenos Aires durante los últimos años del kirchnerismo. La causa recayó en la fiscalía de Paloma Ochoa, que impulsó la investigación, y en el juzgado de Daniel Rafecas, que prepara las primeras medidas de prueba para cuando termine la feria judicial.
La denuncia de Vialidad se originó tras una auditoría interna realizada durante 2016 sobre el Distrito 1 (Buenos Aires). El trabajo fue elaborado por personal de legales y por la Unidad de Ética y Transparencia (UET), una “oficina móvil” de la Oficina Anticorrupción en esa dependencia, que recibió al menos 100 denuncias anónimas.
En la documentación obrante existen elementos para sospechar que agentes viales “montaron una estructura ilícita para adjudicar contratos a proveedores predeterminados o, al menos, simular competencia en compras que, a la postre, ganaron sistemáticamente proveedores habituales de la provincia de Buenos Aires”.
La auditoría exhibe una toma de veinte contrataciones públicas que exhiben falsificación de documentos y la confección de sellos y firmas apócrifas. Además advierte que entre los años 2013 y 2015, sobre un total de más de 500 procedimientos, sólo tres fueron mediante licitación pública, el mecanismo que garantiza la mayor publicidad y transparencia.
En uno de los casos, para la adquisición de ropa de trabajo, cinco empresas presentaron presupuestos. Los auditores de Vialidad se contactaron con las firmas “perdedoras”. Según consta en el expediente, el dueño de una compañía recibió fotos de la documentación y negó enfáticamente que la firma y el sello fueran suyos. Agregó que “jamás participó en una licitación con el organismo”. Otro de los supuestos proveedores se llevó una sorpresa mayor: se encontró con un pagaré por $ 15.258 que -dijo- jamás había confeccionado.
A priori, la causa señala a quince personas imputadas, entre ellas, el jefe de la División Administración del Distrito 1 Luis Lozano y otros cinco funcionarios que tuvieron distintos roles en las contrataciones. También otros diez empresarios beneficiados con fondos públicos, que ganaron contratos sospechados.
Nexofin
Perfecto, pero que sea RAPIDO, que DEVUELVAN YA lo afanado actualizado por inflacion real desde entonces y que Caigan los responsables con puestos politicos que autorizaron (minimo) esas truchadas. Habría que revisar también cómo “ganó” el principal capitalista de la ciudad La Vieja Terminal y nuestra postal el Provincial. Aquello de “combatiendo al capital” explotador, Scioli se comió la estrofa, al mejor estilo de Menem. Ya se tomaron años de vacaciones los jueces, a laburar!!!