Así lo contemplaba la denuncia sobre los fondos públicos y su utilización, los mismos están en el foco de las investigaciones. Se ha confirmado que la Prefectura Naval Argentina, se ha presentado en el expediente, en principio tomando vista del mismo, debido a la importancia del tema y las posibles implicancias, que podrían surgir con el avance del expediente.
Según información a la que ha accedido exclusivamente mdphoy.com , sería más comprometida aún la situación de la Municipalidad de General Pueyrredón, ya que se han detectado comprobantes y documentación que no tiene un correlato, con el mecanismo apropiado, con que se ha producido el desembolso de las partidas de dinero, difiriendo montos y conceptos en los pagos, desmesura en algunos ítems de repuestos y combustible y alojamiento de los efectivos destinados a reforzar la seguridad en la ciudad.
Las dificultades en la rendición adecuada ha privado a la población marplatense que se vuelquen el 50 % restante de los recursos, lo cual es un claro agravante frente a la situación que vive la ciudad y que provocó una movilización de 5.000 personas el último sábado, tras el estado desesperante en que se encuentra el comerciante Dardo Molina, quien se encuentra internado en el HIGA.
Precisamente es la Prefectura Nacional Argentina, la que ha quedado en el ojo de la tormenta por los cuestionamientos y las evidencias que surgen de acuerdo a los comprobantes y antecedentes que se han acercado espontáneamente a la fiscalía del doctor Kishimoto. La denuncia fue efectuada de oficio por el doctor Juan Manuel Pettigiani fiscal general ante el Tribunal Oral de la ciudad de Mar del Plata.
En la misma causa el juez federal Alejandro A. Castellanos, resolvió “no hacer lugar en su carácter de secretario de Gobierno del Municipio de General Pueyrredón para ser tenido como querellante en la presente causa, Registres, notifiquese y vuelva la presente la Fiscalía Federal n° 1 a los fines de continuar con la instrucción de la misma”. Este documento fue emitido el 22 de julio de 2010. Del mismo se desprende que la propia MGP quedó en el marco de la investigación, siendo importante destacar que la emisión de los pagos debieron salir bajo el decreto de insistencia, que exigieron los funcionarios de carrera de la Municipalidad, alternativa a la que se remiten cuando no se cumplen reglas de la administración pública. De lo cual resulta que funcionarios políticos, podrían ser citados a prestar declaración indagatoria, de acuerdo a la evolución de las investigaciones
Según las fuentes consultadas, ya en el ámbito de la Administración Central, se le había advertido al Departamento Ejecutivo, sobre los riesgos que se enfrentaban actuando con una falta de control adecuada. El accionar de la Prefectura Naval Argentina ha sido producto de cuestionamientos de la población, y rebeló a muchas autoridades la autonomía, independencia y falta de rendición de cuenta de sus autoridades con asiento en Chapadmalal, objetándose cuantiosos gastos por parte de la Comisión de Foros de Seguridad, que ha seguido con puntillosa atención la marcha del gasto y ocupándose de lo que se denomina como la “ruta del dinero”, de los gastos y el destino de los insumos, que habrían violado sistemáticamente el espíritu del Plan Integral de Protcción Ciudadana.
En la causa la justicia federal, ha sido designado un perito contable, debido a especialidad que requiere echar claridad sobre el destino de $ 13.800.000 que corresponde al 50 % del total asignado en julio de 2009 al intendente Gustavo Pulti, en un convenio que fue firmado además por el ex ministro de Seguridad Carlos Stornelli, el ex jefe de gabinete de Ministros Sergio Mazza y el ex secretario General de la Gobernación José Scioli, en un acto de campaña electoral celebrado en la Biblioteca Municipal.
Jorge Elías Gómez
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