El próximo miércoles 5 de junio la Comisión de Acuerdos del Senado que preside el peronista Rodolfo Urtubey se reunirá para tratar 11 pliegos de jueces federales. Uno de los postulantes es Federico Hooft, hijo del Juez provincial Pedro Hooft, quien fuera acusado falsamente de delitos de lesa humanidad durante el kirchnerismo para ser sobreseído definitivamente el 1 de marzo de 2018. Durante el largo proceso, que duró 12 años, el letrado integró el cuerpo de abogados que defendió a su padre.
Actual Secretario Federal del Juzgado 3 de Mar del Plata, Federico Hooft fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Juez titular del Juzgado 1 de aquella ciudad, que se encuentra subrogado desde 2015, cuando el Juez Alejandro Castellanos fuera designado el 25 de septiembre de aquel año por la ex presidenta Cristina Kirchner como vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Salta. El hijo del magistrado provincial fue impugnado en las últimas horas por organismos de derechos humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), y la agrupación H.I.J.O.S., entre otros. Dichas impugnaciones son idénticas a las presentadas por las mismas organizaciones ante el Consejo de la Magistratura en septiembre de 2018 y ante el Ministerio de Justicia a comienzos de este año, siendo rechazadas en ambos casos.
De acuerdo al tenor las mismas, y pese a que se afirma lo contrario, las impugnaciones apuntan principalmente en dos direcciones, vinculadas claramente entre sí: en primer término, a la causa penal contra el padre del Dr. Hooft, aunque aquel haya sido sobreseído hasta por la propia Corte Suprema, es decir, por el máximo Tribunal del país, y absuelto 4 años antes por un Jury de enjuiciamiento.
Por otro lado, las impugnaciones se dirigen hacia la denuncia que oportunamente presentara el postulante contra algunos representantes del Ministerio Púlbico Fiscal, quienes ya no revisten funciones en Mar del Plata, a partir de la “confesión” de uno de ellos sobre el armado de la causa contra el Juez Pedro Hooft. Vale decir que en determinados ámbitos judiciales de la ciudad, dicha denuncia no agradó demasiado. Un abogado conocedor del mundillo judicial local le dijo a este medio que por este caso “salió a la luz la corporación. En vez de recalar en que se estaba persiguiendo a un hombre inocente, prefirieron protegerse entre ellos descalificando a Federico Hooft, quien lo único que estaba haciendo era defender nada menos que a su padre”.
El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad el 6 de mayo de 2006 mediante una querella criminal iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo por entonces del fallecido Eduardo Luis Duhalde. Los términos exactos de la denuncia fueron “engranaje funcional y partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad”. Al magistrado se lo acusaba de haber “cajoneado” Hábeas Corpus presentados en su Juzgado en 1977, ante detenciones ilegales ocurridas en lo que se llamó “La noche de las corbatas”,
donde entre el 6 y el 13 de julio de aquel año fue secuestrado un grupo de abogados laboralistas marplatenses.
El 5 de marzo de 2013 el juez fue suspendido provisoriamente en sus funciones y privado del 40% de su sueldo. Un año después, en abril de 2014, un Jury de enjuiciamiento presidido por el Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires Juan Carlos Hitters absolvió al magistrado con un contundente 8 a 2 y decidió restituirle su cargo y su sueldo completo. Pero la causa continuó.
El único testimonio incriminatorio contra Hooft fue el de la esposa de una de los juristas desaparecidos, Marta García, cónyuge de Jorge Candeloro, quien afirmó haber visto al Juez en la Comisaría Cuarta de la ciudad, que oficiaba en aquellos años como Centro de Detención, y no haber hecho nada por los detenidos en forma ilegal. Algunos de los fundamentos en los votos de los miembros del Tribunal fueron contundentes respecto a este hecho: “Las expresiones de la señora García resultan ser muy vagas e imprecisas”; ““Resulta poco creíble que (Marta García) reconociera su voz, cuando jamás había hablado con Hooft; “No puedo dejar de expresar mi perplejidad ante una nueva mutación en la declaración de la testigo, diciendo ahora que cuando escucha decir que viene el Juez Hooft se asoma por la mirilla de su celda y ve al acusado. Asombro porque al comparar los dichos de la testigo con la realidad material que no requiere de prueba, es que las mirillas de las puertas ciegas de las celdas se encuentran del lado de afuera de las mismas, no del lado de adentro, están de ese modo para ser abiertas y cerradas por los carceleros”.
Pese a que el 13 de septiembre de 2016 la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ratificó la resolución del Jury, la causa continuó. Hasta que la propia Corte de la Nación el 28 de febrero de 2019 confirmó la absolución de Pedro Hooft, por lo que un día después, el 1 de marzo, el juez de la causa, Martín Bava, decidió sobreseer al Juez, alegando que “los dichos de Marta Garcia son inconsistentes y el delito no fue cometido por el imputado. Los hechos que son objetos de investigación en la causa penal eran los mismos que investigaron en el Jury de enjuiciamiento”. El problema fue que en el medio pasaron 4 años de persecución.
El episodio quizá más trascendente ocurrió el lunes 11 de marzo del año 2013, seis días después de la suspensión del Juez, a las 19:45 hs, cuando su hijo y abogado, Dr. Federico Hooft, se acercó a la casa del Fiscal Federal Subrogante Claudio Kishimoto, que procuraba la causa. Allí, el representante del Ministerio Público confesó que la causa era “un gran verso”. El hecho tomó estado público porque el Dr. Hooft grabó toda la conversación con el Dr. Kishimoto. Este acto representa quizá la impugnación más importante que le hacen los organismos de derechos humanos. Pero olvidan que, no sólo la propia Cámara de Casación Penal convalidó posteriormente aquella grabación otorgándole valor probatorio, sino que no reparan en el grave hecho de que un Fiscal Federal de la Nación estaba reconociendo nada menos que el armado de una causa.
En una de las impugnaciones, se sostiene que “Federico Hooft en una actitud abiertamente ilegal, grabó y filmó en forma inconsulta a Kishimoto cuando este se encontraba desarrollando la investigación, violando así el derecho a la intimidad”. La ilegalidad referida no es tal desde el mismo momento en que el 21 de septiembre de 2016, la Sala III de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación, a instancias del propio Fiscal Javier De Luca, quien nunca ocultó su pertenencia a Justicia Legítima y quien desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, sostuvo que “Hooft (h) precisamente realizó la grabación en el convencimiento de que su padre estaba siendo víctima de una persecución política y judicial ilegítima preñada de ilicitudes”. El Dr. De Luca, en su dictamen, había sostenido que “la conversación captada no puede ser considerada lesiva del derecho a la privacidad”. Más aún, el Fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Dr. Juan Manuel Pettigiani, confirmó en su momento ante Escribano Público, que Kishimoto le había dicho lo mismo a él que a Federico Hooft. Pese a ello, nunca fue llamado a ratificar lo dicho ante la Justicia.
En el diálogo entre Kishimoto y Hooft, que este medio pudo escuchar en forma íntegra, el Fiscal afirmó que “me pusieron el pedido de indagatoria en el escritorio y me dijeron “Firmalo así”. Adler (N de R: Fiscal de Cámara de Mar del Plata) me puso una pistola en la cabeza. Si no pedía el procesamiento me iban a cortar la cabeza”. Y no dudó en asegurar que “esto es un verso. Un gran verso”. En su defensa, el hoy Fiscal en Santa Fé, alegó que “Hooft lo encaró como un energúmeno”, y que por eso le dijo lo que le dijo para sacárselo de encima. En la grabación, no se advierte para nada lo dicho por el letrado. Es más, se denota una charla amena y cordial, pese a la gravedad de los hechos a los que hacían referencia. De la misma manera se despiden. Así lo dijo Casación: “Del tenor de la conversación grabada no se infiere en modo alguno que al momento de entablar el diálogo el mentado Kishimoto haya sufrido algún amedrentamiento que permita sostener que sus dichos no respondieren a su libre voluntad. La escucha permite notar a un Kishimoto muy locuaz en sus alocuciones”. Para concluir que “no puede sostenerse que el nombrado haya sido coaccionado”.
Luego de las confesiones del Fiscal, Federico Hooft presentó una denuncia penal contra él y Daniel Adler, entre otros. También denunció a Pablo Larriera, ex fiscal subrogante en Mar del Plata y quien procuró la causa en sus inicios. Casualmente Larriera, también reconocido integrante de Justicia Legítima, fue designado camarista en Bahía Blanca, y quien en una reciente resolución, prefirió no expedirse sobre el accionar de Alejo Ramos Padilla por el cual el hoy juez de Dolores podría ser investigado. La denuncia mencionada originó una impugnación por parte de APDH, alegando que el postulante persiguió a querellantes y víctimas de delitos de lesa humanidad. Este medio pudo confirmar que en el Juzgado Federal 1, cargo para el que el Dr. Hooft ha sido propuesto y que actualmente subroga el Juez Santiago Inchausti, tramitan cerca de 20 expedientes vinculados a lesa humanidad, y en la totalidad de dichas causas no se registran recusaciones contra él por parte de quienes hoy lo impugnan. Más aún, en algunos procesos los impugnantes también se han presentado como querellantes.
También a Federico Hooft se lo acusa de amenazar al ex camarista Jorge Ferro y al actual Presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, para exigirles que investigaran a los querellantes de la causa contra su padre. Este hecho ya era conocido previamente, y en su momento, este medio habló con uno de los posibles damnificados, quien desmintió rotundamente que aquel hecho haya ocurrido.
Una impugnación corrió a cargo de Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien dijo de Federico Hooft que “posee una escasa adecuación al perfil requerido”. En ese sentido, el examen psicotécnico al que fue sometido, como son sometidos todos aquellos que concursan para ser Juez de la Nación, salió “Apto”. Como dijo un abogado consultado, “si no hubiese salido así, no estaríamos hablando en estos momentos”. Es otras palabras, su pliego jamás podría haber ingresado al Senado. Y agrega: “En la aprobación o no del pliego, se podrá comprobar la fortaleza que aún conservan los organismos de derechos humanos”. Vale decir que para sostener su aspiración, el Dr. Hooft presentó más de 230 avales.
La persecución contra su padre, el Juez Pedro Hooft, se habría originado en fallos condenatorios a policías torturadores (ver fallo del 25 de julio de 1979 por torturas al médico Francisco José Vázquez), y a su actuación durante el recordado caso llamado “El loco de la ruta”, donde el magistrado procesó al ex fiscal ante el TOF Mar del Plata Marcelo García Berro, donde se investigaba las extrañas muertes de varias prostitutas entre fines de los ´90 y principios de los años 2000. El Procurador de entonces, Dr. Nicolás Becerra, apartó a García Berro de sus funciones en el año 2002. Entre 1976 y 1983, el Magistrado dictó sentencias condenatorias en al menos siete causas contra policías por los delitos de torturas, apremios, vejámenes ilegales y privación ilegal de la libertad.
A su vez, el jueves 2 de diciembre de 1976 a las tres de la madrugada, el juez sufrió un atentado cuando de un automóvil descendieron dos personas abriendo fuego con itakas contra su vivienda particular, ubicada en Laprida y Sarmiento, haciendo blanco en las diferentes ventanas. Es que la temible Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), a cargo de Ramón Camps, había tildado a Pedro Hooft en un informe interno como “no partidario de la filosofía actual del Proceso (de Reorganización Nacional)”.
La defensa del Juez Pedro Hooft siempre denunció persecución y encarnizamiento personal contra su figura por parte del último Juez de la causa, Martín Bava. El mentor de dicho magistrado de la localidad de Azul fue el ex camarista de Mar del Plata Jorge Ferro, quien debió renunciar, casualmente pocos días después del sobreseimiento de Pedro Hooft, arrinconado por denuncias de trata y lavado de dinero. Ferro, como ya se dijo desde este espacio, fue designado en 2015 instructor del Sumario abierto por Alejo Ramos Padilla contra los funcionarios del Juzgado de Bahía Blanca que subrogó, y por el que deberá rendir cuentas ante la justicia.
En una curiosa mueca del destino, Bava pudo haber sido Juez de Dolores en 2008, si no fuera porque apenas obtuvo 23 puntos sobre 100 posibles en el concurso.
Por: Pablo Portaluppi
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