En esta ocasión, Pablo Fernández Abdala, Presidente del Ente Municipal de Turismo, volvió a excusarse ante la Comisión de Turismo, aduciendo mediante una nota formal, razones laborales que nadie creyó. Por lo cual el edil oficialista Héctor Rosso sinceró que “yo hablé con él y va a venir después de la elecciones”. De modo que se reiteró la invitación para el miércoles 28 del actual.
El titular del EMTUR eludió una vez más al radicalismo que había impulsado la convocatoria a fin de hacer propicia la ocasión para interpelarlo sobre la situación de las diferentes Unidades Turísticas Fiscales. Así como acerca de la utilización de la Ordenanza nº 12.299 y modificatoria, a través de la cual para mantener a los ex concesionarios hasta el nuevo llamado a licitación, se los declara depositarios regulares una vez vencidos los plazos originales de las concesiones de uso y explotación de Unidades Turísticas Fiscales.
Según denunciaron oportunamente los boinas blancas dicha ordenanza “no ha sido utilizada en forma excepcional, sino que es práctica habitual de la administración Pulti dejar vencer los plazos de los contratos de las concesiones, y prorrogar de hecho -transformando a los concesionarios en depositarios regulares- la explotación comercial de las unidades turísticas fiscales”.
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Sosteniendo, asimismo, que “el uso habitual, extensivo y prolongado en el tiempo de la misma, rompe claramente la paridad licitatoria original, dado que otorga a los ex concesionarios plazos mayores de amortización del capital invertido, alterando de este modo las ecuaciones económicas financieras originales, en desmedro no solo de los intereses públicos, sino también de aquellos oferentes que originalmente se presentaron al proceso de licitación. Esos beneficios extraordinarios usufructuados por ex concesionarios privados sin inversiones adicionales a cambio, es una transferencia de recursos públicos a agentes privados inadmisible y que solo debe realizarse, en el mejor de los casos, como un método de excepción y por un período acotado”.
Por otra parte, se iba a exigir al funcionario que brindara mayores precisiones acerca de las “…acciones de seguimiento y monitoreo” de la Unidad Turística Fiscal Santa Isabel que ha realizado el Ente y el resultado de las mismas. Puesto que la mencionada unidad habría sido ocupada ilegalmente por intrusos. Según denunciara el vecino Marcelo Alberto Lucchesi, mediante la nota 67, ingresada el 5 de junio del actual y avalada a posteriori por la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Arroyo de Chapadmalal.
De acuerdo a lo denunciado, dos funcionarias del área municipal de Cultura, que se identificaron como Paula Escarpeta y Gladys Cassanello, acompañaron a los intrusos a una reunión en la sede de la entidad vecinal, donde las mencionadas habrían solicitado “consentimiento y representación que avale a los ocupantes las actuales condiciones edilicias para actividades culturales que ya vienen realizando en el lugar, según lo expresado por ellos”.
En tanto que la Secretaría de Cultura elevó a la Comisión un informe, desentendiéndose de la cuestión, afirmando que “en ningún momento se realizaron acciones ni actividades de esta división ya que para que eso pudiera suceder se debería contar con un permiso. El cual no se tenía. Por eso no se inició ninguna acción”. Resaltando, también, que “nunca se otorgó ningún permiso de uso par ese lugar ya que no tenemos autoridad ni responsabilidad sobre su uso público”.
Roberto Latino Rodríguez
