La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner declarará este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por las ventas de “dólar a futuro”, llevada a cabo por el juez Claudio Bonadío, por la cual se encuentra acusada.
Si bien se temía que el kirchernismo parara la declaración de Cristina, esto finalmente no ocurrió. El temor se basaba en que Pedro Biscay, directivo del Banco Central, había recusado a Bonadio por presuntas falta de imparcialidad y arbitrariedad. Sin embargo, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron la recusación y dejaron al frente de la causa al juez subrayando que su decisión “no puede entenderse como indicio de la existencia de un interés especial distinto al vinculado con el esclarecimiento de los hechos”.
La presencia de Cristina Kirchner en Retiro -a cuatro meses de haber dejado la jefatura del Poder Ejecutivo- generó un mega operativo de seguridad en torno a los tribunales federales, frente a la anunciada movilización que planean militantes kirchneristas en apoyo de su líder.
En una acordada de la Cámara de Casación firmada ayer, solo podrán ingresar a tribunales los periodistas acreditados con documentos (no se permite entrada de personas con cámaras) y quedará restringido el tránsito vehicular en los alrededores.
La causa investiga las operaciones de ventas de “dólar a futuro” que, según la pesquisa habrían causado un perjuicio al erario que el juez estimó en alrededor de 77 mil millones de pesos.
Varios funcionarios, en la mira
Bonadio ya indagó al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, quien defendió la operatoria y dijo que con ello había evitado una devaluación, y a los ex vices primero y segundo de la entidad Miguel Pesce y Sebastián Aguilera.
Al ordenar las indagatorias, Bonadio había dicho que se trataba de “un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico/administrativas”, que actuaron “en violación directa de sus competencias y atribuciones”.
Las operaciones, según el magistrado, se concretaron “en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado nacional”.
