El primer candidato a senador nacional en la lista de Patricia Bullrich, diputado provincial Maximiliano Abad (en la foto junto a Alejandro Rabinovich) continúa siendo el apuntado en el caso de Chocolate Rigau. Ahora fue el Club Político Argentino, presidido por Graciela Fernández Meijide, quien se pronunció públicamente sobre el hecho.
El punto más enfático del documento titulado “No toleramos más la corrupción, ni el silencio cómplice, del partido que sea” es el foco que hace en los opositores al kirchnerismo: “Casi toda la clase política ha naturalizado estas prácticas”.
“Pese al escándalo, no hubo condena alguna de los jefes opositores en la Legislatura, entre los que están el radical Maximiliano Abad, candidato a senador nacional de Patricia Bullrich, y Adrián Urreli, del Pro y muy ligado al aspirante a la gobernación Néstor Grindetti”, expresan en el documento.
En una fuerte declaración institucional, el Club Político Argentino (CPA) denunció el avance de las prácticas corruptas del kirchnerismo y “el silencio cómplice” de los partidos de la oposición, en relación al denominado caso Chocolate y los desmanejos de fondos en la Legislatura bonaerense.
La agrupación de intelectuales que preside Graciela Fernández Meijide consideró que ese escándalo revela “la extensión y la transversalidad de la deshonestidad” en la política argentina. Julio “Chocolate” Rigau fue sorprendido por la policía en un cajero automático con 48 tarjetas pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados provincial.
El caso, según el CPA, “resume lo peor de la política argentina: representantes electos que malversan recursos públicos, traicionan a sus votantes y deslegitiman la política democrática”.
Chocolate Rigau es un puntero del peronismo contratado como empleado en la Legislatura. Luego de ser arrestado in fraganti por la policía bonaerense, un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata decidió su liberación y la anulación de la causa porque consideró que había fallas técnicas en el procedimiento de detención. Pese al escándalo, no hubo condena alguna de los jefes opositores en la Legislatura, entre los que están el radical Maximiliano Abad, candidato a senador nacional de Patricia Bullrich, y Adrián Urreli, del Pro y muy ligado al aspirante a la gobernación Néstor Grindetti. Sin embargo, el bloque de diputados bonaerense de Juntos por el Cambio emitió luego un comunicado donde pidió “ir a fondo y esclarecer los hechos” y propuso repensar el funcionamiento de la Legislatura.
“Que la fuerza gobernante en la nación y en la provincia impulse y convalide la corrupción no sorprende. Se trata de un partido que alumbró al menemismo y al kirchnerismo, que llevaron al paroxismo el uso del estado para fines privados -advierte-. Indigna en cambio la complicidad de las principales fuerzas opositoras, que llenan sus discursos de promesas de institucionalidad y ética republicana. La participación en prácticas corruptas por parte de partidos como la UCR, el PRO o La Libertad Avanza no solo implica un más alto nivel de hipocresía, sino un mucho mayor nivel de vulnerabilidad electoral: sus votantes los apoyan en buena medida por sus promesas de conducta ética. Hechos que apenas afectan a partidos ‘fisiologistas’, pueden ser letales para fuerzas que se jactan de sus estándares morales republicanos”.
Desgrana el comunicado las justificaciones, que considera “remanidas” y “falsas”, de este tipo de actitud. Alude primero a la expresión “son unas pocas manzanas podridas” y la refuta así: “La evidencia de muchos años de escándalos (que son solo una pequeña parte de lo que realmente sucede) muestra que estas prácticas son la regla, no la excepción. Los cuerpos legislativos, los ejecutivos nacional, provinciales y municipales (incluyendo empresas públicas y universidades) y los órganos judiciales, están corroídos por las designaciones de militantes, familiares y “ñoquis”, por la contratación de empresas “amigas”, y por la concesión de prebendas a sindicalistas y “líderes sociales” que, como Marcelo Balcedo o Emerenciano Sena, gozan de inexplicable opulencia”.
Otra justificación clásica es aquella de que la política necesita financiación y que “todos lo hacen”. “Estos argumentos admiten, con candidez o cinismo, el robo de recursos públicos, e intentan ocultar que buena parte de los recursos malversados se destina al beneficio privado de los funcionarios. De todas formas, sea para ‘hacer política’ o para comprar mansiones y autos, el robo es robo. Punto”, subraya el Club Político.
Es entonces cuando señala a los legisladores de la oposición bonaerense por su silencio ante el escándalo. “Tristemente, nadie puede tirar la primera piedra. La colusión es ya constitutiva de nuestra política. Quienes ingresan a ella con objetivos idealistas, rápidamente aprenden los ‘códigos’, incorporan los ‘sobreentendidos’ y racionalizan las prácticas que venían a combatir”.
Y, como si se anticiparan a la respuesta de los partidos que integran Juntos por el Cambio, indican: “Sí, la vara es más alta para los partidos que enarbolan banderas éticas. Es razonable que los votantes, los medios y las organizaciones de la sociedad civil preocupados por la podredumbre moral de la política argentina exijamos más de quienes prometen transparencia y decencia”.
Los intelectuales recuerdan el escándalo de las coimas en el Senado, del año 2000, que precipitó el colapso de la Alianza (que Fernández Meijide integraba).
“La UCR y el Frepaso fueron electoralmente diezmados, y la política enfrentó su peor crisis de legitimidad. El peronismo en cambio salió indemne, recuperando la presidencia a fines de 2001 y conservándola hasta 2015. Las fuerzas que dicen oponerse a la corrupción kirchnerista tienen mucho para aprender de esta historia”, concluye la declaración emitida este martes.
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