El Concejo Deliberante de General Pueyrredon manifestó de forma unánime a través del Decreto N° 100 su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense por el cual se anuló una condena por corrupción de menores en perjuicio de 2 niñas de familias de escasos recursos.
El argumento planteado por el Tribunal fue que “viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que además “poseían experiencia sexual”.
Reunidos en la Comisión de Labor Deliberativa los presidentes de los bloques políticos que integran el HCD además manifestaron su “preocupación por la posición asumida por los magistrados Horacio Piombo y Ramón Sal Llargués” y recordaron que “el primero de ellos ejerce como docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata”.
En los fundamentos del decreto se consideró que “la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos discrimina por condición social, género y edad y hace una interpretación y aplicación aberrante del derecho vulnerando los más básicos postulados de razonabilidad y justicia social”.
El 8 de septiembre de 2004, el Tribunal Criminal Nº 4 de Morón resolvió condenar al imputado a 18 años de cárcel por cuádruple abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un ministro de culto, en concurso ideal con dos hechos de promoción de la corrupción a menor de edad calificados por intimidación, todos en concurso real entre sí. Tiempo después, se revocó la condena y se ordenó la excarcelación.
