El Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela, con la intervención del fiscal Juan Manuel Pettigiani, comenzó este lunes el juicio oral a 11 imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado, haberse obtenido el pago del rescate y por la participación en los hechos de más de tres personas entre el 2012/13.
Los imputados Cristian Daniel Rondón, Natalia Soledad Leguizamón, Juan Nicolás Laricchia, Cristian Damián Prieto, Jesús Alberto Veliz, Roberto Atilio Ravainera, Cristian Ramiro Gómez, Eduardo Maximiliano Damián Goncebatte, Leonardo Miguel Parisotti, Ulises Saúl Omar Arbizu y Walter Gustavo Salazar, serán juzgados por varias semanas.
El primero de los hechos investigados se produjo el 28 de diciembre de 2012, cuando Rodrigo Cristino circulaba por la ruta 226, minutos después de las 4, allí fue embestido por otro vehículo, que le provocó un trompo y lo obligó a detenerse. Inmediatamente dos personas armadas lo redujeron y lo ingresaron a otro automóvil. Desde el celular, llamaron a su padre y también a su esposa bajo amenaza de muerte, quienes debieron pagar un rescate de 120 mil pesos y 220 mil dólares, junto con un reloj marca Rolex y un anillo de oro, para su liberación. Por este hecho están acusados Rondón, Gómez, Arbizu, Salazar y Goncebatte.
Asimismo, el 28 de mayo de 2013 alrededor de las 7:45, fue interceptada Daiana Domenéz cuando sacaba el auto para ir a trabajar del garaje en su casa situada en avenida Tejedor al 900. Allí, fue abordada por tres personas que la obligaron a subir a un vehículo y le colocaron un pasamontañas al revés para impedir la visión. Hicieron que ella misma, desde su celular, les avisara a sus padres de la situación, y mientras tres de los secuestradores circulaban con la víctima en el rodado, otros se comunicaban con su familia para pedir el rescate en dinero. La entrega ascendió a 31.600 pesos y 22.200 dólares, que el padre de la víctima tuvo que retirar de la caja de seguridad de un banco ubicado sobre la avenida Independencia. Pasado el mediodía, la joven fue liberada cerca del mercado Frutihortícola. En este hecho están implicados Rondón, Prieto, Ravainera, Leguizamón, Laricchia, Gómez y Goncebatte.
Por su parte, el secuestro que cobró mayor trascendencia pública fue el que tuvo como víctima a Guido Materia, hijo del reconocido empresario marplatense. El 27 de agosto del 2013, el joven concurrió como todos los días a estudiar a la Universidad situada en Olavarría entre Gascón y Falucho. Cuando salió de la misma, pasadas las 10, fue a su camioneta que había dejado estacionada en Alvear casi Gascón y allí fue interceptado por un sujeto calvo, que -junto a otra persona- lo ingresó violentamente a su vehículo. El hombre calvo se sentó en el asiento de conductor y la víctima y el otro secuestrador fueron al asiento trasero. Allí, Materia fue golpeado y también se le exhibió una pistola 9 milímetros. Sentado detrás del asiento de acompañante, donde van las piernas, transitaron unas 15 o 20 cuadras, hasta cambiar de rodado.
Le pidieron el teléfono de la madre y le exigieron dos millones de dólares a cambio de la libertad. En medio de las negociaciones, fue llevado hasta una vivienda situada en De los Reservistas al 2100, donde permaneció -con ropa sobre su rostro- unas cuatro horas. Cerca de las 14, luego de que el abogado de la empresa de la familia Materia y la madre del joven depositaran en una obra en construcción el dinero acordado -que sumaba unos 110 mil dólares, entre pesos y dólares-, los captores llevaron a Materia hasta Guanahani al 7200 donde lo abandonaron a bordo de un automóvil robado. Por este último hecho llegan a juicio Veliz, Leguizamón, Parisotti y Goncebatte.
En lo que concierne a la investigación, en agosto de 2013, el fiscal general Daniel Adler había solicitado la colaboración de fuerzas de seguridad federales para investigar los secuestros extorsivos, que sumaban siete en menos de un año, bajo la misma modalidad: se pagó el rescate, se liberó a la víctima, intervino la policía bonaerense y sólo en uno se pudo recuperar parte del dinero.
Un mes después, la investigación de Carlos Martínez, entonces a cargo de la Fiscalía Federal 1, derivó en 25 allanamientos en Mar del Plata, que arrojaron la detención de seis personas, el secuestro de 17 armas, cinco vehículos y dinero en efectivo.
Al asumir como titular del Fiscalía Federal 1, la causa cayó en manos de la fiscal Laura Mazzaferri, cuyo trabajo investigativo permitió dar con los últimos dos prófugos de la banda a mediados del 2015: Parisotti y Goncebatte, quien es acusado de haber participado en los tres hechos y ser la persona a cargo de las negociaciones con las familias de las víctimas.
La fiscal, cuatro meses después, requirió la elevación a juicio parcial -que luego complementó durante el 2016-, donde describió los diversos roles que cumplían los imputados: algunos estaban encargados de hacer el seguimiento y captura de las víctimas, otros de las negociaciones telefónicas, y otros del monitoreo y control para concretar el pago del rescate.
Foto: Canal 10