Política

Caso D’Alessio: Daniel Santoro solicitó la destrucción de un informe con sus llamadas telefónicas en defensa del secreto profesional periodístico

Los abogados del periodista de Clarín pidieron al juez Ramos Padilla que anule una expediente que contiene todas sus llamadas de los últimos tres años.

 

Los abogados de Daniel Santoro pidieron el lunes al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla la destrucción inmediata del informe con las llamadas entrantes y salientes del celular del periodista de Clarín existente en la causa D’Alessio para evitar una violación al secreto profesional periodístico consagrado por el artículo 13 de la Constitución Nacional y varios tratados internacionales.

Los letrados Mauricio de Nuñez y Guido Sciarreta advirtieron que la difusión de ese informe con las llamadas de los últimos tres años constituyen una radiografía de las fuentes de información del periodista las cuales han asumido riesgos laborales y hasta sobre su integridad física al darle información para sus investigaciones. La Constitución reformada de 1994 consagra el secreto profesional periodístico y, además, fallos de la Cámara Federal porteña en los casos Thomas Catan y Matías Longoni lo extendieron a las comunicaciones, las libretas de apuntes y los documentos de los periodistas, entre otros antecedentes.

 

Santoro fue indagado el 17 de julio pasado por el juez Ramos Padilla y el fiscal Juan Pablo Curi como sospechoso de integrar una supuesta banda de espionaje nacional e internacional que había liderado D’Alessio y en las próximas semanas el magistrado deberá definir su situación procesal. En la indagatoria el periodista respondió todas las preguntas y pidió la destrucción de ese informe de Telefónica con todas sus llamadas lo que fue avalado por FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, El Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, el constitucionalista Daniel Sabsay y una solicitada firmada por más de 600 periodistas, entre otros. Santoro fue uno de los más de 20 periodistas que tenían a D’Alessio como fuente y el único en ser llamado a indagatoria. El debate sobre los derechos de Santoro se convirtió en un caso testigo parala protección de las fuentes en Argentina y el resto de América Latina.

En un largo escrito, los abogados del periodista recordaron que esa medida de prueba “fue propiciada por el señor Fiscal Federal y adoptada por Vuestra Señoríacon mucha antelación con respecto al momento en que Daniel Santoro fuera convocado por este Tribunal a prestar declaración indagatoria”. En febrero cuando se abrió la causa fotos personales de Santoro, la dirección de su casa y otros datos privados fueron sacados de la causa y ampliamente difundidos por medios K, lo que constituye un antecedente preocupante para este debate.

“Ello impidió al nombrado y a esta defensa técnica a cuestionar y/o controlar en su caso respecto de la medida dispuesta por el Tribunal.Esa imposibilidad de ejercer todo tipo de control para la producción de dicha pruebaafectó el derecho de defensa y el debido proceso de los que goza nuestro defendido. En tal sentido la afectación constitucional es específica y concreta”, agregaron los abogados.

“Esta medida fue solicitada y, consecuentemente, ordenadasin haber recogido una imputación concretarespecto de Santoro ya que las simples menciones de los dictámenes fiscales no incorporan una descripción de hechos puntuales ni imputación sino que simplemente se deslizó una sutil referencia a nuestro defendido que, de ningún modo, justifica ni amerita el libramiento del pedido realizado”, añadieron.

En su indagatoria, Santoro “tampoco relevó el secreto profesional que protege sus fuentes y, conforme surge de esta presentación, tampoco lo hará ni lo consentirá”.

Los letrados destacaron que “la labor periodística, y en este caso la cobertura de casos judiciales y de corrupción estatal -como los que suele cubrir el señor Santoro- donde se compromete el normal funcionamiento de distintos estamentos institucionales y su posible enredo con factores del crimen organizado, remite a un contexto de opiniones sobre temáticas vinculadas con el interés público”.

“En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones que afectan bienes sociales y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”, según estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Kimel vs. Argentina”.

La carta magna argentina destaca que “entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal”.

“Es evidente que también se pone de manifiesto que lo que también se encuentra en juego es el principio de la racionalidad de los actos de gobierno, el cual encuentra anclaje en la forma republicana y el sistema representativo y federal que adopta la Constitución Nacional sobre cuya base se resguarda la libertad de expresión y de opinión por medio de la prensa, la cual no admite ningún tipo de censura”, agregaron los abogados de Santoro.

En el orden supranacional la libertad de expresión y el deber inexcusable para los hombres y mujeres de prensa de resguardar la confidencialidad de las fuentes sobre cuya base se nutre en la Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.

En esta línea, el Dr. Germán Bidart Campos, constitucionalista reconocido, postuló que entre los aspectos fundamentales de la libertad de expresión “se destaca el libre acceso a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas y de resguardar razonablemente en el secreto la fuente de donde esas noticias se han obtenido”.

Es secreto profesional periodístico “el reconocimiento del derecho del periodista a no revelar toda la información, o la manera en que ha sido conseguida, para proteger a las fuentes, a sí mismo y a su ejercicio profesional”. En este sentido, el constitucionalista Gregorio Badeni sostuvo que “con frecuencia, la posibilidad de obtener información de manera lícita por los hombres de prensa, está condicionada a no divulgar la fuente de esa información”. “Se trata de una de las reglas básicas en el arte del periodismo a cuyo estricto cumplimiento está condicionada la credibilidad que pueda merecer el periodista en quienes le suministran la información, y la posibilidad de proseguir contando con un caudal importante e interesante de datos novedosos…”, agregó Badeni.

“Ese secreto periodístico profesional al que venimos haciendo referencia y respecto del cual Santoro nunca autorizó a transgredirlo y violarlo como se lo está haciendo, no significa únicamente que el periodista decida no publicar algunos datos sino quesupone la posibilidad de ocultarlos si lo considera necesario”, agregaron los abogados.

Entonces, “el secreto profesional es un derecho del periodista y este reconocimiento lleva intrínseco un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado y este es el deseo de nuestro defendido tal como lo adelantó en su indagatoria”.

Más aun cuando se pretende darle acceso a todas las partes de la causa “a los registros telefónicos de llamadas bajo la titularidad de nuestro defendido con respecto múltiples personas durante el lapso de tiempo sumamente extenso que supera ampliamente el período bajo supuesta investigación”. “Tan amplio fue el pedido cuestionado como la vaguedad y ambigüedad con la que se describieron los hechos imputados a nuestro defendido en su indagatoria del pasado 17/7/19, lo cual será también motivo de discusión”, pusieron de manifiesto.

Ahora bien, la Constitución Nacional señala textualmente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

Desde que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuese aprobado, el derecho al secreto profesional ha constituido una de las reivindicaciones tradicionales de los periodistas, con resultados diferentes en cada país. Ya es reconocido (aunque en distintos grados) por los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países democráticos con un sistema de prensa considerado independiente (Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Haití, Indonesia, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Malasia, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y Yemen. No obstante, hay países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña y algunos estados de Estados Unidos en donde se lo niega.

Pero en la Argentina “tal obligación de preservación de la identidad de la fuente periodística no admite discusión alguna: el periodista que fuese forzado -aun judicialmente a revelar sus fuentes automáticamente dejaría de ser periodista”.

El secreto profesional “(resguardo de la confidencialidad de la fuente) comprende el derecho de los periodistas a guardar sigilo incondicionalmente sobre la identidad de sus fuentes informativas ante el director de la empresa, las autoridades administrativas, parlamentarias y judiciales”. Entonces la decisión del juez “encaminada a forzar a un hombre de prensa como Santoro a exponer sus fuentes y/o deducir las mismas a partir de las cuales nutre su información que va recogiendo y que se refiere a episodios de alto voltaje político y de subida transcendencia institucional colisiona contra la elemental lógica de un sistema republicano”.

Los abogados destacaron que si eventualmente el juez Ramos Padilla convalida “tal circunstancia podría generar un grosero mecanismo de auto censura en la actividad periodística”.

La decisión de “permitir acceder a los registros de las fuentes de información de un periodista no solo atenta contra la propia labor del profesional sino también contra las mismas fuentes ya que, como dijo Santoro en su indagatoria, él debe proteger sus fuentes que, valga la redundancia, resultan ser la fuente de su trabajo periodístico”.

Entonces, la República Argentina “caería llegado el caso (y eventualmente) en posición de responsabilidad internacional en caso de permitir el acceso a la información que surge de este legajo de prueba, por cuanto a partir de su propia decisión soberana está obligada a acatar los estándares jurisprudenciales que hubo trazado dicho organismo supranacional (ej. “Kimel”, Fontevecchia, D´ Amico, Verbistky, entre otros)”.

En estas circunstancias, “huelga sostener, sin mayor esfuerzo, que dicha medida se encaminó -de modo indisimulable- a conocer los contactos de Daniel Santoro y por ende-a averiguar la identidad de sus fuentes periodísticas de información, lo cual se encuentra vedado. Y allí el agravio constitucional que conlleva a la procedencia del planteo nulificante dado que se viola directamente la garantía constitucional de ver preservada la identidad de las fuentes de información del periodista en el ejercicio específico de su profesión”.

Fuente: Clarin

2 Comentarios

  1. Fuerza Daniel Santoro, es una vergüenza como te quieren perjudicar.

  2. quieren que la gente no sepa,no diga ni hable…venezuela viene en camino…depende de nosotros…