Tres meses después de comenzada la crisis del gas oil, con camiones detenidos en 23 provincias del país y el linchamiento de un chofer en Daireaux ocurrido el domingo, la familia Moyano que domina el sindicato llegó a tomar la decisión de declarar el estado de alerta del Sindicato de Camioneros, que lideran entre Hugo y Pablo Moyano, quienes se reparten entre la CGT, la confederación, las cabinas de peajes, el oficialismo, la oposición a Alberto Fernández e Independiente. Sonaba raro pero faltaba la palabra de un gremio tan combativo, cuando miles de choferes ven afectada sus fuentes de trabajo y sus ingresos mensuales.
El negocio de la familia Moyano de raigambre marplatense, son los afiliados no los autoconvocados, queda absolutamente claro.
Por mucho menos de lo que está ocurriendo como es el desabastecimiento general del país, los Moyano han paralizado a empresas de transporte logístico, bloqueando rutas y dejando a poblaciones sin recolección de residuos y otros servicios a muchas ciudades, donde acceden a privilegiados contratos. Mar del Plata no es la excepción, sino que es la cuna, así como el kirchnerismo arrancó en Santa Cruz y ampliaron su emporio a través de la política desde 2003 hasta el 2015 y desde el 2019 hasta la fecha. Moyano es transversal al peronismo arrancó con Carlos Menem y siguió con el matrimonio Kirchner.
Un aliado de la familia Moyano es el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, que ha facilitado la ejecución de contratos de Transportes 9 de Julio y su subsidiaria CIAGESER que se ha emancipado, comenzando a absorber a la empresa titular del contrato de adjudicación de la recolección, ocurrida durante el mandato del ex intendente Gustavo Pulti.
A tal punto llega el entendimiento con el actual gobierno municipal, que tras la caída del contrato a cargo del CEAMSE por el tratamiento del predio de disposición final de residuos y sus lixiviados, el EMSUR ha avanzado en contrataciones directas y prórrogas a un club de sociedades que actúan en una especie de unión transitoria de empresas de hecho, pero que en realidad se acompañan en las ofertas, siendo CIAGESER la denominadora común. Se trata de la más cuantiosa suma de recursos públicos a manos privadas, vía el cobro de la Tasa de Servicios Urbanos.
Hoy existe un sobreprecio tal cual es la modalidad de estos convenios entre la comitente y la contratista, tal cual se impulsó con las fotomultas rubricadas por un decreto del intendente Montenegro, que dio vía libre a una multimillonaria adjudicación por el término de 20 años, que compromete a futuras administraciones.
A muy poco de haber asumido el intendente Guillermo Montenegro, le estampó la firma a un fulgurante ascenso en la planta política de la MGP en el cargo máximo de la Oficina de Defensa del Consumidor, al hijo de Eva Moyano.
Por otra parte, cumplido el plazo ya está decidida la prórroga que beneficiará a la actual adjudicataria de la recolección de residuos y se evalúa como se sobrellevaría incumplimientos tributarios, que según especialistas de fuentes consultadas podría ascender a sumas similares a las del grupo de Cristóbal López.
El contrato de la recolección de residuos de la MGP, ya pisa presupuestariamente la masa salarial del Sindicato de Trabajadores Municipales, cuyas actualizaciones salariales no cuentan con la misma suerte en el Departamento Ejecutivo.
Las re determinaciones de precios del EMSUR cómodamente pasan los filtros del Honorable Concejo Deliberante, que de manera alegre se convierte en el ámbito de lavado de una serie de irregularidades que ya son “vox populi” en toda la ciudad. Otras áreas de la administración central podrían también estar comprometidas.
El ex tesorero del Sindicato de Camioneros, Lorenzo “Toto” Alderete formó parte de la conducción del gremio aunque se desligó de la misma, ganándose la adversidad de sus autoridades, que han acostumbrado a resolver los temas de diferencias de cualquier orden, no apelando precisamente a modos de práctica urbana.
Dijo “Toto” Alderete a mdphoy.com: “Quienes deseen acceder al permiso para la conducción de camiones deben pagar $ 13.000.- para la renovación cada 2 años entre 20 y 45 años, una vez cumplida esa edad el valor asciende a $ 50.000.- por cada trabajador, además de la afiliación que significa el pago de la cuota sindical y la obra social”, que sirven para ir solventando los gastos del sindicato. Esta es una operatoria instalada en varios municipios y una fuente de recaudación constante.