Política

Afiches contra CFK: declaró empleado de imprenta, pero no identificó quién encargó

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Francisco Serrano, el empleado de la imprenta de Lanús que estaba acusado de haber cobrado por los afiches contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, declaró esta tarde ante el fiscal porteño Mauro Tereszko pero no pudo identificar a la persona que le encargó el trabajo. “Aportó audios y números de teléfono pero no identificó a ninguna persona porque usaban un nombre de pila”, dijo una fuente judicial a Infobae.

El empleado no identificó a Nilda Lilian Melhem, la jubilada de 61 años identificada por un remisero de Uber,  Emanuel Montiel, quien llevó el dinero hasta la imprenta y fue rastreado por la patente de su auto.

Serrano trabajaba para la imprenta “Vía Graphic” y le habría confesado la maniobra por teléfono a su ex jefe, quien declaró en otra causa paralela que se inició por una denuncia del publicista Enrique “Pepe” Albistur, amigo del presidente Alberto Fernández. “No dejó de ir a trabajar por este tema, estaba en un proceso de cambio de trabajo”, dijo una fuente de su defensa.

El empleado tenía que presentarse a declarar el miércoles ante el fiscal Tereszko, pero pidió una prórroga hasta hoy. Aunque en un comienzo había designado a un defensor oficial, llegó acompañado por el abogado Nicolás Maciel.

Serrano ya había aportado su teléfono ante la Justicia, donde estarían los detalles de la maniobra. Sin embargo, hasta ahora no se procedió a la apertura de ese aparato.

El miércoles ya habían declarado Darío y Christian Méndez, los autores de la pegatina en distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires. Ratificaron que los contrató Serrano y que cobraron unos $80 mil (el trabajo era por $90 mil pero Serrano se quedó con una comisión). Ante las preguntas del fiscal, aseguraron que no sabían quién fue el autor intelectual de la maniobra.

“Primero ingresé la camioneta de culata sobre la entrada que está próxima a la garita, y personal de la empresa cargó la camioneta con los afiches. Luego de que la cargaron, dejé la camioneta estacionada en la calle, y me dirigí a la parte donde están las oficinas, ingresé por una escalera, me atendió una chica, joven, me volvi a anunciar a nombre de Francisco, y la empleada me refirió ‘ah vos venís a ver a Hernán de parte de Serrano, por un pago, ah ya sabíamos’”, relató Christian sobre el día que retiró unos 500 carteles.

La pegatina se hizo en la madrugada del 28 de marzo. Ese mismo día, Serrano pactó un encuentro en un bar de Las Cañitas para pagar el 50% del trabajo. “Le avisé por mensaje a Francisco que había llegado y apareció, me bajé del auto, nos saludamos, se metió por la parte trasera y me dio la plata, pero no me dio 45.000, me dio 35.000 porque habíamos hablado que un porcentaje se quedaba él”, contó Mendez.

La impresión de los afiches habría costado unos $470 mil pesos, según unas anotaciones que dejó Serrano en su oficina y que fueron aportadas a la Justicia por el dueño de la imprenta, Julio Cesar Franchino. “60% de trabajo, $282.000 …. 40% del trabajo, $188.000 …. Se paga el lunes luego de estar terminado el trabajo”, decía ese archivo.

La declaración de Serrano era esperada con atención en el mundo judicial y político porque es el nexo entre el autor ideológico de los carteles y los encargados de la pegatina. Pero no terminó de conformar a los investigadores.

Antes de trabajar en Vía Graphic, Serrano fue empleado de Latin American Communication SA (LATCOM), bajo las órdenes de Valentín Bueno, un publicista cercano a Juntos por el Cambio.

En la otra causa por los afiches, el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió dos veces la detención de Serrano, pero la medida fue rechazado por el juez Manuel De Campos, quien en cambio ordenó detener a la jubilada de Recoleta. En ese expediente, hasta ahora solo se pidió un informe sobre las llamadas entrantes y salientes del misterioso empleado.

Esta mañana, antes de la declaración de Serrano, Gómez Barbella volvió a insistir ante De Campos con un pedido de inhibitoria para que la investigación se concentre en un solo fuero. “Nos encontramos -innecesariamente- ambas jurisdicciones investigando el mismo suceso en el que habría participado distintas personas, pero los delitos correspondientes a esta Jurisdicción Nacional son los que resultan ser los más graves como lo es la defraudación por vaciamiento empresarial (art. 174, inc. “6? del Código Penal)”, dice su pedido.

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