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Técnicos piden rever valores de ordenanzas sobre derechos de construcción

El Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V informó que el pasado lunes envió una carta al presidente de la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante de Pinamar, Gabriel Vidauli, mediante la cual le solicita rever los valores de la ordenanza municipal sobre Derechos de Construcción y otros y una acción similar se está gestando para el Municipio de La Costa.

Por otra parte pedieron una audiencia con el intendente de Miramar, Patricio Hogan, para tratar temas referidos al proyecto de ordenanza para instalaciones eléctricas y circuito administrativo para la aprobación de expedientes de construcción.

En la misiva señalan que “a la actualización del módulo en un 15 % (de 1.60 a 1.84), se le agregó en varios rubros un cambio en la cantidad de módulos para el cálculo del derecho respectivo, que derivó en un aumento exponencial del tributo, alcanzando porcentajes de hasta 300/400 %, que no guardan proporción alguna con ningún parámetro habitual de actualización de tasas que debería tomar el Estado municipal para dicho cometido.

Más allá que algún ítem pudiera estar rezagado, o no guardar relación económica con el hecho imponible, lo cierto es que ahora con la modificación aprobada estaría ocurriendo lo contrario, al punto de acarrear efectos seguramente no deseados por el edil cuando se legisló sobre esta norma.

Es el caso por ejemplo, de los derechos municipales de construcción, que en una determinada franja de la población va a inducir a no registrar con la anterioridad debida los planos de obra a construir.

En la misma desproporción se encuentra, dicen los técnicos, el nuevo costo de la carpeta de obra y de la renovación anual del carnet de constructor municipal, o hasta las consultas sobre cuestiones de interpretación del COU, que en este último caso de ninguna manera debiera estar arancelado.

Se planteó que se penalice con mucho mayor rigor la obra clandestina o las infracciones que se pudieran cometer en el mal ejercicio de la profesión, aplicándose valores pecuniarios suficientemente altos a las multas, de suerte tal que dicha penalidad prácticamente neutralice el beneficio económico buscado con la infracción.

E incluso, a manera de desalentar la petición de nuevas excepciones, se grave con valores mucho más altos que los actuales a los trámites de solicitud en ese sentido al Concejo Deliberante.

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