Néstor Otero, socio de Florencio Aldrey Iglesias, acaba de obtener la explotación de la nueva terminal de ómnibus, pero esta vez bajo el paraguas protector del gobierno porteño. La obra despierta gran polémica y denuncias judiciales, ante el rechazo que merece todo el proceso.
Mediante una metodología similar Néstor Otero se quedó con el Hotel Provincial, la Nueva Terminal y la explotación futura de la Vieja Terminal, como centro comercial. Es absolutamente claro que el negocio es apropiarse de los terrenos públicos y luego construir con el capital de los privados que alquilan o usan las instalaciones. Un cierre redondo y perfecto que sólo es posible mediante la complicidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, es decir Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Daniel Katz, Gustavo Pulti, y ahora también entró en la variante según la publicación el ingeniero Mauricio Macri.
Néstor Otero está procesado por sospechas de corrupción y afirman que pagará mucho menos de lo que vale el terreno. Otero, quien se manifestó socio de Aldrey Iglesias en las adjudicaciones mencionadas, está procesado por el supuesto pago de dádivas a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte. Como ocurrió en Mar del Plata, Otero es el único oferente, ya que los pliegos son una traje a medida, para construir terminales de colectivos ¡¡¡ qué son galpones con dársenas!!!, pero obtiene preferencias en las licitaciones por los antecedentes como la construcción en Mar del Plata.
Esperemos que de una vez por todas la oposición ponga en marcha lo que anuncia como la CONADEP de la corrupción, todos estos actos administrativos sean revisados y que devuelvan la plata, porque además del negocio se quedan con los clientes cautivos que son las empresas que usan las terminales y el público que concurre a las misma y termina pagando exorbitantes precios por un café, una coca y un sándwiches, siendo los precios prohibitivos, precisamente por el canon que deben pagar quienes explotan un cafetería, venden diarios o simplemente un kiosco.
Según un artículo de Pablo Novillo con el título “La obra arrancó con polémica y hasta denuncias judiciales” apareció en la edición papel de Clarín del sábado 24 de mayo, y dice lo siguiente:
“La construcción de la nueva terminal de ómnibus en Parque Avellaneda ya está marcha. Pero la obra sigue despertando una gran polémica y hasta denuncias judiciales. Es que el Gobierno porteño autorizó que quien se ocupe de la construcción y luego explote el edificio sea Néstor Otero, el operador de la terminal de Retiro y quien está procesado por el supuesto pago de dádivas a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte.
La obra ya comenzó con los movimientos de suelo, en el predio de cuatro manzanas y media que queda entre las autopistas Dellepiane, Perito Moreno, Cámpora y la calle Lacarra. El mes que viene se iniciará la edificación, para inaugurarla a mediados del año que viene.
El proyecto tiene dos grandes ventajas: descomprimir Retiro y generar una importante inversión en la zona sur. El problema fueron las formas. En 2012 la Ciudad aceptó la propuesta para hacer la terminal que le presentó Terminales Terrestres Argentina S.A., empresa que pertenece a TEBA, el grupo de Otero. Luego llamaron a una licitación, pero Otero fue el único oferente. Así, en febrero de 2013 le adjudicaron el proyecto.
Pero la polémica creció cuando la Legislatura porteña tuvo que aprobar en doble lectura (a fines del año pasado y en abril último) una ley para cambiarle la zonificación al predio y habilitar la construcción del centro de trasbordo. Graciela Ocaña, legisladora de Confianza Pública, le aseguró a Clarín: “Otero tiene un monopolio de terminales en todo el país y numerosas irregularidades, con el aval del Estado que no lo controla. La negociación fue espuria, no hubo otros oferentes y además es un pésimo negocio para la Ciudad, porque le venderá el terreno a Otero pero luego no lo podrá controlar”. Es que, a diferencia de otros servicios públicos en manos de privados, el Gobierno porteño no le dará a Otero la terminal en concesión sino en leasing, es decir que el empresario será su dueño, no su concesionario. Además, como el control sobre el transporte de larga distancia depende del Gobierno nacional, la Ciudad no podrá controlar el funcionamiento del nuevo predio.
Por estas cuestiones, el diputado nacional de la UCR Manuel Garrido y el ex legislador porteño de izquierda Rafael Gentili presentaron una denuncia penal, ya que, por cómo se firmó el contrato, Otero podrá comprar el predio por unos 4 millones de dólares, cuando la cotización real de mercado sería de más de 65 millones. En definitiva, el Gobierno porteño le estaría entregando a un precio muy bajo un terreno estatal a un empresario sospechado de corrupción para que haga una obra y preste un servicio público sobre el cual luego no tendrá ningún control.
En la Ciudad niegan las acusaciones. En el Ministerio de Desarrollo Económico aseguraron que “el contrato de leasing se lleva a cabo porque la inversión la hace un privado, los contratos de alquiler y concesión se dan cuando quien invierte es el Estado. Este tipo de contratos fueron aprobados durante gestiones anteriores por la Legislatura para que, como en este caso, la Corporación Buenos Aires Sur tenga la posibilidad de promover inversiones con esta herramienta. Adicionalmente, se establece que el único uso al que podrá ser destinado el predio y la obra a ejecutar es una terminal de transporte”.
Más allá de estas polémicas, la nueva terminal seguramente tendrá un impacto positivo. El edificio tendrá 48 dársenas para micros, más paradas para 15 colectivos de línea, 15 espacios para taxis y 400 cocheras para autos particulares y combis. Además, el Gobierno porteño planea prolongar la línea E de subtes hasta unirla con el nuevo centro de trasbordo. La idea es que absorba el 40% del movimiento de Retiro, con la ventaja adicional de que los ómnibus tendrán salidas directas a las autopistas y no circularán por las calles de la zona”
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