Randazzo, denunciado por enriquecimiento ilícito, deberá dar detalles de sus bienes

El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quedó en la mira de la Justicia en una denuncia por enriquecimiento ilícito. La supuesta compra de una estancia, que finalmente se comprobó que fue una operación “inexistente”, activó las alarmas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El funcionario y precandidato a Presidente había sido denunciado ante el juez federal Julián Ercolini por la compra de la estancia “Las Acacias”, en la localidad bonaerense de Vedia. La causa había sido cerrada por el magistrado hasta tanto se consiguiesen más elementos de prueba. Ahora los camaristas de la Sala II Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira ordenaron entregar los anexos “secretos” de los bienes de Randazzo desde su arribo a la función pública.

El Poder Judicial le ordenó a la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, que suministre esos “anexos reservados” de la declaración del responsable del área de transporte, en una resolución que trascendió esta mañana.

“Una interpretación armónica de los intereses en juego lleva a sostener que no puede entenderse que la restricción del acceso a los anexos reservados de las declaraciones juradas patrimoniales comprenda a la FIA, puesto que no parece razonable inferir que esa reserva pueda serle oponible a un órgano de control externo de la Administración Pública nacional que forma parte del Ministerio Público Fiscal y que tiene por función primordial la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, sostuvo el fallo del tribunal de alzada.

“Es preciso reparar en que la restricción del acceso a los anexos reservados tiene por objeto prevenir ataques a la seguridad de los funcionarios públicos que podrían sobrevenir si cualquier persona tuviera acceso irrestricto a ciertos datos sensibles, pero de ninguna manera fue el objetivo de la ley obstaculizar a quienes tienen a su cargo -por mandato constitucional y legal- el control de la legalidad y la defensa de los intereses generales de la sociedad las investigaciones de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración sujetos a su jurisdicción”, destacó la Cámara.

Infobae