Política

Qué dicen los pedidos de juicio político a Boudou que desestimó el kirchnerismo

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En menos de 24 horas, el oficialismo ensayó una maniobra que intentó descomprimir la presión opositora contra Amado Boudou y al mismo tiempo cerrar las puertas a cualquier acción concreta en su contra. Esta tarde, habilitó la puesta en debate en comisión de los ocho proyectos que piden juicio político, pero antes de que se encendiera la discusión los desactivó. Amparado en su mayoría, los rechazó in limine.

Adela Segarra, la titular de la comisión de juicio político, argumentó que los pedidos “se basan en hechos y actos que aún tramitan en sede judicial”, por lo que consideró que avanzar en ese sentido sería violatorio de la división de poderes.

“Tienen términos imprecisos, condiciones vagas, menciones difusas”, indicó y aseguró que “la comisión de delitos no se encuentra probada”. A su entender, “no existe motivo alguno para que este Congreso intervenga“.

El informe que leyó la legisladora, y que sirvió para que el oficialismo clausure la posibilidad de un proceso parlamentario contra el vice con un dictamen de mayoría, desacreditó con fundamentos similares a todas las iniciativas.

Los proyectos considerados tienen numerosos puntos en común: todos coinciden en acusar un supuesto mal desempeño de los deberes de funcionario público y se basan casi en su totalidad en la investigación del caso Ciccone.

Comprendidos entre 2012 y la actualidad, las iniciativas se apoyan fundamentalmente en los expedientes de distintas causas judiciales y en informaciones surgidas del periodismo. Por ejemplo, la que presentó la ex diputada Graciela Ocaña en 2013 cita tanto las presunciones de enriquecimiento ilícito sobre el funcionario, como las declaraciones del propio Boudou en una conferencia de prensa que dio en abril de 2012 donde, entre otras cosas, negó conocer a Alejandro Vandenbroele, pese a los indicios que encontró el juez Ariel Lijo cuando lo procesó de supuestos vínculos.

El pedido que hicieron en 2009 Laura Alonso y Patricia Bullrich, que fueron actualizando hasta este año y a la que se le agregaron firmantes, también se respalda en las sospechas por la venta y estatización de la imprenta. “La gravedad de la acusación, a la que se unen los hechos descriptos a lo largo del presente, en su gran mayoría sin una explicación satisfactoria, requiere que el vicepresidente aclare su situación y que el conjunto de los argentinos logre certeza acerca de la existencia, o no, de motivos de reproche a la conducta de tan alto funcionario”, indica el texto.

La presentación que lleva la firma de Margarita Stolbizer se hace eco, además, de las dificultades que enfrentó la causa, que numerosos opositores coincidieron en atribuir a Boudou. Menciona la salida del procurador Esteban Righi, el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, “lo que ha implicado una injerencia intolerable para nuestra convicción democrática, que ha afectado la independencia del poder judicial, especialmente en su papel de control del sistema institucional y en la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos”.

El mismo aspecto señalan los diputados del Frente Renovador Adrián Pérez y Graciela Camaño en su solicitud. “Tampoco debemos olvidar las consecuencias producto de las acciones realizadas en pos de obstaculizar y dilatar el trámite de la causa, con el fin de liberarse de la imputación en su contra (…)El Vicepresidente no demostró colaborar con la investigación ni aportó datos que permitan el esclarecimiento de los hechos”.

“Entendemos que las irregularidades en la causa Ciccone y sus inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales son una muestra de que Boudou pudo haber faltado a sus deberes como funcionario público y cometido delitos en el ejercicio de sus funciones y estamos procurando que el Congreso asuma responsabilidades que le son propias”, dice, en tanto, el proyecto que tiene mayoría de firmas de radicales, como Manuel garrido y Miguel Bazze.

Consultada por Infobae, la jefa de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Juliana Di Tullio, restó importancia a las críticas que apuntaban la premura con la que el informe que leyó Segarra respondió a las denuncias. “La comisión realiza su trabajo cada vez que tiene un expediente”, dijo al afirmar que los argumentos no habían sido redactados en las horas que mediaron entre el pedido de reunión de la comisión de Juicio Político en la sesión del miércoles y su concreción, hoy. Y cargó contra los pedidos opositores. “Son todos iguales, nadie se puso creativo”.

Infobae

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