Termina otro ciclo lectivo y observamos, con preocupación y tristeza, lo lejos que está la provincia de Buenos Aires de garantizar a todos los niños y niñas bonaerenses el efectivo acceso a una educación de calidad, que contribuya a garantizar un futuro en plenitud.
Ya desde fines del año pasado hemos insistido en que la gestión provincial debe priorizar la educación, en particular aquella que depende en exclusiva de la gestión estatal, pública a la que asisten el 66% de las niñas y niños en edad escolar. Hemos insistido en garantizar el efectivo cumplimiento de los 190 días de clase y de pensar cómo extender la jornada educativa, en particular en los sectores de menores recursos. En el mejor de los casos, las 760 horas anuales de clase de muy raro cumplimiento, están lejos de los sistemas educativos más exigentes que implementan muchos países del mundo y de la región.
Desde hace años, el sistema educativo provincial de gestión pública no puede garantizar siquiera el cumplimiento del calendario escolar impuesto por el Consejo Federal de Educación. Y este año no ha sido la excepción. De los 190 días de clase que según la resolución del Consejo Federal de Educación Nro. 165/11 debe tener cada ciclo lectivo, nuestras escuelas públicas han alcanzado entre 155 y 165 días de clase, variando el ciclo educativo y el municipio que se analice. Las razones para ello son diversas, pero se pueden resumir en un solo argumento: la falta de jerarquía y efectiva preocupación, que el gobierno provincial ha demostrado por la educación, en particular por la de aquellos que menos tienen.
Los paros docentes por justos reclamos salariales, los graves e innumerables problemas de infraestructura, y la generalidad de malas condiciones en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, son alguna de las razones que hacen que cada día la escuela pública se aleje más de ese símbolo de igualdad, integración e inclusión social que supo ser.
Un ejemplo próximo, de nuestra ciudad, de esta educación pública deteriorada es lo que actualmente sucede con las comunidades educativas de las escuelas Primaria N° 2, Secundaria N° 46 y Media N° 11 que han visto interrumpido abruptamente su ciclo lectivo producto de una decisión judicial. Ello porque es tan grave el deterioro edilicio, que el valor vida debe sobreponerse al derecho a la educación.
Esto hace que nos preguntemos cuál es la prioridad de la gestión actual, cuál es el verdadero lugar que ocupa la educación de todos los niños y niñas bonaerenses en la agenda del gobernador. No es ocioso preguntarse cuánto mejoraría la infraestructura de las escuelas públicas si se destinaran a tal fin, los cientos de millones de pesos que se gastan en publicidad, en pintura y cartelería naranja, en los inútiles avisos radiales, digitales y televisivos de una “Buenos Aires Activa como Nunca”, se destinarán ha resolver los problemas de infraestructura de las escuelas públicas.
Desde nuestras posibilidades de acción en nuestra banca del Poder Legislativo, hemos realizado aportes que intentaron brindar herramientas para mejorar el sistema educativo bonaerense. Dos ejemplos de ello fue la presentación a principios de este 2014 del Proyecto de Ley tendiente a declarar la Emergencia Educativa, y hace unos días un proyecto que tiene como finalidad garantizar a través de una Ley y no de un decreto, los fondos que se giran a los municipios para el mantenimiento de la educación pública municipal.
La situación que atraviesa la educación bonaerense no hace más que profundizar la brecha y la desigualdad entre quienes pueden acceder a una institución educativa privada que les garantice el efectivo cumplimiento del ciclo lectivo, en condiciones edilicias aptas, en muchos casos con jornadas extendidas o completas, lo que determina un proceso de enseñanza-aprendizaje de muy razonable calidad.
Es muy indignante ver cómo la mayoría de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires no pueden acceder a un sistema educativo de calidad que les otorgue las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar una vida adulta plena, con igualdad de oportunidades, que sea una base sólida para las instancias superiores del sistema educativo formal.
Por último, queremos resaltar que los gobiernos deben ser juzgados por sus gestiones. Es una característica particular de los gobiernos conservadores, la de priorizar a los sectores más acaudalados y desproteger a los más vulnerables; el Gobierno Provincial, con sus acciones, demuestra ser consecuente con esta línea.
