La incorporación de Héctor Martínez Sosa y Cía SA fue una especie de carta blanca a través de un decreto del intendente Guillermo Montenegro, para intervenir en todos los contratos requeridos por la Administración Central – sin costos y sin cargo – en carácter de PRODUCTOR DE SEGUROS en la Municipalidad de General Pueyrredon. La relación entre el entonces presidente de la Nación Alberto Fernández y Guillermo Montenegro, habían mantenido una intensa previa en años anteriores cuando ejercían y compartían el mismo estudio de abogados en CABA.
Según describe el diario La Nación el 24 de noviembre de 2020 «Distendidos, informales y de camisa blanca, a distancia prudente y con una envidiable vista al mar desde el mirador principal, el presidente Alberto Fernández y el intendente local, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) compartieron este lunes feriado un desayuno en la residencia oficial de Chapadmalal, una de las últimas actividades en la agenda presidencial antes del vuelo de regreso a la Capital Federal».
«La cita la confirmó el mandatario nacional este domingo y respondió a un mensaje que Montenegro había enviado como habitual gesto de cortesía de anfitrión, apenas tuvo confirmación que Fernández y su pareja, Fabiola Yáñez, habían tocado suelo del partido de General Pueyrredón para pasar aquí este fin de semana largo».
«Una hora y media compartieron ambos funcionarios, que son viejos conocidos de ámbitos universitarios. Ese tiempo lo dedicaron por sobre todo a hablar de cuestiones que hacen a la necesidad de recuperar la economía a partir de la reactivación de la producción y la generación de mano de obra. Una cuestión vital para el conglomerado de Mar del Plata y Batán, que lidera los índices de desocupación del país según las últimas cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Hubo menciones al puerto y pesca, el cordón frutihortícola e industrias que bregan por salir adelante en este difícil contexto».
«Entre café, jugos, té con leche y algunas medialunas que son parte de la identidad local, el jefe comunal también se mostró interesado en precisiones sobre la dinámica de descentralización presentada como «capitales alternativas», con ciudades que rotarán para recibir al gabinete nacional a razón de una jornada por mes».
Por otra parte, ayer se conoció que: «La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández y le dictó un embargo por más de $14 mil millones por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa Seguros. El expresidente se encamina a juicio oral», publica la agencia Noticias Argentinas
«El fallo lleva la firma de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun y la disidencia de Eduardo Farah. De esta forma, se ratificó la decisión de la instancia previa, tomada por el juez federal Sebastián Casanello, respecto a las presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de la compañía pública Nación Seguros.
En la justificación, los camaristas Irurzun y Boico señalaron: “La hipótesis acusadora y que el juez entendió suficientemente corroborada en el procesamiento, es que existió un direccionamiento delictivo en favor del nombrado”.
En ese sentido, precisaron: “Esa maniobra de favorecimiento tuvo como factor característico y neurálgico, el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero”.
“Para concretar las operaciones, tuvieron una intervención directa funcionarios de Nación Seguros (del directorio y de las gerencias comerciales y financieras vinculadas a las relaciones con el Sector Público) y, en ciertos supuestos, de los entes implicados. Y se contó con la connivencia de los particulares que ejercían como productores de seguros bajo la organización de Martínez Sosa”, explicaron.
El Tribunal de Apelaciones también ratificó procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y exsecretaria del exmandatario, María Cantero, y otros acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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