Política

Privilegios AMBA: Nación y Provincia de Buenos Aires captan subsidios y asfixian al resto del país

Transporte urbano de pasajeros en fase terminal: Nación y Provincia priorizan la problemática de la Región Metropolitana y abandonan los centro urbanos  del interior del país.

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Las jurisdicciones no atienden las cuestiones de fondo. Los conflictos entre la Unión Tranviarios Automotor y la patronal empresarial del transporte, por falta de pago de salarios en tiempo y forma, si bien se han convertido en noticia en los principales medios periodísticos del país, las mismas pasan desapercibidas.

En el marco de la pandemia priorizan esa información, como es obvio, tomando como eje principal todos los aspectos relacionados con la cuarentena, los efectos sanitarios y las consecuencias que tiene la misma en la economía.

Dentro de ese contexto, las autoridades de aplicación mencionadas, en particular la Nación propicia mantener el diálogo entre las partes, llevando el conflicto al Ministerio de Trabajo, con el fin de lograr laudar en un conflicto que los ha superado.

En efecto, la solución no está en firmar un acta acuerdo sino en realizar un análisis y replanteo profundo de la política de subsidios, con el fin de resolver las inequidades existentes entre el interior del país y la región metropolitana, conocida como AMBA.

En la medida en que ello no ocurra, el desequilibrio financiero de las empresas es tan grande, que prácticamente se encuentran en cesación de pago, con el consiguiente riesgo de una convocatoria y quiebra.

El transporte público de pasajeros es un servicio esencial, instrumento del desarrollo económico e integración social. Por tales circunstancias su buen funcionamiento afecta a la TOTALIDAD de las principales ciudades del interior del país, en mayor o menor medida, de acuerdo la importancia de la prestación del mismo, que depende de diversos factores: las distancias, la variable del clima, desarrollo de zonas comerciales y/o industriales, demanda turística, etc.

El planteo del sector gremial, UTA, que se traduce en estado quite de colaboración, trabajo a reglamento, cumplimiento de servicios parciales es justificado. Las empresas no pagan en tiempo y forma, porque la economía del sector empresario del interior del país está quebrada.

Ello es debido a que la recaudación por tarifas, recurso genuino, ha caído a niveles mínimos consecuencia de la retracción de la demanda por la pandemia, y en especial,  porque los subsidios además de ser insuficientes ya no llegan en tiempo y forma.

La política ha decidido una vez más en la historia no hacerse cargo, o hacerlo con una metodología desviada e intencional que ha sembrado de desigualdades el país: no sólo entre las empresas sino, en especial, entre los usuarios que deben abonar con sus tarifas enormes diferencia de precio por igual servicio.

Así se ha decidido privilegiar, los que se han caracterizado por ser bolsones electorales, con vértice en la Capital Federal, sede del Poder Ejecutivo Nacional y los municipios que integra la llamada Región Metropolitana, compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios del conurbano..

Se debe direccionar la acción de gobierno, con urgencia, hacia una reformulación integral de las políticas que regulan el transporte público de pasajeros, para lograr los objetivos de eficiencia, continuidad, seguridad y economía, a fin de garantizar su accesibilidad al servicio del desarrollo económico e instrumento de integración social.

El problema se ha generalizado y la pandemia le está dando el empujón final, ante el desinterés de los organismos de su competencia. Se avanza por inacción y omisión hacia la destrucción del sistema de transporte urbano de pasajeros del interior del país, que comprende a corta y media  distancia. No es una ciudad son  todas, a lo ancho y lo largo del país.

Frente a la gravedad de los problemas que se reiteran con mayor frecuencia las autoridades nacionales tratan de eludir los mismos manifestándose con una argumentación carente de sustento.

En efecto, en las reunión llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo el día 6 del corriente, según consta en acta, el funcionario representante del Ministerio de Transporte manifestó: ¨ que en honor a la brevedad, se ratifican las manifestaciones expuestas en las actas que anteceden, especialmente negando los extremos invocados por las partes, ya que esta cartera ha realizado y realiza un gran esfuerzo para girar una gran cantidad de fondos al transporte urbano del interior del país, suma muy superior a los montos que se enviaban en el año 2019, por lo que es falso que no se atienda al transporte automotor urbano del interior del país. Se niega que se privilegie el transporte del AMBA. En esta línea, se reitera que el Estado Nacional ha cumplido en tiempo y forma con todos los compromisos asumidos, extremo que continuará realizando con el fin de garantizar el funcionamiento del transporte, lo que en estos momentos no está ocurriendo por razones ajenas a esta cartera que sigue girando fondos a tal fin¨.

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Prueba de que lo manifestado no se ajusta a la realidad son los siguientes antecedentes:

  1. Informe General de Subsidios producido por FATAP en junio de 2007. Relacionando la información de páginas 6 y 10, se aprecia que cada unidad del AMBA percibía $ 11.175 y cada unidad del interior $ 4.609. Es decir el 70 y el 30 %.
  2. Una muestra realizada en abril de 2019 de 3 empresas del AMBA comparada con empresas de un Municipio de la Provincia de Bs. As., muestra que en promedio una empresa de AMBA recibía promedio mensual $ 179.000.- contra $ 99.800.- de una comunal; es decir el 64%  y el 36% respectivamente.
  3. Una evaluación del Informe técnico de actualización de costos producido con fecha 11/02/20 (Doc.IF-2020-09376647-APN-SSTA-MTR), nos indica en Planilla 11el monto total de las compensaciones de Marzo 2020; monto que vinculado con el parque móvil alcanzado por el beneficio da un monto medio por unidad/mes  de $ 419.000.- contra un subsidio medio/mes para una empresa comunal de la provincia de $ 205.000.- Es decir el 67 % y el 33% respectivamente.
  4. Como si lo manifestado fuera poco, con fecha 25/06/2020 la Autoridad Nacional dicta la Resolución 146/2020, mediante la cual rectifica los montos de la compensaciones del mes de marzo, como consecuencia de los efectos de la pandemia, determinando nuevos montos de compensaciones para marzo y abril del 2020. Los  montos son: para marzo $ 467.000 mes-unidad y para abril  $ 517.000 mes-unidad.

Lo expresado en los párrafos anteriores, pone en evidencia que es falso que la autoridad de aplicación nacional no tenga una política de favorecer a la Región Metropolitana y prueba una vez más la  inequidad observada por las autoridades, en la distribución de los subsidio entre el AMBA y el interior del país.

Resolver las irregularidades señaladas exige una revisión profunda de todo lo actuado por parte de los organismos competentes, con participación activa de los entes provinciales y municipales con responsabilidad en el tema.

Los resultados deben garantizar el principio básico de igualdad, de los ciudadanos  de las condiciones de  accesibilidad a los medios de transporte de pasajeros.

El objetivo político en materia de transporte urbano de pasajeros, debe apuntar a masificar la demanda mediante servicio eficientes y económicos, a los efectos de atenuar la congestión urbana que producen los vehículos privados y disminuir los alarmantes niveles de polución que presentan nuestras ciudades.

Las tarifas y las frecuencias deben ser el resultado  de la aplicación de metodologías de costo serias, de estudios de oferta y demanda, que permitan los niveles de ocupación razonables. El trazado de los recorridos debe permitir optimizar los tiempos de viaje y los subsidios deben responder al objetivo político de garantizar la accesibilidad de las distintas categorías de usuarios.

 Juan Antonio Bilbao

Un comentario

  1. Coincido. El tema en MDP fue que usaron “choferes fantasma” para cobrar los subsidios y no pasó nada