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Para Montenegro desmoronamiento no es una metáfora

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“Las causas de la tragedia de Emma siguen vigentes porque se siguen produciendo desmoronamientos a diario.

Desde @a_marplatense reclamamos una urgente intervención del municipio.

desde Mar del Plata, Argentina”

Una semana después la oportuna intervención de la concejal Paula Mantero cobró una vigencia rotunda e inusitada por su gravedad. Sin planificación no es sólo la zona de desmoronamiento de la zona de acantilados al Sur de la ciudad, que es promocionada por Fernando Muro como la nueva José Ignacio argentina, sino de un grueso de controles que la municipalidad ha dejado de cumplir en todos los órdenes de los servicios que presta.

No es sólo la techada del Estadio Mundialista, sino que comprende a todo el contexto que comprende la administración de Guillermo Montenegro, saludado efusivamente por el ex presidente Mauricio Macri, cuando el intendente sorpresivamente afirmó que cerraba el ejercicio con superávit. El único superávit que tiene es el abandono que luce la ciudad.

Los reclamos surgen desde la Secretaría de Salud, sin grúas en Tránsito, ni frecuencia del transporte público de pasajeros, ni seguridad, e Inspección General está a la cabeza de los reclamos. Ni hablar el servicio contendores y recolección de residuos, cuyos refuerzos están previstos para las temporadas en los pliegos de licitación, crece la bomba ambiental del predio de disposición final, pero todo sea en función del superávit, la transparencia y la austeridad que únicamente llegó al atraso salarial de los trabajadores municipales que alcanza al 52 %, en 2020, 2021 y 2022.

De ahí se surte la caja política, es una transferencia que tiene como intermediario al propio intendente, que distribuye con el Concejo Deliberante las partidas que votan en acuerdos políticos.

Si esta ciudad era inviable, Montenegro la convirtió en incorregible porque la tendencia es la profundización de esta forma de exacción de recursos públicos a manos privadas, que tienen nombre y apellido como lo señaló en su fallo el juzgado Contencioso Administrativo, por el direccionamiento de una multimillonaria licitación pública cuyos oferentes forman parte de la cartelización que se refleja luego en la porción de la torta distributiva del presupuesto.

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