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La MGP contrata como una empresa privada a sociedades del Grupo Moyano

 

 

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Son Ashira, que actúa en UTE con Martín y Martín, Esur que brinda servicios en La Plata con la intendencia de Julio Garro y Ciageser que funciona como subsidiaria de Transportes 9 de Julio, actualmente a cargo de la ejecución del contrato de recolección de residuos de residuos en la MGP.

Las empresas mencionadas fueron contratadas por la municipalidad de General Pueyrredon en forma selectiva, dividiendo el monto contractual total (en el orden de los $ 35.000.000.-) como en un ensayo de licitaciones de diferentes, servicios cuando en realidad son trabajos complementarios entre si y no compiten entre ellas. No es casual, el plazo de ocho meses que se ha utilizado.

Todo este proceso la administración municipal lo ha llevado adelante, sin que exista sólo un papel en el Honorable Concejo Deliberante, lo cual no sólo no ha sido observado por la oposición, sino tampoco por el oficialismo, salvo el caso de Sol De La Torre, quien si se expresó en duros términos al respecto al actual conflicto, avalada como única portavoz del Frente de Todos.

Que el CEAMSE haya decidido su retiro del servicio, cuando existía una prórroga de 3 años a partir de 2021, fue conocido a través de medios periodísticos a través de las filtraciones que induce el propio DE. Y lo mismo ha ocurrido con otros episodios, que arroja sospechas de serias irregularidades, dado el hermetismo del Departamento Ejecutivo de la MGP.

Se desconoce cuál es el estado actual del predio, la acumulación de miles de toneladas de residuos, cuál es la deuda real que mantiene la MGP con el CEAMSE y en qué condiciones deja el servicio, ya que los reclamos de trabajadores y la cooperativa de tratamiento se traducen en demandas que irán contra la municipalidad, como en todos estos casos de rompimiento litigiosos.

Estas relaciones y vínculos de las empresas, no son desconocidas por el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, por el intendente de La Plata, Julio Garro, y muy probablemente en el mismo tutorial de contratación haya ingresado el intendente Guillermo Montenegro en nuestra ciudad. Pero frente ante su exiguo “manejo” del Concejo Deliberante haya decidido, actuar bajo reglas y normas que rigen a las empresas privadas, pero no a los organismos públicos como en el caso de la Municipalidad Pueyrredon.

Se conjetura muy probablemente que el intendente Guillermo Montenegro, haya preferido actuar en el tema desde la clandestinidad, para que no se haga uso político de la contratación, dado a que en el HCD cuenta con más ediles opositores que oficialistas, en razón de un cierre muy traumático de alianzas y listas que lo tienen a maltraer.

La acumulación de residuos domiciliarios a razón de 1.000 tn diarias, falta de cavas para su depósito que permita continuar con la descarga y el producto de los líquidos lixiviados, son algo más que una amenaza y un peligro para la contaminación ambiental, a los cuales se expone a la población, cuando lo que reina es la precariedad y las autoridades pierden la previsibilidad.

Llama la atención que debió intervenir el Ministerio de Trabajo de la Provincia, y que aparecieron mencionados los gremios de la UOCRA y Sindicatos de Trabajadores Camioneros, en una historia que tiene beneficiarios, como ocurre SIEMPRE que hay prórrogas y licitaciones públicas encubiertas, fraccionadas para permitir dar cumplimiento a los montos fijados por las leyes y ordenanzas que rigen al respecto.

El silencio del intendente Guillermo Montenegro y la falta de explicaciones oficiales agregan una mayor y sugestiva maniobra con graves incumplimientos en su trámite administrativo, que se han apartado de las cláusulas que rigen las contrataciones públicas.

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