La extinción de dominio: una herramienta fundamental para recuperar lo robado

Por Maximiliano Abad

Jefe de bloque de Cambiemos

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

No es la primera ni será la última vez que un tema trascendente en la agenda pública nacional, producto de la desinformación, el oportunismo e incluso la negligencia política, termina siendo bastardeado y corrido de su eje.

Eso pasó con la extinción de dominio: políticos de todos los colores, medios de comunicación grandes y pequeños, opinólogos omnipresentes hablando mucho y diciendo poco. Y en el medio, como siempre, la sociedad interesada como rehén.

Para comenzar, antes de comentar lo sucedido esta semana en la Bicameral de Trámite Legislativo, un dato importantísimo que ha sido pasado por alto sistemáticamente por muchos. No estamos ante un invento argentino. La extinción de dominio es una herramienta presente en casi todo el mundo, que reafirma el compromiso de los Estados para adoptar las medidas necesarias para recuperar los bienes obtenidos ilegalmente a través del narcotráfico, terrorismo, trata de personas, y claro, la corrupción.

Queremos que el Estado destine a escuelas, hospitales, rutas y seguridad el dinero que obtuvieron ilegalmente delincuentes que, día a día, engrosan sus cuentas bancarias a costa de los argentinos. Se trata de justicia e igualdad ante de la ley, sí. Pero también de hacerle frente de una manera coherente y efectiva al crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Porque hay que atacar los bolsillos, las inversiones, las propiedades y los bienes de los grupos criminales. Es ahí donde les duele: cuando el Estado pone trabas en el proceso de lavado de dinero y reinversión de activos. Por el contrario, los enfrentamientos militares y los decomisos de estupefacientes —por citar el ejemplo del narcotráfico— son siempre, en el mejor de los casos, victorias parciales e insuficientes.

Hace años duermen en los cajones del Congreso proyectos de ley que apuntan a regular la recuperación de los activos provenientes de actos ilícitos. Esperamos que el enorme impacto que ha tenido esta decisión del Gobierno Nacional en la sociedad, que reclama soluciones rápidas, efectivas y transparentes, haga mella en las bancas opositoras, y podamos juntos avanzar en una herramienta que, sin dudas, nos pondrá más cerca del país que queremos y merecemos.