Un nuevo capítulo a la novela de las fotomultas, se abrió luego de que trascendiera que la empresa que hizo el aporte de equipamiento, demandaría a la municipalidad por el uso del mismo, que se instrumentó aún sin la aprobación del Concejo Deliberante, por lo cual las responsabilidades caerían sobre el intendente Guillermo Montenegro y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.
Ambos fueron quienes firmaron el convenio que no permitía modificaciones y dejaba a la MGP en condiciones desventajosas en la participación de una multimillonaria recaudación, a la que se accedía mediante un mecanismo armado para evitar una licitación pública.
También el anuncio de una demanda en estos casos, es el paso inicial hacia una compensación para la empresa y lograr condiciones favorables en una eventual licitación pública que podría generarse, una dada por concluida esta fallida etapa del convenio, cuya aprobación no logró superar la barrera de la Comisión de Legislación.
Con el avance del respectivo expediente quedó bajo sospecha la totalidad del trámite, así como también la intervención de un funcionario municipal y además miembro de la Universidad Nacional de San Martín, firmante del convenio, que se encuentra taxativamente prohibido por la legislación vigente en la administración pública.
El funcionamiento y control del sistema de fotomultas en el Municipio de General Pueyrredón disparó una nueva controversia entre el oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC) y la oposición representada por los concejales del Frente de Todos (FdT) y Crear Juntos, a partir de la decisión del intendente local, Guillermo Montenegro, de cancelar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y suscribir otro en forma directa con la Universidad Nacional de San Martín (UnSam).
Se trata de un sistema compuesto por 200 cámaras instaladas mayoritariamente en la ciudad de Mar del Plata y que hasta el momento, según el convenio firmado en 2017, le aportaban el 50 por ciento de la recaudación al municipio por esta vía.
De ese porcentaje, un 20 por ciento se destinaba a la provincia de Buenos Aires (por el uso del sistema SACIT de Juzgamiento y Cobranzas) y otro 30 por ciento a la UTN “por la provisión de equipos, servicios de educación y concientización, procesamiento de información, mantenimiento de los equipos, pago del correo para despacho de las infracciones y provisión de vehículos”, indicaron fuentes de la Universidad Tecnológica.
La convalidación del nuevo sistema de fotomultas suscitó una controversia en el ámbito del Concejo Deliberante marplatense, contexto en el que la oposición solicitó que el expediente sea tratado en una sesión especial y cuestionó que se hayan comenzado a instalar dispositivos sin el tratamiento parlamentario.
“Necesitamos explicaciones del gobierno de (Guillermo) Montenegro sobre lo que hay de fondo con este expediente”, expuso la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, y agregó que el pedido se funda en “la gravedad que implica” el proyecto presentado.
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