
La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Penal Económico 5 a cargo del Dr. Diego Amarante. La causa se inició con una denuncia de la AFIP luego de detectar que la empresa retuvo los aportes de los trabajadores en relación de dependencia pero no lo ingresó al fisco en reiteradas oportunidades y eran acogidos a planes de facilidades de pagos que posteriormente caducaban.
Por ello la AFIP solicitó la indagatoria y medidas cautelares a fin de resguardar la deuda previsional con los trabajadores, que fue avalado por la Fiscalía en lo Penal Económico 2.
Analizados los pedidos, el Juez entendió que existen motivos suficientes para sospechar que los responsables de la editorial participaron en ilícitos por lo cual se los llamó a indagatoria.
Además – en virtud de la millonaria suma de dinero que hubiera estado destinada a la manutención del Régimen de Seguridad Social existe un interés legítimo del Estado de recuperar el monto no depositado y por ello se dictó la inhibición de bienes y embargo preventivo.
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