Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, solicitó ayer que la Casa Militar identifique a las personas que entraron a la residencia presidencial el 14 de julio de 2020, luego de la revelación de la foto en la que aparecen el presidente Alberto Fernández, su esposa Fabiola Yañez y otros nueve allegados en una celebración por el cumpleaños de la primera dama, violando las restricciones sanitarias por el coronavirus mientras regía el aislamiento obligatorio.
El fiscal añadió en su pedido que se le informe si las personas en esa reunión tenían permiso para circular y quién autorizó sus ingresos. También incorporó al expediente la foto de la celebración, en la que se ve al Presidente participando de los festejos, sin cumplir con las medidas de distanciamiento o el uso de barbijo.
González había abierto una causa el 5 de agosto para investigar las actividades registradas en la residencia presidencial de Olivos durante la plena vigencia del decreto de necesidad y urgencia que determinaba restricciones estrictas en los momentos más álgidos de la pandemia.
La causa se inició por una denuncia contra el Presidente y Sofía Pacchi, exmodelo y asesora de la primera dama. A esa primera denuncia se sumaron otras dos: una contra la actriz Florencia Peña y otra contra Chien Chia Hong (pareja de Pacchi), Emmanuel López (asesor de la primera dama) y Fernando Consagra (pareja de López), relató el fiscal cuando presentó su requerimiento, en el que sostuvo que también “se destacó el ingreso” del adiestrador canino Ariel Alonso Zapata y del veterinario Lautaro Romero.
Hasta ahora, González había solicitado que la Casa Militar, que depende de Presidencia, informara los ingresos y egresos de ellos siete durante 2020, “debiendo indicar fecha, horario, carácter, cargo, el motivo declarado del ingreso” y quién autorizó sus entradas. En su escrito de hoy, el fiscal advierte que la Casa Militar todavía no le contestó ese primer pedido. “Intímese a responder dicho requerimiento en el plazo improrrogable de cinco días”, dispuso hoy el fiscal.
“El objeto procesal de la presente causa -afirmó el fiscal la semana pasada- apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia”, señaló González
Las conductas, según González, podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 205 y 248 “in fine” del Código Penal. El primero reprime con prisión de seis meses a dos años a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. El segundo, con prisión de un mes a dos años al funcionario que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Hoy el fiscal afirmó que las novedades (la difusión de las fotos y los nuevos denunciados) “no modifican la circunscripción del objeto procesal por cuanto aquel apunta a establecer si efectivamente se han perpetrado conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la emergencia sanitaria declarada por el decreto 260/20?. (DIB)
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