La caída del gobierno de Afganistán a manos de los talibanes expone frontalmente a Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y que pasó parte de sus últimos días en América Latina. Así lo entienden por estas horas integrantes del staff de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y la cúpula militar mexicana en su totalidad. De los contactos con el Pentágono emergen dudas sobre la continuidad de Sullivan en el gabinete de Joe Biden.
La crisis es de tal magnitud que en Washington incluso circulaban este domingo por la noche versiones de renuncia del secretario de Estados, Antony Blinken, con quien creció el malestar luego que se negara a interrumpir su descanso en el exclusivo balneario de los Hamptons. Su salida en este momento es poco probable pero que circulen las versiones es un indicio de la dimensión del malestar.
En la primera mitad de agosto Sullivan visitó Brasil y le advirtió a Jair Bolsonaro que cualquier injerencia electoral en 2022 sería considerada una afronta difícil de revertir. En Argentina le pidió a Alberto Fernández reducir la influencia de China y Rusia en su gobierno y que contribuya a fortalecer las democracias en la región. Fue el contacto de máximo nivel en la Casa Blanca al que accedió el gobierno de Alberto Fernández y al que apuesta para conseguir una reunión con Biden.
Finalmente en Ciudad de México, tuvo un intercambio delicado con el canciller Marcelo Ebrard sobre el rumbo del combate al narcotráfico. En todas esas reuniones Sullivan se mostró como un interlocutor inflexible, contundente, un hombre ubicado en el centro del tablero geopolítico. La caída de Kabul revela sus vulnerabilidades.
Los generales mexicanos, que tienen fuertes reparos sobre este funcionario, alegan que Sullivan le había asegurado a Joe Biden que tras la retirada de Estados Unidos el gobierno de Afganistán estaba en condiciones de sostener su confrontación armada con los talibanes durante seis u ocho meses. Finalmente fueron seis días.
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Según esta lectura, Lloyd Austin, secretario de la Defensa y de múltiples contactos en México, recomendó a Biden permanecer en Afganistán más tiempo. El ex general alegaba que es imposible restaurar la capacidad de defensa de un país en solo dos décadas. También señaló las falencias del ejército regular y de la policía afgana. Sueldos impagos, deserciones, pésimas condiciones laborales. Un escenario inviable después de haber gastado 83 mil millones de dólares del erario estadounidense.
La voluntad de Sullivan de la retirada de Afganistán no tiene demasiada sorpresa. Tras haber sido funcionario de Barack Obama, en los cuatro años de Donald Trump, se replegó en el think-thank demócrata National Security Action. Allí escribió en reiteradas ocasiones sobre el enfoque multilateral de la seguridad ya con Estados Unidos en papeles de no protagonismo.
La pandemia y la carencia de vacunas de países no centrales reforzaron esta noción de “soft power” de Sullivan, que apunta a influir en acciones de seguridad y defensa de sus interlocutores pero que le escapa a la intervención directa. La crisis afgana tiene una dosis de esta doctrina.
La semana pasada David Sanger, uno de los cronistas que mejor conoce la cotidianidad del complejo militar estadounidense, reveló en The New York Times que el secretario de la Defensa recomendó a Biden que entre 3.000 y 4.500 soldados se quedaran en Afganistán, casi el doble de los 2.500 soldados apostados allí. La respuesta fue negativa.
Pero Austin tampoco quedaría indemne de esta salida descontrolada. El periodista de Axios Jonathan Swan reportó que hoy domingo tuvo lugar una reunión entre el secretario de la Defensa y un grupo de senadores y en ese encuentro Austin también reconoció haber errado en los cálculos sobre el poder talibán y serios problemas para evacuar funcionarios estadounidenses y personas de interés.. Lo acompañaba su segundo Mark Milley, también muy conocido por los oficiales mexicanos.
Afganistán abre un frente de conflicto interno en Washington que no pasa desapercibido. Es la primera crisis de trascendencia entre Biden y las agencias de seguridad e inteligencia de su país, el llamado “deep state”, tan atacado por Trump. Los informes que estas agencias le dieron a Sullivan fueron los que cimentaron la salida de las tropas estadounidenses.
Giros del destino: en su propia narrativa los oficiales mexicanos asumen que esta crisis del país vecino legitima la ley de seguridad nacional que ellos demandaron a comienzos del 2020, que obliga a los agentes de inteligencia de Estados Unidos a reportarse ante el gobierno mexicano y entregar copias de sus informes.
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