El complejo Chapadmalal ya no es de la Gendarmería y vuelve a tener un uso social

El gobierno nacional dejó sin efecto la disposición que cedía a la Gendarmería el Complejo Turístico de Chapadmalal, donde funcionaron las colonias de vacaciones de la Fundación Eva Perón. La disposición tomada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic , fue publicada en la resolución 1231/2019 , que le dio un duro revés a varias de las disposiciones discrecionales tomadas por su antecesora Patricia Bullrich.

De esta manera, el predio construido en 1946 con fines sociales e inclusivos volverá a su utilización de origen y los hoteles 7 y 8 deberán ser desafectados por los más de 500 gendarmes que habían sido consignados allí en marzo de este año, en una medida que ponía en riesgo el carácter de “patrimonio histórico” de esos edificios convertidos por Bullrich en cuarteles.

Esta medida fue repudiada tanto por dirigentes de un amplio arco político como así también por organizaciones sociales que durante los últimos años habían utilizado esos edificios para desarrollar varias de sus actividades, entre ellas la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) , que organizó allí sus encuentros de intercambio y conocimiento en materia de derechos humanos entre jóvenes de distintas ciudades de la provincia.

De hecho, en la resolución 1231 firmada por Frederic se reconoce que aquella medida “suscitó múltiples voces de rechazo tanto en el ámbito social como político” y puntualiza que “la formación de un mayor número de aspirantes a gendarmes bien puede satisfacerse extremando otros recursos con los que cuenta el Estado”.

El 20 de septiembre pasado, la resolución 392 del gobierno de Mauricio Macri autorizó en ese lugar la creación del Centro de Formación de Gendarmes Chapadmalal.

La decisión de poner gendarmes donde hubo derechos sociales fue un claro mensaje político del gobierno de Juntos por el Cambio, que se ratificó como tal cuando la ministra Bullrich se hizo presente en ese lugar el pasado 17 de octubre, una fecha emblemática para el peronismo. En esa oportunidad, la ex funcionaria anunció que se duplicaría en esos hoteles la cantidad de agentes de esa fuerza de seguridad.

La cesión a Gendarmería, floja de papeles

El Complejo de Chapadmalal había sido construido en 1946 por el entonces presidente Juan Domingo Perón para que veranearan niños, ancianos y familias enteras que nunca antes habían tenido ese beneficio. Esas políticas inclusivas fueron concretadas por la Fundación Eva Perón y convirtieron al predio en un ícono histórico de la reivindicación de la justicia social.

En septiembre de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el complejo fue declarado Monumento Histórico y como tal entró en las generales de la ley 12.665 que custodia esos edificios y que establece que allí no se lo pueden hacer variaciones edilicias ni de uso sin la intervención de la Comisión Monumentos Históricos.

Si Bullrich y Macri hubieran cumplido esa ley, los hoteles ni siquiera debieron ser utilizados por gendarmes. La legislación ordena que cualquier alteración edilicia o de uso que se pretenda hacer del lugar debe ser autorizada por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Congreso Nacional.

Por otra parte, entre los fundamentos por los cuales toda ese andamiaje fue revocado, Sabina Frederic reconoció que estaba “pendiente el plazo de 60 días hábiles dispuesto” por la norma y que, “en consecuencia, falta uno de los requisitos” para que el predio de le cediera a la Gendarmería.

Este punto de la resolución refiere a un hecho que Página/12 había revelado. En una nota fechada el viernes 27 de septiembre, siete días después de que se oficializara la cuestionada cesión de edificios, esa comisión criticó que esa resolución “omite considerar” que su comité ejecutivo “aún no ha emitido su opinión vinculante acerca de la viabilidad de la medida”.

Además, como la Administración de Bienes del Estado (AABE) le había pedido a la Comisión una opinión al respecto el 2 de septiembre pasado, debió esperar los 60 días hábiles de la respuesta previstos en la legislación nacional. Pero 18 días después oficializó la cuestionada medida en el Boletín Oficial, en vez de poner en stand by la resolución 392/19.