La Comisión Interventora del SOMU conformada por Santiago Viola, Jorge Alonso y Gladys González que cumplió funciones desde febrero en el Sindicato, elaboró un informe en el que da cuenta de maniobras ilegales que habría llevado a cabo la dirigencia del gremio conducida por Omar Suárez. Con el aporte de documentación respaldatoria, se busca probar una triangulación entre la Fundación Azul y la empresa pesquera Marítima San Jorge -de la que es propietario el gremio solo en un 20 por ciento- a través de la cual se le habría cobrado el equivalente al sueldo de una tripulación completa más cargas sociales a ENARSA, luego de firmar un acta acuerdo en la que se acepta que se mantenga la tripulación extranjera en violación a la legislación vigente. La excusa fue que los marineros no sabían hablar inglés y precisamente para capacitarlos se habría cobrado ese dinero; pero no se encontraron registros del ingreso a las arcas del gremio. La diputada González, hoy única interventora en funciones, presentó el informe en el que, según sus palabras, se prueban los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión por los que fueron citados a declaración indagatoria para el próximo lunes Omar Suárez y otros miembros de la Comisión Directiva.
El documento elaborado por la Comisión Interventora que fue presentado el martes por la diputada Gladys González ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, busca demostrar “la configuración de una maniobra destinada a la generación de fondos y a su discrecional utilización, fuera de los fines que se plasmaron en la documentación con la cual se ha pretendido respaldar la cuestión legitimidad del proceso”.
Nuestra legislación prevé que deben usarse para la navegación, comunicación y comercio de cabotaje, únicamente barcos nacionales; pero que ante situaciones de emergencia, si no se cuenta con un barco argentino en condiciones de prestar servicio, el Poder Ejecutivo puede extender un permiso precario a barcos extranjeros. La crisis energética existente desde 2004 hizo posible que se utilizara esta norma y ENARSA, por medio de la gerenciadora Marítima Meridian, solicitó la incorporación de un buque con bandera de Bahamas para la importación y el transporte de gas de Trinidad y Tobago a la República Argentina.
También según resulta de la legislación vigente, los barcos extranjeros que ingresen por excepción deben ser tripulados exclusivamente y en su totalidad por personal argentino y “solo en casos de excepcionalidad debidamente acreditada de carencia de personal de marinería, podría habilitarse personal extranjero”, se explica en el escrito.
“El contexto descripto permitiría la realización de una estratagema para obtener ganancias en perjuicio del Estado”, infiere la Comisión Interventora y agrega que “mediante un proceso convencional de dudosa legitimidad”, el SOMU suscribió un Acta Acuerdo con la gerenciadora de ENARSA, en la cual se establece que el Sindicato “tiene el personal para cubrir la dotación del barco, pero como los marineros no poseen el dominio adecuado del idioma inglés es necesario capacitarlos en la Escuela Omar A. Rupp”.
Para otorgar la capacitación mencionada en el Acta, la empresa debió pagar a “la Fundación Azul del SOMU una suma equivalente a los salarios más las cargas sociales”. A partir de nota firmada por la tesorera de la Fundación se designa a una pesquera como la “gestora del negocio” a la que deberá abonarse el sueldo de los tripulantes que no embarcarán.
“Ocurre que el arbitrario pago fijado, que debía realizarse a la Fundación en cumplimiento del convenio, es desviado a la empresa San Jorge Marítima SA por una nota suscripta el 21 de diciembre de 2011, por la Sra. María del Carmen Cabrera Peña en su calidad de Tesorera de esa institución”, señala el escrito presentado al Juez.
Desde la Comisión Interventora señalan en primer lugar que si no se embarcó el ciento por ciento de tripulantes argentinos, “se estaría frente a otra manifiesta irregularidad con las consecuencias jurídicas que será necesario ponderar”.
Además advierten que la Fundación sin fines de lucro por principio estatutario solo podría destinar la mayor parte de sus ingresos a los fines para los que fue creada, la “conservación del ambiente marino”. Agregan que solo con la aprobación del Consejo de Administración se pueden acumular fondos para otros fines, debiendo informarse a su vez a la autoridad de control; pero que no consta en la documentación analizada que se haya realizado ninguna de las dos acciones.
Desde la Comisión sostienen que “el contexto descripto permitiría la realización de una estratagema para obtener ganancias en perjuicio del Estado”. Por su parte la diputada Gladys González, en comunicación con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, afirmó que esta situación irregular en la que se abonaron sueldos de la tripulación a Marítima San Jorge se mantuvo “entre 2008 y 2010 pero no existe registro de ingreso de dinero. Se suponía que el dinero iba para la escuela Rupp pero nunca entró la plata al gremio. El Estado dejó hacer y este sobrecosto se trasladaba al gas que pagábamos”.
Desde el Juzgado Federal fijaron para el próximo lunes la fecha de la indagatoria tanto de Omar Suárez como de los demás directivos de la empresa y miembros de la Comisión Directiva, para responder por estos nuevos delitos que se les imputan y aquellos relacionados con el desvío de dinero de la Obra Social y la adquisición de bienes personales con fondos del gremio.
Revista Puerto
Por Karina Fernández
