El juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, dio a conocer los motivos por los que decidió mantener la prohibición para la circulación de los trenes en el tramo Cañuelas- Bahía Blanca y las razones que lo llevaron a levantar la inhabilitación en el sector Constitución- Cañuelas.
En el informe, se mencionan “posibles problemas en la infraestructura ferroviaria” en base a las conclusiones preliminares de las pericias e inspecciones oculares realizadas por la Policía Científica.
Durmientes deteriorados y anclajes inexistentes o sin sujeción
Una de los datos más significativos del informe, surgió a partir de la inspección ocular de la red ferroviaria.
En la parte resolutiva del documento, el juez insiste en que “en el tramo comprometido, las pericias realizadas indicaron algunos posibles problemas en la infraestructura ferroviaria, al menos en las inmediaciones de la estación Pourtalé”.
Entre ellas, enumera “la existencia de durmientes en mal estado (astillado, quebrado y putrefacto) y clavos de fijación/sujeción libres y/o faltantes” aunque advierte que ello “no significa necesariamente que esa fue la causa del siniestro”.
En ese sentido, señala que “se están investigando todos los aspectos del caso (estado del equipo, red, velocidad de circulación, conducta de la tripulación, situación climatológica, suelo, etc.); pero tales datos sembraron fundadas y serias dudas sobra la seguridad de las vías. Máxime, después del descarrilamiento” explica.
La concesión del tramo Constitución- Bahía Blanca y el pedido de SOFSE
El ramal del tramo Constitución- Bahía Blanca presenta un alto grado de complejidad y está atravesado por las discusiones en torno a la continuidad del servicio, a partir de la decisión del Estado Nacional de no renovar las concesiones a las empresas de carga encargadas del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
En la actualidad, el ramal está gestionado por tres empresas. SOFSE (Trenes Argentinos) se encarga del trayecto Constitución hasta Cañuelas. Ferrosur Roca, del recorrido Cañuelas hasta Olavarría y Ferroexpreso Pampeano, desde Olavarría hasta Bahía Blanca (zona del descarrilamiento).
En el caso de Ferroexpreso Pampeano, se le extendió la continuidad de la concesión “hasta el 30 de junio de 2022, indicando que esa prestación se efectuará “con carácter precario y podrá ser revocada”. Durante ese término, el operador debe prestar el servicio y cumplir con las demás obligaciones.
A partir de ese escenario, la Justicia pidió informe a las tres prestadoras del ramal. Únicamente, la empresa SOFSE “ha garantizado el estado del tramo correspondiente, que involucra Constitución – Cañuelas” y por ese motivo el juez federal dispuso el levamiento de la medida cautelar en el trayecto.
