La Justicia bonaerense autorizó la realización de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires al desestimar la medida cautelar solicitada por Nadia Attie y otras integrantes de una agrupación minoritaria opositora que perdió las elecciones en junio del año pasado frente a la actual presidenta de la institución, Laura Salzman.
El fallo de la jueza María Fernanda Bisio, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, se dio en medio de una grave crisis institucional que atraviesa el Colegio luego que un sector denunciara el accionar “autoritario, discrecional, unilateral e inconsulto” con el resto de los miembros del Consejo Directivo por parte de Salzman.
El grupo que encabeza Attie, junto a Rocío Sosa, Lorena Klappenbach, Vilma Tapia y Gabriela Rimer, entre otras, pretendía anular la realización de este encuentro, que “constituye la máxima autoridad de conducción del Colegio y su suspensión afectaría el cumplimiento de las obligaciones que le fueran asignados legalmente”, según se lee en el fallo.
En este sentido, la jueza determinó que “la representación de los matriculados corresponde al Colegio profesional, siendo el Presidente el representante legal de la Entidad” y permitió la realización de la Asamblea General Ordinaria sosteniendo en su escrito que “la convocatoria a la Asamblea fue decidida por los órganos de administración del ente profesional y debidamente comunicada”.
Este grupo es la segunda vez consecutiva que intenta ir a la Justicia para intentar impedir que se realice la Asamblea Anual Ordinaria.
“Es un grupo de colegas que en 2022 perdió las elecciones en nuestro colegio y en base a mentiras, injurias y agravios, interpuso una denuncia para impedir que se haga esta asamblea”, sostuvo Salzman, quien anunció la realización de la Asamblea General Ordinaria, convocada para el viernes 8 de septiembre, a las 18, en el Hospital Interzonal General de Agudos Luis Güemes de Haedo.
Cabe recordar que todo comenzó desde el año pasado, cuando en las elecciones del ganó una lista opositora y se quedó con los cargos de la presidencia, secretaría, tesorería y una vocalía. Allí empezaron las denuncias cruzadas y ahora se pidió que intervenga el Ministerio de Justicia bonaerense.
La entidad tiene más de 6.500 profesionales en su matrícula y cumple distintas funciones de capacitación, administración de fondos y de vinculación con la comunidad en general. (DIB)
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