Con los flamantes desplazamientos de dos agentes de la Dirección Regional Mar del Plata de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), se replica un modus operandi, a pesar de los cambios de gobierno, que viene de la época de Cristina Kirchner: remover a aquellos que investigan.
Que al fin y al cabo es la única función que deben cumplir los funcionarios técnicos del organismo: investigar a aquellos que no cumplen con las obligaciones o cometen algún delito. Pero a la política no le gusta.
A través de la Disposición 137 publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer, el organismo recaudador dio “por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente a los contadores públicos Gustavo Marcelo CAPDEVILLE y Diego Guillermo GONZALEZ, en los cargos de Jefes Interinos de la Divisiones Fiscalización Nro. 1 y Fiscalización Nro. 3, respectivamente, en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior”, más precisamente en Mar del Plata.
¿Quiénes son? Simplemente los funcionarios que fiscalizaron e incluyeron en la base apócrifa a proveedores del imponente Hotel perteneciente al Sindicato de Camioneros de Mar del Plata.
Con esa operatoria, oportunamente denunciada en la justicia ordinaria por un empleado del hotel luego que se iniciaran las fiscalizaciones a los proveedores del mismo, se habrían extraído fondos de forma irregular de las arcas del sindicato de los Moyano.
Dicha investigación judicial comenzó a partir de una denuncia hecha por un empleado del Hotel 15 de Diciembre, por lo que la Regional Mar del Plata de ARCA empezó a investigar a los proveedores y detectó facturas “truchas” destinadas a justificar la salida de miles de millones de pesos de las cuentas del sindicato.
La pesquisa, que investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el hotel, tramita en la justicia ordinaria marplatense, concretamente en la fiscalía N°10 a cargo del Dr. Carlos Bruna.
Según se pudo saber de fuentes inobjetables, en diciembre pasado el actual Director de la Regional, CPN Pablo Marcelo Catracchia, les solicitó a ambos jefes de ARCA, que “freezaran” las fiscalizaciones, a lo que esos dos funcionarios se negaron, ya que toda la actividad de fiscalización se encuentra “trazada” por los sistemas internos del organismo.
Previo a ello, en octubre del año pasado, también se produjo el desplazamiento del Jefe de la división jurídica de Mar del Plata, el abogado José Visca, presuntamente por los mismos motivos.
Catracchia fue designado al frente de la regional en noviembre de 2025, es decir, un mes antes de la sugerencia que presuntamente les habría hecho a los agentes hoy desplazados. De acuerdo a lo que se cree, su designación tuvo que ver con aquello.
Es que unos días antes, su antecesor en el cargo, Luis Eduardo TYMKIW, presumiendo lo que se venía, solicitó dejar el mismo, por lo que fue reasignado como Asesor Mayor de la Regional marplatense.
Pero también la designación en su momento de Tymkiw llamó la atención. Según publicó este medio, el funcionario guardaba un parentesco nada menos que con Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, lo cual en sí mismo no representa ningún delito.
Sin embargo, se daba en un contexto donde la entonces AFIP aún parecía controlada por su ex mandamás Ricardo Echegaray.
Su primo, Juan Carlos Tymkiw, está sindicado como testaferro del ex gobernador chaqueño.
Según revelaba en 2018 el reconocido periodista Luis Gasulla en Infobae, el 5 de octubre de aquel año, “Omar Judis, conocido como el “cajero de Capitanich”, su hijo Enzo, el vicerrector de la Universidad Walter López y el titular de Tridelta SA, Juan Carlos Tymkiw, fueron procesados por defraudación de la Administración Pública”.
Y añadía Gasulla que “el fiscal Federico Carniel comprobó 85 hechos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, fraude en perjuicio del Estado, entre otros delitos”, revelando que “Judis creó una estructura en la Universidad para designar familiares dentro del organigrama jerárquico y ejecutó licitaciones y contrataciones directas de manera fraudulenta».
Y concluía: “Cada reforma edilicia la ganó Tridelta e Intym, propiedad de Twmkiw, como la ampliación del edificio de la universidad, construcción de un nuevo edificio tecnológico, un complejo deportivo, una pileta olímpica y una unidad médica que no se terminó de construir”.
Cabe agregar que la AFIP marplatense ya había sido objeto de un sugestivo nombramiento en 2021, que este medio reflejó.
En junio de aquel año, a través de un correo interno, fue designado como Director Regional Adjunto, un cargo que formalmente no existe, Horacio Curien, un hombre fuertemente vinculado a Ricardo Echegaray. De hecho, ingresó a la agencia de su mano.
Volviendo al caso actual, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio,
entre el 26 y el 28 de diciembre de 2025 se produjo una reunión en la Dirección Regional de Mar del Plata donde el titular de la misma le dijo al contador Diego González, uno de los funcionarios recientemente desplazados, que “si apretaba la tecla” (descargaba la fiscalización) él lo tenía que relevar del cargo.
Más aún. Antes de ello, a comienzos de octubre, al otro agente removido, Gustavo Capdeville, lo habrían llamado directamente desde Buenos Aires para “sugerirle” que las fiscalizaciones había que pararlas, sea como sea.
Poco tiempo después, el entonces Director Regional de Mar del Plata pidió dejar el cargo.
“Todo pareciera indicar la existencia de un pacto sindical libertario para cubrir las irregularidades en la caja del sindicato a cambio de gobernabilidad”, arriesgan fuentes consultadas.
Todo tiene que ver con todo: Un poco de historia
En 2001, la constructora santacruceña Gotti SA, predecesora de Austral Construcciones, nave insignia del presunto testaferro k, Lázaro Báez, comenzó a ser investigada en silencio por la DGI, debido a presuntas operaciones irregulares con facturación apócrifa.
Ya para 2007, los sabuesos de la regional de AFIP Comodoro Rivadavia presentaron el resultado de su trabajo: Gotti había facturado $ 495 millones con facturas truchas de empresas fantasmas, generando una evasión de $125 millones en concepto de IVA y 120 millones en ganancias. Al tipo de cambio de la época, en torno a los $3 por dólar, significaba un perjuicio al fisco de unos U$S 80 millones.
Luego del hallazgo, la Justicia Federal tomó intervención, librando un oficio a la AFIP donde consultó si surgían más operaciones con documentación apócrifa. En marzo de 2008, el organismo aún entonces comandado por Alberto Abad contestó afirmativamente, revelando la suma de otros $400 millones.
Además de Gotti SA, la DGI también aseguró que Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA –vinculadas a Báez– y Casino Club SA, de Cristóbal López, también habrían utilizado facturas “truchas”.
Pero en mayo de 2008, la investigación iniciada por la Regional Comodoro Rivadavia entonces a cargo de Norman Williams, se frenó, según aseguraban, por “ordenes presidenciales”. En aquel momento, el director de la DGI era Horacio Castagnola y el jefe directo de Williams, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, quien apoyó decididamente la investigación.
El 3 de junio de 2008, Williams renunció. Y a fines de julio de aquel año, la AFIP, cuyo titular ya no era Abad sino Claudio Moroni, relevó a Castagnola y Mecikovsky.
El primero fue reubicado en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la AFIP, siendo reemplazado por Rubén Toninelli, mientras que Mecikovsky fue degradado a agente raso de la DGI, y cuyo reemplazo fue Carlos Sanchez.
La Dirección Comodoro Rivadavia fue virtualmente desmantelada, siendo creada la seccional Río Gallegos, donde en 2010 fue designada Virgina García, ex Directora de la DGI durante el gobierno de Alberto Fernández, el cargo que ostentó Castagnola entre 2002 y 2008.
Tanto Castagnola como Mecikovsky fueron repuestos en sus cargos en diciembre de 2015, con la llegada de Cambiemos al poder. Pero la política volvió a “meter la cola”.
En octubre de 2018, a través de un conflicto muy poco claro, fueron nuevamente relevados, ahora por el macrismo. De acuerdo a lo que se presume, la razón fue solamente por hacer su trabajo, es decir, fiscalizar a los contribuyentes. La empresa que estaba en la mira de los sabuesos era “IECSA”, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
Otra vez Mar del Plata
Vale recordar que en 2012, fue el propio Ricardo Echegaray quien decidió rebajar de categoría a la seccional Bahía Blanca, donde se estaban investigando las maniobras con facturas apócrifas en beneficio de Austral Construcciones, y que a raíz de ello, las actuaciones se mudaron a Mar del Plata.
Además, la fiscalización por parte de regionales diferentes de aquella en la que el contribuyente tiene su domicilio fiscal es completamente legal y resulta ser una práctica bastante habitual en la jurisdicción de Interior de la AFIP.
No conforme con ello, hay que volver a subrayar que la seccional Comodoro Rivadavia, luego de la desmantelación, no tenía aún infraestructura suficiente.
Lo deja bien en claro un funcionario marplatense: “Después que aparecen las apócrifas de Bahia, que es lo que motiva en 2012 el cierre de la regional bahiense, queda todo stand by. Y en la fiscalización que se le hace a Austral en CABA se le informa erróneamente al juez Penal Económico López Biscayart, en un informe sin firma, una deuda de la empresa que no daba condición objetiva de punibilidad para denunciarla penalmente, menos de 500.000 pesos, sin analizar en absoluto las usinas de apócrifas de Bahia Blanca que es lo que se retoma en Mar del Plata en 2016, tirando abajo el falso informe que la AFIP Caba hace en 2015”.
Pero además la Seccional Mar del Plata tiene una vasta experiencia en el análisis de facturas truchas.
A partir de un exhaustivo trabajo por parte de los sabuesos marplatenses en la década del ´90, en el caso conocido como “Red Hotelera Iberoamericana SA”, donde se inspeccionaron “salidas no documentadas” por parte de dicha empresa, el 26 de agosto de 2003 la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia al fallar sobre el particular. Otro trabajo “modelo” reconocido es el correspondiente a Radio Emisora Cultural S.A.
Pablo Portaluppi
loquevi.com.ar
