El gobernador Axel Kicillof piensa en un cambio en el financiamiento de la política con eje en la Legislatura que la lleve hacia lo que se conoce como el “modelo mexicano”: es decir, que los fondos estén en cabeza de los partidos políticos y no de los legisladores. Además, analiza negociar con la oposición modificaciones en el entramado institucional para agilizar la administración.
Las ideas que maneja el gobernador se dan en medio del escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero que fue encontrado extrayendo dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura, y luego de aceptar debatir una reforma de la Legislatura que impulsa la oposición, para hacerla unicameral. Como ya informó DIB, el Gobernador quiere ampliar esa agenda.
Uno de los puntos centrales sería el del financiamiento: una eventual reforma constitucional debería para él incluir el punto clave del financiamiento. Kicillof cree que deberían ser los partidos los que manejen los fondos y que estos no lleguen directo a los legisladores, para mejorar la auditoría. Eso, más allá de lo que ya reciben por publicidad y para imprimir boletas los años electorales.
Kicillof reprocha a la oposición no haber avanzado en el tratamiento de un proyecto de ley de Transparencia y Ética Pública cajoneado desde el 15 de diciembre del año pasado en la comisión de Reforma Política y del Estado, presidida por Noelia Ruiz, de Juntos por el Cambio. Eso en una Legislatura que este año sesionó apenas una vez.
El gobernador aprovecha la iniciativa de reforma que lanzó el diputado Marcelo Daletto, de Juntos por el Cambio –y que hoy fue refrendada por el candidato a Gobernador de ese espacio, Néstor Grindetti- para intentar introducir su propia agenda y, también y al igual que la oposición, para contrapesar el efecto negativo del caso “Chocolate” en la opinión pública.
En ese plano también impulsa una simplificación de la estructura administrativa del Estado provincia, sobre todo en materia de organismos de control. Su idea es que las auditorias no sean previas sino que se realicen cuando los contratos se ponen en marcha, como ocurre a nivel nacional. Eso implicaría modificar o eliminar organismos de la Constitución.
La idea es que se trata de un sistema que “blinda” menos las decisiones de los funcionarios, pero a la vez lo hace más lento. El cambio sería para que los trámites avancen más rápido.
La reforma, una idea que en sus aspectos generales compartes Kicillof con los opositores de Juntos por el Cambio está en una fase muy preliminar. Además de la agenda concreta que debería abarcar, existe la discusión por el método. Según sean los cambios podría hacerse por el método de enmiendas o requerir una asamblea legislativa. En el mejor de los casos, se aplicarían a partir de 2027. (UIB) AL
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